En nuestro país, una gran parte de la población está convencida de que paga demasiados gravámenes. Un sentimiento que comparten la mayoría de los hogares de rentas altas y medias e incluso una parte de las bajas. Los principales motivos son tres: la escasa vinculación por parte de numerosos ciudadanos del importe sufragado a la Administración con el recibido de ella, la magnífica propaganda contra los tributos realizada por los partidos políticos de derechas y la deficiente contabilidad por parte de muchas familias de los impuestos abonados.

Los gravámenes se abonan para obtener prestaciones y ayudas públicas. Algunas de ellas son seguridad, justicia, sanidad, educación y asistencia social. Por tanto, el dinero pagado en impuestos no va a un saco sin fondo, sino que beneficia a todos los hogares. No obstante, lo hace en distinta proporción, pues unos necesitan más que otros la renta proporcionada de manera directa e indirecta por la Administración.

No obstante, según FEDEA, la política fiscal efectuada es beneficiosa para el bolsillo del 80% de las familias españolas, pues el Estado les paga más de lo que les quita. En el ejercicio de 2020, la intervención de la Administración aumentó la renta disponible del contribuyente medio en 2.172 € (un 6,4%). Un porcentaje muy inferior al incremento de ingresos obtenidos por el 20% de la población más pobre (un 95%).

La política fiscal constituye el gran anzuelo electoral de los partidos de derechas. Sean cuales sean los tipos impositivos, siempre les parecen excesivos y están dispuestos a rebajarlos. Con dicha actuación, buscan satisfacer los deseos de los hogares de elevados ingresos (su votante natural), pero también aspiran a lograr el voto de una sustancial parte de la clase media y una significativa porción de la obrera.

Un ejemplo de ello lo constituye la Comunidad de Madrid. Entre 2004 y 2023, las sucesivas rebajas impositivas le han comportado una pérdida de ingresos equivalente a 65.000 millones de €. A pesar de ello, en la mayoría de los años, ha logrado una recaudación superior a la del ejercicio anterior. Un dato que en ningún caso supone un adecuado funcionamiento de la curva de Laffer, pues sin dichas rebajas los ingresos obtenidos serían muy superiores a los actuales y las prestaciones y ayudas públicas mucho más generosas.

El principal gancho fiscal utilizado para atraer a los votantes es la reducción de los tipos impositivos del IRPF. Si ganan las elecciones, el próximo año los ciudadanos tendrán en su nómina dos distintos aumentos salariales: el proporcionado por la empresa y el generado por el gobierno. El primero generalmente lo establece el convenio colectivo de la actividad y el segundo es el resultante de la disminución del porcentaje retenido en concepto de impuesto sobre la renta.

En numerosas ocasiones, los hogares exageran el porcentaje de sus ingresos que se queda la Administración debido a una deficiente contabilización de los impuestos pagados. Lo hacen de forma inconsciente, pues no tienen los conocimientos necesarios para saber la proporción de lo ganado que no ha llegado a sus bolsillos. No obstante, hay muchos que consideran excesivo lo extraviado, sea casi cual sea su importe.

Para ilustrar la anterior afirmación, creo que la mejor opción es mostrar un ejemplo real extraído de una tertulia de amigos en un bar. Para demostrar que España es un infierno fiscal, Eugenio afirmó con rotundidad que paga más de un 60% de lo que gana a Hacienda, a pesar de que sus ingresos brutos se sitúan alrededor de los 30.000 €.

Ante la incredulidad de Juan, nuestro protagonista demostró que había estudiado el tema y empezó a enumerar porcentajes: un 30% va al IRPF, un 21% al IVA, un 6,52% a cotizaciones sociales y un 5,113% a sufragar el impuesto sobre la electricidad. Por tanto, según Eugenio, por una u otra vía, la Administración se queda como mínimo con 18.879 € (un 62,63%) de los 30.000 € obtenidos por él.

Las cuentas realizadas por Eugenio son similares a la que efectuó el Gran Capitán (Gonzalo Fernández de Córdoba) ante Fernando el Católico. No lo son por los porcentajes enumerados, sino por la utilización que hace de los mismos. Por eso, las principales falsedades son las siguientes:

a) IRPF. Para Eugenio, el pago del IRPF le sustrae el 30% de sus ingresos. Un cálculo derivado de aplicar a la totalidad de lo obtenido el tipo impositivo marginal existente en Catalunya. No obstante, una gran exageración. En primer lugar, porque existen diversas reducciones de la base imponible y deducciones de la cuota íntegra que disminuyen la cuantía a sufragar.

