Soplan malos tiempos para esa parte de la sociedad que considera que la ley y el orden es el mejor sistema para vivir en libertad. Malos tiempos porque además estamos en un momento en el que la calle no es precisamente un bálsamo a prueba de delitos y los cuerpos policiales están necesitados de más respaldo social. La cuestión que puede agravar la situación hay que buscarla en la alta política aunque sus consecuencias molestas sean para el ciudadano de a pie. El pacto para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, mal llamada por el perroflautismo ley mordaza, entre el Gobierno y Bildu, con el apoyo de Sumar y el PNV de momento, sólo conseguirá agravar el tono de las protestas por lo que sea y un deterioro creciente de la autoridad.
La ley que hace casi diez años puso coto a determinados desmanes, camuflados con la bandera de la libertad de expresión, tenía como objetivo evitar que se saltase la autoridad a la torera. Suavizando de nuevo los castigos por desobedecer a los cuerpos policiales el único resultado será la disminución del orden y la exhibición de nuevo de escenas vergonzantes en las que determinados manifestantes pretenden únicamente vejar la imagen de los agentes.
El cambio de la ley, que todavía precisa de una aprobación definitiva, ha sobrevivido a muchos años de Gobierno socialista. De hecho, estoy convencido que una buena parte del PSOE considera que tiene más aspectos positivos que negativos. Hay que enmarcar dicho avance en la reforma del texto legal a las necesidades de la política, aunque eso perjudique al ciudadano. Que exista un mecanismo fuerte que impida que el levantisco erosione el principio de autoridad que representan los cuerpos policiales no sólo es necesario. Es imprescindible.
La crítica exhibida por determinados partidos de la izquierda y del independentismo a la denominada Ley Mordaza, tildándola de barra libre para la actuación policial, es un desatino. España cuenta con numerosos mecanismos de control para hacer frente a una hipotética desmesura policial. Pero en cambio la sociedad normal no tiene mecanismos alternativos de defensa para evitar los abusos si la policía tiene las manos atadas para actuar.
Está por ver cuál será la actitud de Junts respecto al apoyo de dicha reforma. Veremos qué parte de esa alta política influye más en el partido liderado por Carles Puigdemont. De todos modos no estaría mal que los dirigentes de Junts recordaran, o que se enteraran, que la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana con el contenido que ahora quiere reformarse fue reclamada en el Congreso de los Diputados por el partido al que pertenecían entonces los briosos diputados de Junts. Es decir, Convergència. Será curioso ver si el partido con el que empezó todo colabora en el derrumbe de algo que debería estar a salvo sin discusión en una democracia: la fortaleza de las instituciones del Estado como, por ejemplo, las policías de nuestro país.