No cabe duda de que el acuerdo que, tras muchos meses de negociación, Junts ha logrado arrancar al PSOE en materia de inmigración y fronteras supone un notable éxito para Carles Puigdemont.

Lo es en cuanto al contenido, pues son competencias exclusivas del Estado que, en buena lógica, como no pueden ser transferibles constitucionalmente, tampoco deberían ser delegables, ardid jurídico utilizado por el Gobierno para argumentar ahora lo imposible, ya que a la práctica viene a ser lo mismo.

A Junts, además, le permite exhibir una política propia en control de la inmigración (fundamentada en la exigencia lingüística del catalán), lo que le va muy bien para frenar el crecimiento de la identitarista Aliança Catalana.

Por su parte, también ERC pudo cantar victoria la semana pasada cuando Oriol Junqueras anunció en primicia la quita del 22% de la deuda de la Generalitat.

Son triunfos que ambas formaciones esgrimirán frente a su electorado como ejemplo de política útil tras tantos años de perder el tiempo en la quimera de la ruptura unilateral.

En paralelo, ambos acuerdos dibujan un escenario favorable para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar en las Cortes, este primer trimestre del año, un proyecto de cuentas que necesita a fin de poder llevar la legislatura hasta 2027.

Al menos un presupuesto, sólo uno, para vestir de normalidad una gobernabilidad que se aguanta con pinzas. Si hace unos pocos meses, a finales de 2024, parecía que lo tenía complicado, pues Junts le lanzó el órdago de la cuestión de confianza, con reproches y descalificaciones muy duras, en una semana el panorama ha cambiado radicalmente. Sánchez gana oxígeno, a costa de seguir marginando la Administración general del Estado en Cataluña. España, capitis deminutio, celebran los separatistas.

Puigdemont sale fortalecido como líder de Junts, capaz de sostener el discurso del conflicto político y, en paralelo, lograr avances en clave de soberanía catalana.

También Junqueras gana protagonismo, aunque su rival competidor es más fuerte negociador y le gana siempre en simbolismo independentista.

Por su parte, Sánchez obtiene lo que quiere, esos votos que le faltan para aprobar las cuentas y poder decirle al PP que hay legislatura para rato.

La pregunta es cómo queda Salvador Illa. Pues bien, aunque de ambos acuerdos, tanto en materia financiera, como en inmigración, él será su primer beneficiario como presidente de la Generalitat. Su Govern tendrá más dinero y podrá desplegar un número muy importante de mossos en el control de las fronteras, el líder socialista catalán ha sido marginado en todas esas negociaciones por expresa indicación de los partidos independentistas, que sólo quieren hablar con el PSOE.

Tanto ERC como Junts no piensan dar a Illa ni agua, pues se trata de que sea un paréntesis en la Plaza de Sant Jaume. En el fondo, ya les va bien su carácter discreto y silente para presentarlo como un mero gestor de la autonomía. Y está por ver que el PSC pueda aprobar presupuestos en el Parlament. Para este año ya ha tenido que renunciar a ello, más adelante, ya veremos, pues está en manos de alguien tan poco de fiar como Junqueras. Lo que es bueno para Sánchez, no lo es tanto para Illa.