Esta semana se ha publicado lo que parece que puede ser parte del contenido del informe
de la UCO en el caso Koldo, que vincularían al actual secretario de Organización del PSOE
-Santos Cerdán- con contratos públicos adjudicados a una de las grandes empresas
energéticas/constructora de infraestructuras de nuestro país.
La citada obra se habría adjudicado a una UTE formada por la citada gran compañía y dos
pequeñas empresas, por más de 70 millones de euros, que ningún valor añadían (teniendo
en cuenta la envergadura de la empresa de infraestructura que encabeza la UTE) salvo el
justificar la indebida adjudicación y conexión con el territorio en el que se iba a desarrollar
el proyecto, por aquello de barrer para casa.
La adjudicación -como sabemos a estas alturas- tuvo el voto particular en contra tanto del
secretario como de uno de los vocales de la mesa de contratación, por entender que las
puntuaciones otorgadas al adjudicatario de la obra habían sido arbitrarias, pero da igual
¡Donde manda capitán, no manda marinero! Y así nos va … En este país parece que no hay
forma de contratar con la Administración Pública sino es a través de mover influencias que
luego son debidamente recompensadas.
Los asuntos de corrupción en 2024 se han mantenido en cifras preocupantes, con el
procesamiento de 108 personas físicas y 38 personas jurídicas, así como la conclusión de la
investigación de 35 procedimientos penales por corrupción pública. Estos delitos habrían
sido cometidos por funcionarios, autoridades y políticos en el ejercicio de sus cargos,
siendo el porcentaje de sentencias condenatorias cercano al 60%.
Por tanto, el uso -o mejor dicho, el abuso- que se realiza por parte de algunos cargos
públicos de los privilegios que les son otorgados se puede considerar, lamentablemente,
como sistémico en nuestro país, aprovechando las oportunidades, conexiones y viajes para
beneficio personal una y otra vez, caso Koldo, caso Begoña Gómez, caso hermano del
presidente…
Dicho lo cual, de todo ello tenemos conocimiento, gracias a las dos únicas instancias que
siguen haciendo su trabajo: los jueces y la policía judicial. El trabajo realizado por los
mismos mayoritariamente -porque sus vergonzosas excepciones tienen, como todos- es
admirable, valiente y determinante para que el Estado de Derecho se siga manteniendo. La
presión a la que se ven sometidos es creciente desde todos los puntos de vista, personal,
profesional, familiar, social…
Quizás no estaría de más darle una vuelta a la regulación y castigo de los delitos
relacionados con la corrupción si queremos que las cosas empiecen a cambiar. Aunque
empiezo a creer que en realidad a nadie le interesa que las cosas cambien, porque es bueno
para las empresas grandes, es bueno para los políticos mientras están en el cargo, y cuando
salen del mismo, dado que van a parar a esas grandes empresas, es bueno para esas
empresas pequeñas que un escándalo las pone en el mapa.