¿Han preguntado ustedes a un profesional lo que les puede costar tener una vivienda más eficiente y sostenible? No se sorprendan. Les costará un riñón, y parte del otro.

Que las ventanas cierren herméticamente, que la instalación de calefacción y aire acondicionado funcione correctamente, que el cableado eléctrico esté modernizado, sin olvidar la red de agua e higiene, harán subir la factura de forma notable, dejando fuera de estos proyectos personales a muchas familias que no se lo pueden permitir.

Sin embargo, les anuncio que no se van a librar y todos los propietarios de viviendas tendrán que rascarse el bolsillo. ¿El motivo? La Unión Europea ha puesto fechas para lograr la descarbonización total del parque de viviendas en 2050.

O sea, se abre un melón colosal porque los países deben presentar sus proyectos el 31 diciembre de 2025 y trasponer la directiva el 29 de mayo de 2026. Tal y como está el panorama político en España estas fechas se antojan imposibles.

La conclusión es que no vamos mal, es que vamos peor y como casi siempre vamos tarde. Y, lo peor, sobre la mesa no hay un plan y el tiempo se agota. Nos queda un añito. 

España lleva años intentando mejorar la eficiencia energética. Las primeras medidas fueron aprobadas por el Gobierno de Aznar en 2003 y se implementaron por el Gobierno de Zapatero en 2006 con un proyecto impulsado por el Ejecutivo, con el ministro Montilla al frente de Industria, en colaboración de las Comunidades Autónomas.

Aquellas primeras actuaciones se centraron en la renovación de electrodomésticos aunque también se pretendía avanzar en eficiencia energética de las viviendas e, incluso, algunas CCAA han realizado actuaciones concretas, como Andalucía, que se centró en las viviendas anteriores a 2007, y muchos ayuntamientos han puesto en marcha diferentes iniciativas como Barcelona para rehabilitación de edificios con su Barcelona posa’t guapa. 

El resultado de estas actuaciones fue pobre. Por eso, se puso en marcha el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con el objetivo de rehabilitar 300.000 viviendas en el año 2030 y llegar a 2050 con un parque habitacional regenerado y descarbonizado.

Tampoco la cosa ha mejorado. Los datos son de suspenso total. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, en 2023 se rehabilitaron en España solo 37.783 casas, el 0,1% de este objetivo.

Los resultados no pueden ser más desalentadores porque en España tenemos un parque muy antiguo con una edad superior a los 43,5 años y donde ocho de cada diez viviendas tienen un certificado F o G, los más bajos de la escala.

Para no dejar a nadie en el camino y ayudar a los propietarios a modernizar sus viviendas, el Gobierno debe presentar un proyecto, un plan de actuación que incluya un paquete de ayudas a los propietarios para adaptarse a las nuevas exigencias comunitarias.

El ruido, por tanto, está garantizado porque el Gobierno debe contar con la complicidad de CCAA y ayuntamientos porque las realidades de la vivienda son diferentes en función de los territorios. No es lo mismo lo urbano que lo rural, ni las edades de las viviendas en el conjunto de España. 

Para afrontar este desafío, no pequeño, la Administración debe ser ambiciosa en sus políticas y utilizar mecanismos e incentivos que fomenten esta transformación de los edificios. Incentivos y también algunas obligaciones.

Países como Francia ya han puesto limitaciones de acceso al mercado del alquiler y la compraventa a aquellas viviendas que no cumplan estándares de eficiencia.

Un ejemplo a seguir conjugando los controles de precios de los alquileres topándolos para aquellas viviendas con certificados F o G, fomentando la urgencia de renovación, lo que sería todo un incentivo para los propietarios puedan alquilar sus viviendas a precios competitivos y no sujetos a restricciones por deficiencias energéticas. 

Y no hemos de olvidar incentivos a las comunidades de propietarios para continuar poniendo al día el parque de viviendas, porque sin estos incentivos el coste de la renovación es inasumible para muchas familias. Por tanto, se necesita un plan de incentivos que hoy por hoy es inexistente.

Los plazos apremian porque hasta ahora los resultados son ridículos. El Gobierno, los Gobiernos, tienen la palabra y, de momento, no se les oye y el tiempo apremia. 2026 está a la vuelta de la esquina y 2030 ya cuenta como fracaso.

Esperemos que nos pongamos las pilas para evitar que 2050 sea un fiasco y que su casa no sea ni eficiente y casi menos decente para vivir con dignidad.