A principios de mes, el superministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desembarcó en Cataluña y se reunió en el Palau de la Generalitat con el president, Salvador Illa, y el conseller de Justicia y Memoria Democrática, Ramon Espalader.
Su objetivo era claro, pues ya lo había anunciado unos días atrás. El diseño y la implementación de un plan de choque para combatir la multirreincidencia en Barcelona. Y evitar así que el índice de delincuencia en nuestra ciudad continúe subiendo hasta límites desconocidos.
Muy pronto, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Y las palabras allí pronunciadas por unos y por otros fueron aplaudidas por los barceloneses. ¡Cómo no hacerlo! Más juzgados, más medios y mejores reformas legales. En conclusión, una justicia más rápida y eficaz.
Bellas ideas que, como desgraciadamente suele ocurrir cuando provienen de nuestros políticos, una vez abandonan la cavidad bucal del orador no sólo pierden la musicalidad propia de la palabra, sino que se esfuman en compañía de cualquier vientecillo imperceptible que sople a la salida del encuentro.
“Donde dije digo, digo Diego”. O, lo que es mismo, pero aplicable al caso: donde dije creación de juzgados, ahora digo refuerzos. Porque, si bien es cierto que no estuve presente en la reunión y, por tanto, no escuché lo que decían los intervinientes, sus manifestaciones quedaron plasmadas el mismo día en varios periódicos y, más importante aún, en la propia página web del Superministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El 4 de diciembre, este portal público rezaba lo siguiente “El Gobierno y la Generalitat de Cataluña pondrán en marcha cinco nuevos juzgados en Barcelona gracias al plan de choque contra la multirreincidencia”. Y varios medios de comunicación inmortalizaban estas palabras del Superministro: “Barcelona tendrá más juzgados que Madrid para combatir la multirreincidencia”.
Pero cuál ha sido mi sorpresa cuando, días más tarde, he leído que los oradores han matizado su mensaje. No se crean más juzgados. Porque claro, esto implicaría una inversión en términos económicos que, tratándose de la justicia, algo secundario para nuestros políticos, no es adecuada a la vista de la coyuntura.
Lo que pretenden hacer es exactamente lo mismo que se ha venido haciendo desde largo, pero con el matiz de un incremento, del todo insuficiente, de los medios personales. Es decir, el nombramiento de jueces de refuerzo que, muy probablemente, se verán obligados a saltar de sala en sala para la celebración de juicios de uno y otro juzgado, sin una oficina judicial completa que organice su trabajo.
Por ello, aunque el titular ofrecido por la web del Superministerio diga claramente que se pondrán en marcha cinco nuevos juzgados en Barcelona, si decidimos no quedarnos ahí y avanzar un poco más en el documento llegaremos a la conclusión de que no es cierto, de que se trata de un ciberanzuelo, un clickbait, como llaman nuestros jóvenes a ciertos contenidos de internet.
El número de juzgados de lo penal y de instrucción de Barcelona seguirá siendo el mismo. Inferior al de Madrid. A pesar de que nuestra ciudad está por delante de la capital del Reino en criminalidad. Y las medidas para combatir la multirreincidencia, en términos de personal, consistirán en el nombramiento de cuatro jueces de refuerzo en penal, para la celebración de juicios rápidos, y de uno en instrucción, para el enjuiciamiento inmediato de delitos leves.
Nada se dice, sin embargo, de los procedimientos abreviados en el ámbito de los juzgados de lo penal que, en más de un órgano judicial, se están señalando para el año 2026. Tres o cuatro años después de sucedidos los hechos. Para esto, según la web del Superministerio, no habrá refuerzos.
Como tampoco se menciona la carencia de medios materiales, como aparatos para la reproducción de videos en los juicios. Ni la actualización de los sistemas de videoconferencias. Ni la sustitución de los ordenadores, muchos decimonónicos, por los mismos modelos de que dispone la Agencia Tributaria.
En resumen, parches y más parches con la finalidad de evitar lo que resulta urgente y necesario. Una reforma integral, con inversión suficiente, de la Administración de Justicia.
Una reforma que, en verdad, por razones cada vez más evidentes, no interesa a nuestros políticos.