Las autoridades de aquí y de allá han anunciado su intención de retirar todos los reconocimientos que se habían concedido en vida a Juan Fortuny, tras haber éste asesinado a su exmujer y a su compañera, para suicidarse después. Si, como decía Petrarca, un bel morir tutta una vita onora, lo contrario debe de ser también cierto. Tan cierto como que se trata de gestos inútiles, porque Fortuny no se va a enterar de nada. Pero en fin, sirva para que se sepa que las instituciones están abiertamente contra la violencia machista en particular, y contra todas las violencias, en general.

Como Juan Fortuny ha muerto, no habrá juicio que pueda condenarle por los homicidios cometidos, lo que no obsta para que se produzca un rechazo general a su comportamiento. Los informes oficiales dicen que no consta que las mujeres hubieran presentado ningún tipo de queja. De todas formas, no estaría de más que alguien investigara si eso es verdad o si, dada su posición en el cuerpo, hubo alguna queja y fue convenientemente archivada. Hay gente que tiene arrebatos y enloquece y éste puede haber sido un caso, pero en la mayoría de ocasiones ha habido antes una cierta tendencia que unas veces pasa desapercibida y otra no.

Ya de paso, se podría aprovechar para revisar los beneficios que tienen algunos excargos políticos que, con posterioridad, han tenido sentencias desfavorables. Vamos, que los jueces han decidido que su comportamiento era delictivo, luego ellos fueron unos delincuentes. Entre los expresidentes de la Generalitat hay al menos dos que se hallan en esta situación: Artur Mas y Joaquim Torra. Condenados, pero cobrando cada mes una paguita que es bastante más alta que el salario mínimo interprofesional. Hay otro caso que también valdría la pena revisar: el de Carles Puigdemont, que no reconoce la validez de las instituciones españolas y anda fugado, con permiso (y colaboración decidida) de los Mossos. El cuarto es Jordi Pujol, confeso de ser un defraudador a Hacienda y con una familia sospechosa (en algún caso con condena) de tráfico de influencias, como poco. Pujol, sin embargo, tuvo un arrebato de decencia y renunció a cobrar los emolumentos que le corresponden por sus años en la presidencia. Menos da una piedra. Aunque, por qué no decirlo, las piedras no acostumbran a ocultar fortunas en Andorra ni a tener familiares adjuntos al erario público.

Cobran también como expresidentes Pasqual Maragall, José Montilla y Pere Aragonès. Que se sepa no han cometido delito alguno.

Será una casualidad, pero todos los acusados o condenados por comportamientos que han quebrado la legalidad son de derechas, mientras que no se conoce comportamiento anómalo en los tres que se declaran de izquierdas. Quizás esto tenga algo que ver con el hecho de que las derechas no acaban de distinguir entre lo público y lo privado. Lo privado, claro, es suyo; lo público, también. Es lo que llevó a Marta Ferrusola a lamentar que unos casi okupas les hubieran, como aquel que dice, expulsado de su casa (el Palau de la Generalitat).

En cualquier caso y dado que el número de ex va a seguir creciendo, quizás no estaría de más empezar a revisar las aportaciones. Después de todo, el sistema electoral favorece que los cabezas de lista estén siempre vinculados a un partido. Así que tal vez debería ese partido compartir los gastos de los expresidentes.

Se supone que el beneficio de estos ex busca dignificar el cargo y evitar que se les pueda ver en una situación lamentable en el futuro. Pero en algunos casos, ellos mismos han demostrado escaso aprecio por la dignidad violando la ley o mintiendo un día sí y otro también, como el fugado. El bel morir puede dignificar lo que sea; una nómina abultada sólo ayuda a que sigan haciendo el fantoche y no hace digno a nadie, sólo empobrece a los contribuyentes que, ellos sí, se ajustan a la ley.