Uno de los motivos de que la Justicia funcione mal en España es la lentitud en la resolución de los pleitos. Y uno de los motivos de que resuelvan lentamente es que los tribunales están colapsados. Y uno de los motivos por los que los tribunales están colapsados es por la gran cantidad de denuncias estúpidas y denuncias falsas con los que se les abruma de trabajo.
En cuanto a las denuncias estúpidas, todos los que en un momento u otro vieran la telebasura de Jorge Javier Vázquez recordarán que a mitad de cualquier discusión (a gritos) entre dos o tres de las verduleras que Vázquez capitaneaba por cuestiones como si la cuñada de Menganito se había acostado o no con el primo de Fulanita, ambas se amenazaban con “ir a los tribunales”: -¡Nos veremos en el juzgado!
Bastaría que la mitad de esas amenazas de denunciar ante los tribunales se llevase a término para colapsar los juzgados de Madrid durante un lustro.
¿Y las denuncias falsas? Ayer publicaba aquí Miriam Saint-Germain el interesante caso de un vivales que se acogió a la disparatada “ley trans” de la exministra Irene Montero (por cierto, que a la hoy europarlamentaria podemita debería invitarla Broncano para su programa de entretenimiento: las chorradas que dice en el Parlamento, de las que ella misma informa puntualmente en su cuenta de Twitter, no tienen desperdicio). El vivales denunció parece que abusivamente al novio de su exmujer por propinarle un manotazo, y reclamaba indemnización; su demanda ha sido desestimada, y ahora a su vez va a ser acusado (o acusada) por “denuncia falsa”: lo cual es un delito.
Como los que cometieron dos amantes despechadas del ahora senador Eduard Pujol (sí, el que denunciaba que por las calles de Barcelona le seguía un avieso agente del CNI en patinete: a esta clase de luminarias llevamos al Senado) al acusarle injustamente de acoso. O las denuncias a troche y moche que ponían los abogados del magnate Roures a cualquier periodista que hurgase en sus asuntillos (yo mismo fui denunciado por mi crítica en El País a una película que él había producido, tuvo que pagar las costas del juicio), con la presumible intención de amedrentar a la profesión.
Las denuncias falsas y las denuncias estúpidas en la prensa, que cumple funciones de tribunal paralelo, como en el caso del cineasta Carlos Vermut y del periodista Peio Riaño, son ignominias que destruyen carreras y reputaciones, pero al menos no suponen un gasto del erario público.
Cosa más grave es cuando llegan a los tribunales y se convierten en una carga para el sistema judicial, es decir, para el contribuyente, que los sostiene con sus impuestos. Se debería poner coto a la insensata tendencia a pleitear por cualquier cosa. ¿Cómo?
Recuerdo al difunto magistrado Salvador Vázquez de Parga, sujeto peculiar al que conocí por nuestra común afición a los tebeos. Yo lo llamaba –cordialmente— “el juez de la horca”. No le disgustaba este alias. Un día me lo encontré a la salida de los juzgados del paseo de Lluís Companys, atusándose el bigote. Me explicó que acababa de sentenciar un caso que era una chorrada, y había sentenciado multando al denunciante y también al denunciado… por hacer perder el tiempo a la Justicia (encarnada en él mismo) con conflictos nimios.
Sabio, si severo ejemplo, que si lo siguieran otros jueces aligeraría mucho el ingente trabajo de los tribunales y revertiría en mayor celeridad en la resolución de los casos serios, y por ende en la reputación de la Justicia.