El anuncio de Pedro Sánchez de abrir una consulta pública sobre la OPA del BBVA hacia el Banco Sabadell, pronunciado en la inauguración de la 40ª Reunión del Cercle d’Economia en Barcelona, ha sorprendido a propios y extraños.
La medida, inédita en operaciones de este tipo, introduce un nuevo capítulo en una saga que trasciende lo estrictamente financiero para adentrarse en el terreno político, donde el presidente del Gobierno se mueve con especial destreza, recurriendo a golpes de efecto. Pero, esta operación ¿es un ejercicio genuino de transparencia o un cálculo para armarse de razones contra la OPA?
La compra hostil del Sabadell, que lleva casi un año en el ojo del huracán, no es solo una operación corporativa de gran envergadura; es también un símbolo de las tensiones entre la consolidación bancaria europea y los intereses locales, especialmente en Cataluña. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio su visto bueno con condiciones el pasado 30 de abril, dejando en manos del Gobierno la posibilidad de modular o incluso frenar la operación en la llamada Fase III.
Sánchez, consciente del rechazo que la OPA genera en sectores empresariales, políticos y sociales catalanes, ha optado por un movimiento que, a primera vista, parece diluir su responsabilidad directa: una consulta pública para recabar la opinión de ciudadanos, asociaciones y patronales.
El argumento del Gobierno es que esta consulta busca garantizar que la operación respete el “interés general”. Sin embargo, resulta difícil no leer este paso como una maniobra para ganar tiempo y cargarse de razones distintas de la defensa de la competencia. La presencia en el auditorio de figuras como Carlos Torres (presidente de BBVA) y Josep Oliu (presidente de Sabadell), junto a líderes catalanes como Salvador Illa o Jaume Collboni, subraya la relevancia del escenario elegido para el anuncio.
Cataluña, con un Govern liderado por el PSC, es un tablero clave para Sánchez, y la OPA se ha convertido en un asunto que moviliza sensibilidades identitarias y económicas.
La consulta, que se ha abierto en la web del Ministerio de Economía, no tiene precedentes en operaciones de OPA y plantea interrogantes. ¿Qué peso tendrán las opiniones recabadas? Fuentes del Ministerio insisten en que no serán vinculantes, pero sí “útiles” para la toma de decisiones. Esto sugiere que el Gobierno podría usar las respuestas para endurecer las condiciones impuestas por la CNMC o, lo más probable, vetar la fusión, como desea de forma categórica la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
No olvidemos tampoco que Junts y ERC, socios clave de Sánchez, han pedido que se frene la operación como sea, mientras la patronal catalana Foment ha calificado la luz verde de la CNMC como “decepcionante”.
EUROPA PRESS
Desde el punto de vista económico, la OPA plantea un dilema real. Por un lado, BBVA defiende que la fusión creará un banco más fuerte y competitivo, capaz de enfrentarse a los retos globales del sector. Carlos Torres, consciente de que un nuevo fracaso lastraría su permanencia al frente del banco, insistió en el Cercle en que la operación beneficia “a todos” y respeta los compromisos de inclusión social y cohesión territorial.
Por otro lado, Sabadell, con Josep Oliu a la cabeza, ve en la OPA una amenaza a su modelo de negocio, especialmente para las pymes catalanas, y critica la metodología de la CNMC por subestimar el impacto en la perdida de competencia. La consulta pública, en este sentido, da oxígeno al banco vallesano que podría encontrar en las opiniones contrarias, que mayoritariamente allí se expresarán, un respaldo para su resistencia.
Evidentemente, el trasfondo político no puede ignorarse. Sánchez sabe que la OPA es un tema sensible en Cataluña, donde la desaparición de una entidad como Sabadell, con raíces profundas en el tejido empresarial, se percibe como una pérdida de autonomía económica. Al anunciar la consulta, el presidente no solo se cubre las espaldas frente a sus socios nacionalistas, sino que también se posiciona como un líder atento a las demandas sociales y antimonopolista, justo cuando su Gobierno enfrenta otros retos, como la convalidación de medidas antiaranceles o la reducción de la jornada laboral.
En definitiva, la consulta pública es un movimiento astuto, pero no exento de riesgos. Por un lado, puede reforzar la imagen de Sánchez, sobre todo en Cataluña, como un gobernante dialogante y sensible a la opinión ciudadana; por otro, corre el peligro de alimentar la percepción de que el Gobierno no asume plenamente su responsabilidad, escudándose en una inaudita consulta para palpar el clima social, cuando debería regirse por criterios técnicos y de mercado, como le reprocha Antonio Garamendi desde la CEOE. Las dudas sobre cómo se gestionarán esas opiniones ciudadanas y su impacto real en la decisión final, añaden confusión.
