El escabroso problema de la vivienda y la búsqueda de numerosas soluciones para conseguir que una gran parte de la población pueda acceder a un piso de alquiler o de compra está en el día a día de la sociedad.

Las dos grandes preocupaciones de los barceloneses, como saben, son la seguridad y la vivienda. Quizás por ello, el Ayuntamiento ha querido resolver el conflicto de la Casa Orsola con una decisión que supone coger el toro por los cuernos pese a que la medida abre una caja de Pandora muy delicada.

En primer lugar, la medida rebajará completamente la tensión ciudadana que clamaba contra el futuro desalojo de quienes se les acababa el contrato de alquiler pero, en realidad, la decisión es un bofetón político a sus exsocios, los Comuns, con quienes cada vez les quedan menos vínculos.

En una intervención reciente, la primera teniente de alcalde Laia Bonet afeó la conducta de los Comuns porque en su momento, cuando ocupaban el equipo de gobierno en la alcaldía, pudieron comprar Casa Orsola, eliminar el problema y no lo hicieron.

Ese enfrentamiento hacía presagiar un golpe de timón como así ha sucedido. Una manera de escenificar que los discursos populistas de la izquierda más extrema aportan menos soluciones que tomar las riendas con decisión.

La adquisición de Casa Orsola con dinero público aliviará la situación de quienes estaban en la rampa de salida del desahucio, pero es evidente que genera otros interrogantes.

El edificio será gestionado con criterios sociales, pero no podrá beneficiar a quienes ya no pagaban el alquiler si éstos no cumplen los requisitos para ocupar esas viviendas. Es decir, por mejores condiciones que se ofrezcan esos pisos tienen que ser destinados a las personas que más lo merezcan y no a quienes quieran simplemente aprovecharse de la situación, como ocurre en determinados puntos de nuestra ciudad.

Hay situaciones de necesidad, de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo hay excusas de quienes pueden pagar pero se suman al buenista discurso de la queja.

El Ayuntamiento, como avanzó el alcalde, tampoco podrá extender esta medida a todos los edificios de la ciudad que están en manos de propietarios que tienen otros planes, lícitos, para sus propiedades.

El dinero público tiene que resolver problemas, pero no puede generar otros. Por ejemplo, que una parte de la ciudadanía considere que su dinero está siendo mal utilizado.

Tiene que haber equidad y mirada social, pero también respeto a la propiedad privada. Las buenas intenciones no deben ser aprovechadas por los arribistas habituales. Y otra cosa más: hay que eliminar de una vez por todas la absurda obligación de que los promotores deben destinar el 30% de sus construcciones a vivienda social. Gobernar es elegir lo mejor dentro de lo posible. Y no vender humo.