Comienzo el artículo pidiendo permiso para discrepar del discurso oficial de la mayoría parlamentaria y de buena parte de mis colegas periodistas sobre la reforma en curso del Reglamento del Congreso, ¡a ver si logro que alguno de sus partidarios me lea antes de rechazar de plano mi planteamiento y ubicarme, por no suscribir a pies juntillas sus postulados, en ese “tan nutrido espectro” de la derecha y la extrema derecha!

Hechos. El artículo 98 del todavía vigente Reglamento del Congreso dice que la Mesa de esta Cámara “regulará la concesión de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir”.

Y también apunta que “nadie podrá, sin estar expresamente autorizado por el presidente del Congreso, realizar grabaciones gráficas o sonoras de las sesiones de los órganos de la Cámara”.

A la vez, el artículo 105 señala que “el presidente, en el ejercicio de los poderes de policía a que se refiere el artículo 72.3 de la Constitución, velará por el mantenimiento del orden en el recinto del Congreso de los Diputados y en todas sus dependencias, a cuyo efecto podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas, poniendo incluso a disposición judicial a las personas que perturbaren aquél”.

Y el artículo 106 añade que “cualquier persona que, en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y fuese o no diputado, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsado”.

Así las cosas, los grupos parlamentarios Socialista, Plurinacional Sumar, Vasco (EAJ-PNV), Junts per Catalunya, Euskal Herria Bildu, Mixto y Republicano han presentado una proposición de reforma del mencionado reglamento que dedica una especial atención a las acreditaciones de acceso y sanciones a periodistas por sus comportamientos inadecuados en la Cámara Baja.

En la exposición de motivos apuntan que “durante la presente legislatura, las personas que se dedican al periodismo parlamentario están viendo perturbado gravemente el ejercicio de su derecho a la información por otras que, pese a estar acreditadas por la Cámara como profesionales de la comunicación, se dedican a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los y las periodistas que defienden que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento”.

Los diputados de los grupos que sostienen al Gobierno presentan su iniciativa como una respuesta a esta situación y a las demandas de los propios profesionales de la información.

La proposición de reforma contempla hasta 17 tipos de infracciones (leves, graves y muy graves) y deja en manos de la Mesa del Congreso la regulación precisa del procedimiento sancionador cuyas consecuencias son la retirada por más o menos tiempo de las credenciales.

Para fundamentar las sanciones, se crea un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, integrado por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios y representantes de colectivos de periodistas. Así, según la nueva redacción del Reglamento que se plantea, una vez iniciado el procedimiento sancionador, el mencionado consejo elaborará en un plazo de 15 días un informe en el que puede proponer la adopción de medidas sancionadoras, que serán o no ratificadas por la Mesa.

Resulta igualmente reseñable la previsión de que serán los grupos parlamentarios quienes designen “a una persona que coordine sus ruedas de prensa y otros encuentros con representantes de los medios de comunicación acreditados en la Cámara”. Será esta persona quien transmita “las instrucciones pertinentes al efecto de garantizar el orden en estos encuentros”.

A partir de aquí, dos enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios Popular y Vox, que conciben esta iniciativa como un ataque a la libertad de prensa; y un encendido debate suscitado por un artículo (Vito Quiles y el precio de la libertad) publicado por Daniel Gascón en El País, en el que no defiende en absoluto la praxis de Vito Quiles y Bertrand Ndongo, sino que denuncia el discurso de Rufián para sancionarlos.

“Si usted me jura (espetaba el diputado de ERC a Quiles desde su escaño) que va a preguntar a Abascal por la financiación ilegal de Vox, a Ayuso por las mordidas durante la pandemia de sus familiares, y a Mazón qué hacía en El Ventorro mientras su gente se ahogaba, no voto a favor de expulsar a propagandistas de la derecha y la extrema derecha”. Concluye Gascón afirmando que “la libertad exige sacrificios odiosos, pero la alternativa es peor”.

Yo estoy de acuerdo con Gascón, pero sobre todo exijo, dejando ya los hechos para adentrarme en la opinión, que pueda seguir escribiendo sin ataduras, porque en eso consiste la libertad de expresión y, gracias a ella, disfruto cada semana de su inteligente ironía y de otras plumas afiladas como la de Soto Ivars, quien salió brillantemente en su defensa (Cómo se atreve Daniel Gascón a escribir algo razonable en 'El País').

Especialmente lamentable me pareció el tuit con el que Javier Casqueiro le recordaba a Gascón para qué medio escribe: “…es una pena que no contrastaras esas ideas con los periodistas de todos los medios y de El País que te acoge...”. Vamos, que discrepa por no contrastar su posición con las personas adecuadas.

Todas las defensas que he leído y escuchado de la reforma del Reglamento en cuestión, que no son pocas (por ejemplo, el artículo Reglas para que los periodistas puedan incomodar de Anabel Díez, presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios), se basan en los comportamientos indecorosos de los mencionados provocadores, que no periodistas.

Y digo yo: si estas actitudes son tan inaceptables, ¿por qué no se les expulsa directamente? Las veces que sea necesario. Armengol tiene la potestad para hacerlo sin tocar el Reglamento vigente. Si la decisión está bien fundamentada (entiendo que las ruedas de prensa están grabadas), no habrá problema.

Pero en vez de esto se pretende abrir un largo procedimiento sancionador, seriamente cuestionado por los letrados del Congreso, implicando a los propios periodistas, mezclados en un comité consultivo integrado también por políticos, para que emitan un informe que avale (el subrayado es mío) una expulsión por parte de la Mesa.

Como he apuntado, la reforma otorga a los grupos parlamentarios la capacidad de dictar instrucciones para garantizar el orden en las ruedas de prensa, algo que, según los letrados, habría de limitarse a dar el turno de palabra.

Subrayo aquí que los comportamientos inadecuados no provienen solo de periodistas. Me viene a la mente una intervención incalificable del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (inviolable por las opiniones manifestadas en el ejercido de su cargo) llamando nada menos que “nazi” al tal Quiles por formular una pregunta molesta, pero pertinente.

Y todo esto sin olvidar que la regulación de las credenciales requeriría, como bien apuntaba hace tiempo Josu de Miguel en El Mundo (El Congreso y el derecho a la información), una ley orgánica, al estar en juego nada menos que el derecho fundamental a la información, tan esencial para la articulación del debate democrático.

Una regulación que tendría que ser aplicable a las diferentes Cámaras parlamentarias del país y al acceso a convocatorias de prensa de diferentes Gobiernos. ¡Solo nos faltaría tener periodistas acreditados en función de las mayorías de cada momento y lugar!

En definitiva, nos encontramos ante un tema complejo que, como tantos otros, debería abordarse con serenidad y rigor. No con el pretexto de sancionar a personas concretas, cuando ya existen mecanismos para hacerlo.

Y, desde luego, sin despreciar a las voces discordantes, letrados incluidos, que eso casa muy mal los derechos y libertades fundamentales que nos dicen que se pretenden proteger con esta reforma.