Hace pocas semanas, Cataluña estrenó un nuevo gobierno que ultima sus prioridades, las cuales, según se desprende de las sesiones de trabajo de los últimos días de agosto en el Arxiu Tarradellas del Monasterio de Poblet, tienen la mirada puesta en el medio plazo. Un inicio de andadura del gobierno de Salvador Illa que, en su análisis y fijación de prioridades, debería tomar en consideración tanto la necesidad de mejorar la competitividad en general como la capacidad contrastada del sistema catalán de Ciencia y Tecnología. Una capacidad que se evidencia en las publicaciones en revistas catalogadas, en los proyectos liderados con fondos europeos captados o en las patentes efectuadas. Una enorme capacidad que no puede esconder los problemas endémicos que arroja el sistema: poca financiación, poca valoración social de la tarea científica, precariedad y salarios extremadamente bajos, falta de capacidad para retener talento y reducidos volúmenes de transferencia de conocimiento hacia el sistema productivo. Aspectos que el gobierno de la Generalitat debería tener bien presente.
Una trasferencia que es requerida para la innovación, un elemento fundamental de la competitividad de las empresas, que requiere que las estrategias de investigación y las de innovación tengan una misión coincidente. Considerando las peculiaridades de cada una de ellas y las de nuestro tejido productivo, configurado por muchas pequeñas empresas, las cuales tienen problemas de financiación y baja capacidad innovadora, pero disponen de una alta capacidad productiva. Y, por lo tanto, muchas posibilidades de mejorar sus productos y procesos si se asegura que los resultados de la investigación, surgidos de los recursos públicos, lleguen a las mismas.
Para ello, hay que articular un ecosistema con condiciones favorables a la transferencia e incentivos empresariales a la innovación, posibilitando con ello que, simultáneamente, se mejore la competitividad empresarial y se beneficie a la comunidad tecnocientífica. Una actuación en la que los centros tecnológicos son cruciales, y a los que hay que potenciar y asegurar su funcionamiento con criterios plurianuales.
Los problemas y potencialidades de nuestro sistema de Ciencia y Tecnología exigen una triple actuación. En primer lugar, más y mejor financiación, asegurando las carreras profesionales de los científicos y tecnólogos. En segundo lugar, ajustar los marcos reguladores a las exigencias actuales, potenciando la innovación. Y, en tercer lugar, potenciar el surgimiento de vocaciones femeninas en el ámbito tecnológico, eliminando los frenos y discriminaciones a su progreso profesional.
En cuanto a la financiación, es imprescindible aumentar considerablemente los recursos públicos e incentivar la investigación privada para posibilitar retener a científicos y tecnólogos y, a la vez, atraer fondos privados de diversos orígenes.
En referencia a los marcos reguladores, es requerido incentivar la transferencia de conocimiento con eficiencia y eficacia, potenciando la labor asociada a la cooperación de universidades y centros de investigación con el tejido productivo, facilitando e incentivando el acceso a la misma de las pymes. Marcos reguladores que eliminen las trabas burocráticas considerando simbióticamente toda la cadena de concepción, generación y aplicación del conocimiento. Es decir, desde la investigación hasta su aplicación gracias a la innovación.
En cuanto a potenciar las vocaciones femeninas en el ámbito tecnológico, es necesario desarrollar programas específicos de divulgación técnica científica en las escuelas y evitar que la maternidad perjudique a sus carreras profesionales, garantizando la no pérdida de oportunidades en los procesos de gestación o en los meses de posparto.
Ahora que se inicia una nueva legislatura deberíamos exigir al gobierno que, además de afrontar los problemas diarios, asegure el futuro a medio y largo plazo, potenciando nuestro sistema de investigación, asegurando a la vez que el avance técnico y científico llegue a las empresas y se conviertan en progreso socioeconómico. Esto comporta entender que la I+D+i no es un gasto, sino una inversión -que se potencia con una estrecha colaboración pública y privada-, porque la ciencia es la palanca primordial para asegurar el desarrollo sostenible, el bienestar de los ciudadanos y la competitividad de las empresas. Unas actuaciones que exigen políticas fiscales adecuadas y, al mismo tiempo, comprometer dotaciones a largo plazo, un porcentaje fijo anual en los Presupuestos Generales, al I+D y a la innovación, para poder asumir los desafíos propios de las sociedades que quieren asegurar un futuro próspero a la ciudadanía en el marco de la sociedad del conocimiento.
Unas actuaciones indispensables, dado que la prosperidad actual y de futuro pasa por el capital humano y la inversión en I+D+i. Por ello, hay que asegurar el reconocimiento de la comunidad científica y la integración simbiótica en el sistema de ciencia con los ecosistemas de innovación para ayudar a las empresas a situarse en un óptimo equilibrio entre los tres componentes que configuran la competitividad de toda organización: productividad, internacionalización e innovación y, de esta forma, contribuir decididamente a lograr el bienestar de las personas, afrontando los desafíos de la sociedad del conocimiento y articulando un futuro mejor a las próximas generaciones.