En segundo, debido a que el tipo marginal no equivale al medio, siendo el último el que indicaría la proporción verdadera de renta perdida. En la mayoría de los casos, el postrero es sustancialmente inferior al primero, al ser el IRPF un impuesto progresivo. En Cataluña, en 2024 el tipo marginal más reducido es un 20% y el más elevado asciende a un 50%.

Dado que Eugenio trabaja por cuenta ajena, y casi no obtiene ingresos derivados de la remuneración de su ahorro, el tipo impositivo medio verdaderamente sufragado en el IRPF es muy similar al porcentaje retenido en su nómina (un 15%). Por tanto, lo que Hacienda le sustrae es aproximadamente 4.500 €.

b) IVA. Según nuestro protagonista, el pago del impuesto indirecto le llevaba a perder el 21% de sus ingresos. Una vez más, un porcentaje escasamente relacionado con el verdadero. En primer lugar, porque el anterior tributo grava el gasto y no la renta. En segundo, a causa de que el 21% es el tipo general, pero también existe el reducido (10%) y el superreducido (4%). Debido a los dos últimos, en 2023 el tipo impositivo efectivo en España sólo fue del 14,3%, siendo uno de los más bajos de la Unión Europea (UE).

En tercero, porque el gasto en numerosas actividades está exento del pago del IVA. Entre ellas, están el alquiler de viviendas, la sanidad, la educación y formación, la asistencia social, la contratación de seguros, la mediación en numerosas operaciones financieras y los servicios ofrecidos por artistas.

c) Impuesto especial sobre la electricidad. Dicho tributo grava con un tipo del 5,113% la suma del importe abonado en concepto de potencia contratada, consumo de energía y bono social. Por tanto, su cuantía no está relacionada con los ingresos obtenidos por Eugenio y en una elevada medida depende del gasto en electricidad efectuado. Un razonamiento similar se aplicaría a los impuestos sobre el tabaco, la gasolina, el gasóleo o las bebidas alcohólicas.

Un hogar compuesto por cuatro miembros gasta en luz alrededor de 2.500 € anuales. Si está integrado por dos adultos y dos niños, a cada uno de los primeros le corresponde sufragar 1.250 €. Dada dicha cifra, el importe abonado por el padre y la madre en concepto de impuesto sobre la electricidad se situará sobre les 55 € al año. Una cifra muy alejada de los 1.534 € que indicaba Eugenio.

En relación a los cotizaciones sociales, nuestro protagonista tiene razón. En la nómina, le descuentan un 6,52% por distintos conceptos distintos de la retención del IRPF. Si pertenece al régimen general, un 4,7% irá destinado principalmente al pago de las pensiones contributivas, un 1,55% a las prestaciones por desempleo, un 0,1% a formación y un 0,12% al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (el fondo de reserva de las pensiones).

En definitiva, nuestro país no es ningún infierno fiscal, aunque algunos políticos y economistas neoliberales así lo indiquen, pues en términos relativos pagamos menos impuestos que la media de la zona euro. Según Eurostat, en 2022 la presión fiscal en España ascendía a un 38,3%, mientras que en el área común se situaba en un 41,7%.

No haga caso de los economistas neoliberales cuando le digan que los españoles soportamos una presión fiscal inferior a la de la zona euro, pero un esfuerzo tributario superior, y el segundo ratio es el bueno. Una afirmación completamente falsa, pues el último indicador tiene una fiabilidad nula, pues relaciona la presión fiscal (un porcentaje) con la renta por cápita (una cifra en valor absoluto). En economía, las manzanas siempre deben compararse con manzanas y jamás con peras, aunque ambas sean frutas.

Tal y como ha quedado demostrado, Eugenio no dedica un 62,63% de su renta al pago de impuestos, tal y como indicaba a sus compañeros de tertulia, sino un porcentaje muy inferior. No obstante, en España hay muchos Eugenios, pues duele pagar impuestos, aunque resulte rentable. La derecha es plenamente consciente de ello y lo utiliza a su favor, una y otra vez. La izquierda está en fuera de juego. Por eso, ha perdido la batalla del relato económico, más importante en el momento actual que la de la verdad.