El acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la reforma legal para el reparto obligatorio de menores migrantes, que no puede desligarse del pacto alcanzado recientemente para la delegación de transferencias a la Generalitat en inmigración, responde a una necesidad indiscutible y urgente: aliviar la presión sobre Canarias, que se enfrenta desde hace mucho tiempo una situación de colapso.

Sin embargo, los titulares del acuerdo, que Junts avanzó ayer, en cuanto a las posibles cifras del reparto de unos 4.400 menores (4.000 de Canarias y 400 de Ceuta) a otras comunidades, plantea dudas sobre su equilibrio y, peor aún, traslada la imagen a la opinión pública de que la solidaridad depende de cuántos votos tengas en el Congreso. De lo que no hay duda es que el partido de Carles Puigdemont sale ganando doblemente.

Por un lado, se apunta otro tanto en su particular guerra de posiciones frente al auge de Aliança Catalana que lidera Silvia Orriols, a la que hace unas semanas Junts decidió no desalojar de la alcaldía de Ripoll, pese a que ya tenía cerrado un principio de acuerdo con los otros grupos políticos. Y, por otro, utiliza ese nuevo pacto con el Gobierno en materia migratoria para restregárselo a Salvador Illa, a quien acusa de incomparecencia, callar y no defender los intereses de Cataluña desde el Govern.

El reparto de menores migrantes se basa en criterios de población, renta per cápita, desempleo y “esfuerzo previo”, lo que a priori parece razonable. Pero llama poderosamente la atención, si los datos ofrecidos por Junts son ciertos y, por ahora, el Gobierno no los ha desmentido, que Cataluña apenas sumará entre 20 y 30 menores a los 2.400 que ya tiene acogidos en tutela a fecha de hoy, mientras otras autonomías, como Madrid, Andalucía o Valencia sumarán bastantes cientos de esos 4.400 a repartir ahora.

Más allá de compensar el hecho de que no todas las autonomías han participado en igual medida, o de que por razones geográficas y redes migratorias unos territorios han cargado históricamente con más peso, particularmente Canarias, Andalucía, Ceuta y Cataluña, es difícil no ver en el acuerdo anunciado por Junts un trato particular fruto de la negociación política. Los de Carles Puigdemont han querido capitalizar así el discurso de que Cataluña ya ha hecho suficiente, y que ahora toca a otros, particularmente a Madrid.

También el PSOE sale ganando a corto plazo, ya que logra desbloquear una reforma que el Congreso tumbó en julio de 2024, cuando PP, Vox y los propios de Junts la rechazaron. Sin embargo, el precio es alto. El agravio comparativo sobre el reparto territorial de esos menores es una arma política y mediática que tanto PP como Vox van a utilizar a fondo.

El paralelismo con la quita de la deuda autonómica que ERC exigió al Gobierno, que también ha generado ganadores y perdedores en esta España fracturada y polarizada, va a ser inevitable. Los socialistas debilitan su narrativa progresista al ceder nuevamente a las exigencias de Junts en materia de inmigración, el mismo día que Jordi Turull insistía en un artículo en La Vanguardia en que el requisito del catalán va a ser obligatorio para conceder permisos de residencia. Y aun así, pese a ese desgaste, a Sánchez ni tan siquiera le va a servir para aprobar Presupuestos.