Aquí está el nuevo nudo gordiano de la legislatura. No son los presupuestos: es la reducción de jornada que ha aprobado el Consejo de Ministros de esta semana con la patronal en pie de guerra. Que nadie se sorprenda. La CEOE no ha cambiado un ápice ante los avances sociales.

Cuando aprobó Felipe González la reducción de la jornada laboral desde la CEOE se decía:

  • El coste de la medida es de 180.000 millones de pesetas

  • La reducción debe conllevar una rebaja salarial de entre el 3% y el 7%, apuntaba la patronal bancaria

  • Si se trabaja menos se debe cobrar menos, y así los trabajadores colaborarán con el “sacrificio” de crear empleo

  • No se contratará a más gente por la reducción de jornada

Fue un duro choque entre Gobierno y CEOE por fijar la jornada laboral en las 40 horas semanales. Esa jornada fue rechazada por los empresarios con rotundidad: “la CEOE no acepta la entrada en vigor del decreto que fija en 40 horas semanales la jornada de trabajo”, dijo su entonces secretario general, José María Cuevas, quien anunció que denunciarían los convenios.

Han pasado 40 años y todo sigue igual. Las quejas de la patronal son un corta y pega de 1983, cuando se rebajó la jornada de las 43 o 42 a las 40 horas. Por cierto, ese año también se alargaron las vacaciones de 23 a 30 días. En números, la reducción de jornada fue de unas 200 horas anuales.

Hoy, la jornada laboral de 40 horas computa 1776 horas anuales. Los convenios colectivos recogen una jornada media de 1748,5 horas. La reducción de jornada a 37,5 horas dejaría el cómputo anual en 1712 horas. O sea, si un trabajador que trabaje 40 horas vería reducida su jornada en 64 horas y los de convenio 36,5. Muy lejos de aquellas 200 horas que, visto lo visto, no han enterrado a la economía española. 

Estas son las cuentas reales. José María Aznar, en un ejercicio de majadería de alto standing, afirmó en una entrevista que en España se trabajan ya menos porque el expresidente restó a la jornada laboral las huelgas y el absentismo. Ni dijo ni mu sobre las sobre jornadas trabajadas por muchos asalariados sin ningún tipo de retribución extra. 

Sin embargo, la patronal -que no es ajena a este lenguaje- ha desempolvado este discurso apocalíptico -sin mentar que muchos trabajadores por trabajar 40 horas cobran un sueldo miserable de 1200 euros brutos- con el apoyo de los partidos de la derecha.

Nadie en la patronal ha levantado la voz para argumentar, por ejemplo, que España no será competitiva en bajos salarios. Nunca lo hemos sido. Eso sí, el lenguaje apocalíptico también tiene otro destinatario: la nueva subida del salario mínimo. Como si fuera la panacea cobrar 1184 euros. Más bien es una vergüenza porque alguien puede explicar cómo se vive con un salario así en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia o San Sebastián. 

Para lograr que la reducción de jornada se apruebe en el Congreso se hace necesario el apoyo de los partidos conservadores de la España multinacional: Junts y PNV. No parece que los vascos estén en contra, toda vez que la jornada en los convenios vascos se sitúa por debajo de estas 37,5, por lo que los focos se ponen en Junts per Catalunya. 

El peregrinaje a Waterloo del mundo empresarial catalán es ya una constante, animados por el éxito de la caída del impuesto energético, que no el de la banca, porque Puigdemont tiene sus deudas pendientes con el sector.

Dirigentes empresariales de Foment y Pimec van a la Casa de la República a pedir que pare la nueva legislación. Allí se rasgan las vestiduras por el “impacto negativo” con la esperanza que Carles Puigdemont les haga un regalo de reyes. Para evitarlo también acudió Pepe Álvarez, secretario general de UGT, consciente de la importancia de Junts en este debate que afectará a dos millones de catalanes. 

Junts ya ha marcado paquete esta semana. “No hay consenso”, ha dicho Josep Rius. No es una buena noticia para la patronal: Junts no ha expelido un "no" rotundo, que hubiera sido para ellos algo parecido a la música celestial. No, ha dicho que quiere negociar.

¿Por dónde irá esa negociación? No duden de que el punto de encuentro se sitúa en una reducción progresiva y en ayudas fiscales para las pequeñas y medianas empresas, de las que hay muchísimas en Cataluña. 

Quizá llega el momento de un encuentro entre Sánchez y Puigdemont. La reducción de jornada lo merece. Y dos millones de catalanes también, ergo ¿votará Junts contra los intereses de estos dos millones de catalanes? ¿Votarán en contra de los sindicatos de trabajadores que han alcanzado un acuerdo con el ejecutivo?  Según reza su argumentario, eso de perjudicar a Cataluña no lo harán nunca. Ya es hora de que se apliquen el cuento.