He sido durante varios años portavoz habitual de la plataforma Universitaris per la Convivència y, como profesora de Periodismo, siempre me ha producido un especial estupor el “desinterés” del grueso de la prensa catalana, medios públicos incluidos, por la actividad que hemos venido desarrollando.

No se me ocurre con qué criterio periodístico se puede decidir no dar amplia cobertura a los impulsores de sentencias judiciales (Tribunal Supremo incluido) que condenan a universidades públicas catalanas por vulneración de derechos fundamentales (a la libertad ideológica y a la libertad de expresión) tras haber realizado pronunciamientos políticos en nombre de todos sus miembros. ¿Qué menos que contrastar nuestra posición, avalada también por el Defensor del Pueblo y por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con la sostenida unánimemente por los rectores de nuestras universidades, siempre alineados con el poder nacionalista?

Últimamente he vuelto a tener una sensación similar al hilo de dos hechos extraordinariamente relevantes desde una óptica política, y no solo catalana: la sentencia 2949/2025 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, a instancias de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), acaba de suspender diversos artículos del Decreto 91/2024, de 14 de mayo, que regula el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario; y la publicación del libro La Factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía, elaborado por Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre.

Por un lado, la referida sentencia anula total o parcialmente 14 artículos del Decreto sobre el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario, desmontando así, como apunta la propia AEB, “un modelo que consagraba la exclusión del castellano de la vida escolar y reforzaba la hegemonía exclusiva del catalán como lengua docente”.

Se trata del enésimo éxito judicial de esta asociación constitucionalista que, con una decidida apuesta por la convivencia lingüística, lleva años poniendo contra las cuerdas al sistema de inmersión lingüística, sostenido por todos los gobiernos de la Generalitat durante el periodo democrático.

Por otro lado, el mencionado libro recoge un riguroso y didáctico análisis del sistema de financiación autonómico, denunciando los privilegios fiscales de las comunidades vasca y navarra. De gran interés es la explicación sobre el déficit del sistema de pensiones vasco, pagado con los tributos de los ciudadanos del resto de España.

Fernández-Villaverde y de la Torre advierten sobre la tremenda irresponsabilidad y los riesgos que implica el pacto entre el PSC y ERC (requisito para la investidura de Salvador Illa), que supondría extender este modelo a Cataluña: “En resumen, este régimen de financiación singular se puede sintetizar como un concierto económico al que se añade una cuota de solidaridad. Sin embargo, esta cuota forzaría a las comunidades autónomas ‘receptoras’ de la solidaridad a realizar un esfuerzo fiscal similar al de Cataluña, y estaría limitada siempre por el principio de ordinalidad”. Y aclaran: “En esencia, el principio de ordinalidad según el acuerdo implica que cuanto más rica sea una comunidad y más recaude, mayor financiación debe recibir para no perder posiciones en el ranking de la riqueza relativa”.

Cuando uno revisa la cobertura mediática de estos dos hechos realizada en Cataluña, se advierte una enorme irritación por la sentencia del TSJC, pero sin apenas darle voz a la AEB, con excepciones muy puntuales como este mismo medio o cadenas de radio nacionales como COPE, Onda Cero y RNE, que cuentan con programación de desconexión específica para nuestra comunidad.

Por lo que respecta a La Factura del cupo catalán, presentado en Barcelona en un acto organizado recientemente por Impulso Ciudadano (en Byron, una de esas raras librerías en las que se pueden presentar ciertos libros), solo he localizado una entrevista a los autores en El Liberal [2]; y un artículo de opinión no precisamente elogioso, de Manuel Pérez, adjunto al director de La Vanguardia (“Tópicos y bulos sobre Madrid y Catalunya”), replicado por los autores en Twitter.

Dada la centralidad de las políticas lingüísticas en su programación y su especial obligación de dar cobertura a las diferentes sensibilidades existentes en la sociedad, es realmente llamativo que los medios públicos catalanes no den voz (ni ahora ni en ocasiones anteriores) a los portavoces de la AEB, impulsora de la demanda que da lugar a la mencionada STSJC 2949/2025. Y resulta surrealista que tampoco consideren relevante entrevistar a los autores de un libro que aborda en profundidad un tema de tanta actualidad y trascendencia económica y política. Recuerda, de hecho, lo ocurrido hace años con Las cuentas y los cuentos de la independencia.

Desde una óptica periodística que se precie de tal, no solo es inconcebible silenciar estos testimonios, sino que sería de sumo interés abrir un debate entre quienes impulsaron el Decreto sobre el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario y quienes han logrado que se anulen aspectos esenciales de su contenido; y también entre quienes promovieron el acuerdo para la denominada “financiación singular” y quieres lo cuestionan con sólidos fundamentos. No veo otro modo de lograr un entendimiento que poniendo a dialogar a los discrepantes.

Pero en esta Cataluña nuestra se elaboran anuarios sobre el tema de este artículo (los silencios mediáticos) promovidos por periodistas (debidamente subvencionados) que se presentan como adalides del progreso y la diversidad, aunque jamás den voz a la presidenta de la AEB o a economistas tan relevantes como Fernández-Villaverde y de la Torre. En su día, a Borrell y Llorach.

¿Por qué no lo hacen? Porque seguramente una presencia pública significativa de personas cualificadas, con buen tono y que defienden postulados tan irrefutables como la convivencia lingüística o la igualdad de derechos sociales entre conciudadanos pondría en jaque la denominada “construcción nacional”. Y no olvidemos que para ese fin se diseñó y se financia con tanta generosidad el espai català de comunicació.

Cosas obvias que algunos denunciamos, aunque se nos escuche tan poco.