Cuesta entender el comportamiento de nuestro Gobierno respecto a los arbitrajes perdidos con motivo de los cambios retrospectivos de la ley respecto a las inversiones en energías renovables. Somos, técnicamente, un Estado moroso y además de crecer los bienes embargados, nos enfrentamos a un default técnico de cierta deuda soberana y a un posible embargo del Juan Sebastián Elcano cuando llegue a Nueva York teniendo como tripulante a S.A.R. la Princesa Leonor. El bochorno sería histórico (aunque imagino que la Princesa, al igual que toda la tripulación, podrían desembarcar de nuestro buque escuela).

El origen del conflicto viene del impulso a la energía solar que dio, con toda su buena intención, el presidente Zapatero. España, a pesar de ser uno de los países de Europa con mayor número de horas de sol (2.800 horas de sol al año de media), estaba a la cola en producción de energía fotovoltaica, siendo netamente superados por países tan poco soleados como Alemania. Es a través de los reales decretos 436/2004 y 661/2007 cuando se da un impulso espectacular, tanto que España fue en 2008 uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada del mundo, con 2.708 Mw en un año. El truco consistía en asegurar ingresos a los inversores en cualquier escenario, generando unos esquemas de inversión muy favorables con poco riesgo a pesar de la falta de madurez de la tecnología fotovoltaica de la época. Los inversores lo vieron claro y el Estado descubrió, a posteriori y con horror, que los Presupuestos del Estado iban a subvencionar a demasiadas plantas solares, en aquel entonces denominadas huertas solares.

Equivocarse legislando es algo a lo que nos tienen acostumbrados nuestros políticos. La Ley del sí es sí, o de la identidad sexual tienen, sin duda, unos objetivos más que loables, pero la praxis jurídica de su redactado es tan mala que produce efectos tan indeseables como la reducción de penas a violadores o facilitar un mejor trato penal a acusados de violencia de género. Pues lo mismo pasó con el boom fotovoltaico, en lugar de fomentar un desarrollo armónico de la energía fotovoltaica se creó un escenario propenso a la especulación fácil a costa del Estado. Instalar un huerto solar en mitad de la nada con paneles de dudosa calidad fabricados en China salía extraordinariamente rentable, pues los ingresos los aseguraba el Estado y, además, los bancos estaban encantados en prestar dinero para un negocio que parecía redondo.

Ya a finales de 2008, el mismo Gobierno de Zapatero comenzó a echar el freno, pasando de instalar casi 3.000 Mw en un año a sólo 19 Mw en 2009, y aunque los años siguientes se aumentó algo la potencia instalada, nunca más se sobrepasaron los 400 Mw por año. En paralelo nació el “impuesto al sol”, que vía costes reducía el percance en el presupuesto nacional. Y en 2015, ya con Rajoy en la presidencia del Gobierno, se le dio la puntilla al boom fotovoltaico con el RD 900/2015.

El que era un excelente negocio se convirtió en un negocio ruinoso, perjudicando a inversores e instituciones financieras. Poco a poco se fueron armando demandas debido a la inseguridad jurídica generada por legislar retrospectivamente corrigiendo lo publicado previamente. Algunos inversores particulares se arruinaron, los bancos perdieron mucho dinero y otros inversores institucionales comenzaron una larga pelea judicial contra el Estado español.

Las administraciones públicas están obligadas a recurrir hasta la última instancia todos sus pleitos, en principio para defender los intereses de los contribuyentes. Muchos demandantes se fueron rindiendo por el camino, pero otros vendieron sus pleitos a fondos especializados. Así, quien demandaba al Estado por 100 vendía su pleito por, pongamos 20, y el fondo seguía una lucha judicial también hasta el final, pues la ganancia potencial era mucha (el derecho del demandante menos el precio pagado por ese juicio, en el ejemplo 80 (100-20).

Muchos de estos sofisticados fondos han ido buscando las jurisdicciones más propicias para sus intereses, y en muchos casos la justicia extracomunitaria, especialmente la de origen anglosajón, les están dando la razón, decretando embargos de bienes del Estado español a su alcance.

El edificio que alberga el Instituto Cervantes en el carísimo barrio de Belgravia, el colegio, el instituto español Vicente Cañada Blanch en el no menos caro barrio de Portobello, el edificio de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, los derechos de AENA en Luton, algunas cuentas corrientes de titularidad pública y la indemnización por el hundimiento del Prestige son los primeros bienes embargados por los juzgados británicos. Hasta la fecha, los embargos aprobados entre 2023 y 2024 han sido autorizados por los tribunales británicos, pero se espera que entre 2024 y 2025 se introduzcan medidas similares en Australia, donde la Corte Suprema ha emitido un fallo en el que autoriza este tipo de procedimientos en el país oceánico. También podrían darse incautaciones en Estados Unidos, donde al menos cinco acreedores están trabajando en este sentido. Algunos activos de Navantia en Australia y bienes en el estado de Nueva York están en riesgo, además del buque escuela de la armada española cuando atraque en Nueva York contando en su tripulación con la guardiamarina SAR la princesa Leonor de Borbón… o el mítico Falcon cuando vaya S.E. el presidente del Gobierno a la asamblea general de la ONU.

El descrédito y la vergüenza patria sólo ha hecho que empezar.