La crisis de la vivienda en Reino Unido ofrece un ejemplo claro de cómo las decisiones políticas pueden tener efectos duraderos y, a menudo, devastadores. En los años ochenta, el gobierno de Margaret Thatcher puso en marcha el programa Right to Buy, que permitió a millones de británicos comprar viviendas sociales a precios reducidos.
Fue una medida que consolidó su base electoral, al convertir a una parte de la clase trabajadora en propietarios. Pero el coste a largo plazo ha sido altísimo.
El programa, que inicialmente se vendió como una solución para ampliar el acceso a la vivienda, tuvo un efecto contrario. Las viviendas sociales prácticamente desaparecieron. Esto dejó al Reino Unido con un parque público de vivienda mínimo y una población cada vez más dependiente del mercado privado.
Hoy, la escasez de viviendas asequibles en Reino Unido es crítica. Los precios del alquiler están disparados, y millones de personas se enfrentan a una inseguridad habitacional creciente.
El caso británico no es un fenómeno aislado. España --con un contexto histórico muy diferente— también ha desarrollado una política de vivienda desastrosa con resultados similares.
En 2008 estalló la burbuja inmobiliaria. Quince años después, el acceso a una vivienda digna sigue siendo un problema para millones de personas en nuestro país. Ahora, con el acento marcado en el mercado del alquiler.
En Cataluña, el problema es especialmente grave. Barcelona se ha convertido en uno de los epicentros de la crisis habitacional, con precios de alquiler inasequibles para muchas familias.
En la capital catalana, el alquiler medio ha subido drásticamente en la última década, mientras los salarios se han mantenido prácticamente estancados. Pero el problema no se limita a Barcelona. También afecta al cinturón rojo y a las zonas turísticas, tanto rurales como de costa.
La Generalitat ha aparentado actuar en la materia. Cataluña es la única comunidad autónoma que ha regulado los precios del alquiler. Pero la medida ha tenido un impacto muy limitado, entre otras cuestiones, por la falta de sanciones efectivas.
En el debate de política general del pasado octubre, Salvador Illa anunció una inversión de 4.400 millones de euros para construir 50.000 viviendas públicas antes de 2030. Aunque en Crónica Global seguiremos de cerca esta promesa, ello no solucionará la crisis habitacional. Tampoco creo que lo hagan el resto de medidas que anunció en el Parlament.
Desde este medio ya hemos fiscalizado otros intentos fallidos de resolver la crisis de vivienda en nuestra trinchera más próxima. Ada Colau llegó al Ayuntamiento de Barcelona aupada por la recesión económica y la crisis de las hipotecas. Sin embargo, su medida estrella, la obligación de dedicar un 30% de las nuevas promociones a vivienda de protección oficial, fue un fracaso.
En cinco años, solo se terminaron ocho pisos sociales bajo esta normativa. Este precedente subraya la necesidad de que Illa actúe con seriedad y planificación, evitando anuncios vacíos o mal diseñados.
La experiencia británica nos recuerda que las soluciones deben ser duraderas y estructurales. España, y particularmente Cataluña, deben tomar nota del pasado para, al menos, paliar el desafío de la vivienda.