… es un país que ha renunciado a mantener una sanidad pública de primer nivel mundial. Es así de sencillo. Todo el ruido generado en torno a la renovación del Estatuto, que data del año 2003, se puede reducir a una pregunta básica: cómo quiere tratar nuestro país a sus profesionales médicos. Y en función de la respuesta podremos adivinar el servicio público de salud que proyecta la Administración para los españoles del presente y del futuro.

Porque, manteniendo un escrupuloso respeto por todas las profesiones sanitarias y por el imprescindible trabajo asistencial en equipo, el colectivo médico, por sus conocimientos y liderazgo, define el devenir del sistema. En consecuencia, si eso es lo queremos para nuestra sanidad y para nuestra salud, el Estatuto Marco, en los términos en los que se está planteando, no es el instrumento que lo hará posible.

Recordemos algunos aspectos fundamentales que determinan el contexto de la negociación que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad, con Mónica García al timón, y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CIG-Saude y FSES, que forman parte del llamado Ámbito de Negociación.

En primer lugar, como representante del personal facultativo, en dicha mesa hay un único miembro, perteneciente a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), sin presencia en territorios como Madrid, Andalucía, Cataluña o el País Vasco que, además, está diluido en la coalición FSES, formada mayoritariamente por sindicatos educativos y el sindicato de enfermería SATSE que lleva la voz cantante.

A parte de la cuestión territorial hay otra no menos importante de tipo conceptual: la desproporción existente entre el número de representantes médicos presentes en la negociación frente a la relevancia de este colectivo en aquello que se está negociando.

Es evidente que, en cuanto a dimensión de plantilla, los facultativos son probablemente el grupo profesional minoritario, y de ahí su representación testimonial en la mesa de negociación. El problema es que buena parte del Estatuto Marco, especialmente los aspectos más sensibles (jornada, guardias, MIR, incompatibilidades…), afecta casi en exclusiva al personal médico. En este sentido, es difícil de entender que sindicatos con escasa o nula penetración entre los facultativos decidan este tipo de cuestiones.    

Es un sinsentido que las particularidades laborales de los médicos, las cuales son indiscutidas y, a su vez, trascendentales para la asistencia sanitaria, no puedan ser debatidas y acordadas en un espacio propio de negociación formado por los legítimos representantes del colectivo. Eso es lo que pedimos cuando hablamos de Estatuto Médico. Lo contrario consiste en imponer unas condiciones mediante la apariencia de una negociación que no es tal, puesto que la voz médica será siempre minoritaria, ignorada e intrascendente a efectos de aprobación de los acuerdos.

Pero de nuevo hay que situar la pelota en el centro del campo, que no es otro que el presente y futuro de la sanidad pública. Faltan miles de médicos en nuestro país. Todo ello, siendo el país del mundo con mayor número de facultades de Medicina por habitante (50), justo por delante de Corea del Sur. Tenemos la capacidad suficiente para formar los médicos que necesitamos, pero somos incapaces de convencerlos para que desarrollen su carrera en nuestro sistema público, y la razón no es otra que las condiciones de trabajo, y no sólo las retributivas.

La combinación del crecimiento demográfico, vía inmigración, y el envejecimiento poblacional urge a encontrar una solución al déficit de médicos que, recordemos, son el grupo profesional que resuelve más del 60% de los problemas de salud de la población española. No existe una solución mágica, pero sin duda hay algo que resulta imprescindible: retener nuestro talento aproximando las condiciones laborales de los facultativos a las de los países del centro y norte de Europa.

Para lograrlo, la Administración puede optar por la vía de la seducción de los profesionales, haciendo el sistema mucho más atractivo y estimulante a todos los niveles, o por la vía del sometimiento a través de la fuerza y la imposición. El borrador de Estatuto Marco que ha presentado el equipo de Mónica García apuesta por la segunda vía, creyendo ilusamente que así lograrán taponar la fuga de médicos españoles.

Por nuestra parte, la solución es unívoca: la consecución de un Estatuto Médico negociado y pactado por las organizaciones sindicales mayoritarias del personal facultativo.

Con este objetivo, desde Metges de Catalunya (MC), de acuerdo con otros sindicatos médicos, planteamos la constitución de la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que proponemos que se erija como plataforma que aúne a las diferentes organizaciones del Estado con el único fin de articular un marco de relaciones laborales específico que recoja las necesidades y aspiraciones del colectivo.

La cohesión de todas las asociaciones médicas del ámbito médico y facultativo en torno a APEMYF enviaría sin duda un mensaje potentísimo de unidad a nuestros compañeros y al Ministerio que sería difícil de ignorar. No lo olvidemos, además de perseguir la mejora del ejercicio de la medicina en nuestro país, el Estatuto Médico es el instrumento necesario para reflotar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el conjunto de sistemas autonómicos. El movimiento médico ya se ha puesto en marcha y es imparable.