La reciente incorporación del llamado “permiso climático” al marco laboral español, mediante el Real Decreto-ley 8/2024, reconoce por primera vez el impacto directo del cambio climático en la actividad económica y en la salud de las personas trabajadoras. Esta medida permite la interrupción retribuida de la actividad hasta cuatro días ante fenómenos meteorológicos extremos, sin establecer umbrales fijos de temperatura, lo que deja su activación sujeta a alertas oficiales y a la capacidad de respuesta de empresas y administraciones.
Una respuesta legal al calor extremo
El permiso climático autoriza a cualquier trabajador a ausentarse hasta cuatro días con sueldo íntegro cuando el clima suponga un riesgo grave para su salud o seguridad. A diferencia de otras licencias, la norma no fija una cifra en grados centígrados; su puesta en marcha depende de los avisos naranja o rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET):
Nivel de aviso, intervalo orientativo de máximas e implicación:
- Naranja ≈ 37 – 40 °C (según zona) Riesgo importante
- Rojo > 40 – 44 °C (según zona) Riesgo extremo
De prolongarse el episodio más allá de esos cuatro días, la empresa puede tramitar un ERTE por fuerza mayor, manteniendo la protección salarial.
A quién protege
Aunque nació pensando en actividades al aire libre —agricultura, construcción, logística—, el permiso no se restringe a un sector: camareros en terrazas bajo el sol, personal de limpieza de hoteles con escasa ventilación o trabajadores de mantenimiento en espacios sin refrigeración también pueden acogerse. La clave es evidenciar que la alerta meteorológica convierte la tarea en peligrosa.
Responsabilidad empresarial y pública
Al no existir umbrales térmicos cerrados, la eficacia de la medida depende de dos factores:
- Vigilancia institucional: la AEMET debe emitir avisos con antelación suficiente y las autoridades laborales, supervisar su cumplimiento.
- Gestión preventiva de las empresas: reorganizar horarios, habilitar zonas de sombra, facilitar agua y contemplar teletrabajo cuando sea posible.
Las grandes compañías han empezado a integrar estos protocolos en sus planes de sostenibilidad. Las pymes, con menos recursos, necesitan guías claras y apoyo institucional para cumplir con la norma sin poner en riesgo su viabilidad.
Cambio climático y salud: la evidencia
El permiso climático es un indicador de que la emergencia climática ya repercute en la organización del trabajo. Las olas de calor son más frecuentes, largas e intensas, y los riesgos no se limitan a fatiga o deshidratación: aumentan los casos de golpes de calor, complicaciones cardiovasculares y muertes prematuras asociadas.
Los colectivos más vulnerables —personas mayores, pacientes crónicos, menores y quienes no disponen de climatización adecuada— requieren, además, medidas urbanas y sanitarias: centros de día con aire acondicionado, redes de teleasistencia reforzadas y campañas públicas que limiten la actividad en exteriores durante las horas críticas.
Una norma que anticipa el futuro laboral
La introducción del permiso climático, junto al Real Decreto 4/2023 —que obliga a adaptar o suspender tareas externas en condiciones extremas—, inaugura una arquitectura legal de adaptación climática. Más que una excepción veraniega, sienta las bases de un nuevo contrato social donde el clima se incorpora como variable de primer orden en la producción y la protección de la salud.
En un país que bate récords térmicos cada verano, parar a tiempo deja de ser un privilegio para convertirse en un derecho. Y también en un recordatorio de que la sostenibilidad no es sólo una cuestión ambiental: es, sobre todo, una cuestión humana y laboral.
