Las insolvencias constituyen una de las manifestaciones más penosas de las crisis empresariales porque dejan múltiples perjudicados. Los más directos son los trabajadores, los acreedores, las administraciones públicas y los propietarios.

En los nueve primeros meses del presente año, más de 1.600 compañías catalanas han pasado por el trance de entregar sus estados contables a los juzgados mercantiles para instar la declaración de concurso de acreedores. Tal cifra significa una ascensión del 14% sobre la registrada en el mismo periodo de 2023. A título comparativo, en el ejercicio completo de 2022 fueron 1.830 y en el de 2023 llegaron a 2.090.

El grueso de los fallidos que ha explotado hasta septiembre del curso corriente está formado por entidades cuyos balances carecen de masa activa. Es decir, se trata de negocios totalmente quebrados, arruinados y cargados de deudas. Los gestores recurren a las facilidades que les brinda el proceso judicial para finiquitarlos y extinguirlos. Así, se sacuden de encima cualquier responsabilidad pecuniaria y la dejan constreñida a su sociedad. Y muerto el perro, muerta la rabia.

Cataluña lidera la lúgubre tabla de los descalabros corporativos, con más del doble que Madrid, segunda del escalafón nacional.

Crónica Global ofrece a sus lectores cada semana cumplida cuenta de las peripecias más destacadas que acaecen en la comunidad catalana.

La última de la que se tiene noticia bate récords en la provincia de Tarragona. Se trata de Grupo Navec Servicios Industriales, con sede en el municipio de La Pobla de Mafumet, de 4.000 habitantes.

No es un conglomerado cualquiera. Sus plantillas abarcan 1.500 empleados, casi un tercio de ellos en la zona de Tarragona. Las ventas rebasan los 100 millones anuales.

Pues bien, Navec ha entrado en concurso voluntario. Declara un activo consolidado próximo a los 100 millones y un pasivo de 80. Los impagos reiterados han desatado las protestas de los trabajadores, que llevan meses sin cobrar.

Se da la circunstancia de que en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez lo rescató mediante un préstamo participativo de 9 millones, a cargo del fondo de recapitalización articulado a raíz del Covid. Tras la debacle de Navec, los recursos oficiales quedan en el alero y su recuperación se antoja harto difícil.

Esta holding es sucesora de las firmas tarraconenses Cotrinsa y Gematec, dedicadas a la construcción y mantenimiento de plantas petroquímicas. En 2010 ambas cayeron en manos de los consorcios inversores Baring e Invercartera. Poco después se incorporó la francesa Tikehau, mediante la adquisición del 21% que estaba en poder de Catalunya Banc, sucesor de Caixa Catalunya.

Navec invirtió en variados sectores como el minero, el cementero y el alimentario. Hoy dispone de implantaciones fabriles en La Pobla de Mafumet, Puertollano (Ciudad Real), Llanera (Asturias), Cartagena (Murcia), Huelva y San Roque (Cádiz). Sus tentáculos se extienden hasta el otro lado del Atlántico, donde posee seis filiales en otros tantos países iberoamericanos. Los dueños de Navec son Baring, con el 38%; BBVA, 25%; y Tikehau, 21%.

El resultado de las suspensiones de pagos es siempre incierto, porque en el peor de los casos puede desembocar en desguace. La situación de Navec es todavía, si cabe, más peliaguda. Ocurre que su principal accionista Baring, ya no está para muchas fiestas. Tal como explicó El Español, en 2022 entró en liquidación por derribo, debido a un problema contable interno relativo a salidas fraudulentas de las arcas sociales.