En alguna ocasión he hablado de la politización de la justicia, y es que no deja de asombrarme cómo se hace uso de los recursos públicos a conveniencia.
Esta semana, los asuntos judiciales que afectan al “imperturbable” presidente del Gobierno han dado un paso más. Así, junto a la apertura de juicio oral por parte del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, se han desestimado por parte de la Audiencia provincial de Badajoz los recursos interpuestos contra la decisión de la instructora -que entendía que había indicios de delitos, entre otros, contra el hermano del presidente por prevaricación, y tráfico de influencias-; y se ha acordado separar una de las piezas del llamado asunto Begoña Gómez, a la sazón mujer del presidente, y seguir la tramitación de la misma, atendido el delito que se investiga -malversación de caudales públicos- por un jurado popular.
Lo curioso de estos tres procedimientos es la posición que ha adoptado la Fiscalía, oponiéndose reiteradamente tanto a las diligencias de prueba acordadas como a la consecución de los distintos procedimientos. Ante ello cabe preguntarse: ¿qué ve la Fiscalía que no ven ni los jueces de instrucción ni las distintas audiencias provinciales que han intervenido, y que tampoco ve el propio Tribunal Supremo? ¿Cómo es posible que más de una decena de magistrados vean indiciariamente la existencia de delitos y tres fiscales (uno por cada procedimiento, al menos oficialmente) no vean indicio alguno? ¿Cómo es posible que a la Fiscalía le parezca que es descabellado pedir que la UCO analice los correos que Begoña Gómez recibió en su cuenta oficial como esposa del presidente durante el periodo de tiempo que se está investigando, y no le parezca una “aberración” que se requiriera por la propia Fiscalía en otro asunto más de medio millón de correos de directivos de BBVA, o que se pidan -por el letrado que defiende a una fiscal- todas las comunicaciones de mensajería, correos electrónicos o escritos intercambiados por la Fiscalía o la Abogacía del Estado con los abogados del señor Amador? Al traste con la imparcialidad, la confidencialidad y la reserva de las comunicaciones entre letrados y de éstos con la Fiscalía, porque puede aparecer algún interesado que considere que son útiles para ser utilizarlos en tu contra ¡Increíble!
¿Dónde ha quedado la obligatoria sujeción a la legalidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal que viene obligada por la Constitución? Debe haberse ido al mismo sitio que el principio de presunción de inocencia y la división de poderes… ¡a tomar viento!
Ya lo dice la psicología: hay que pensar en uno mismo. Pero claro, cuando nos movemos en el excesivo, desmesurado y omnipresente aprecio que tiene una persona hacia sí misma, caemos en el egocentrismo y en el abuso. Porque pensar que uno es el mejor siempre anima a llevar las cosas, pero creernos todo lo que nuestra mente nos cuenta quizás no sea tan acertado. Y peor aún cuando ni pensamos, sino que seguimos instrucciones para satisfacer el ego de otros, aunque éstas sean contrarias a esa imparcialidad que se presume debe presidir el Ministerio Fiscal.
En definitiva, los cimientos de la justicia se tambalean porque el Ministerio Público -por ser precisos, algunos fiscales que forman parte del mismo- están actuando al margen del interés público, y al albur de un claro interés privado e imperturbable que usa y seguirá usando todos los recursos que tenga a su alcance, que no a su disposición.