Barcelona se convertirá en breve en la única ciudad del mundo en la que se hayan disputado un Mundial de fútbol, organizado unos Juegos Olímpicos y una Copa del América. La competición de los veleros ultrarrápidos, que levanta pasiones en todo el mundo a unos niveles difíciles de comprender en estos lares, está a punto de arrancar con su regata preliminar. La elección para ser la sede de la Copa del América es una oportunidad magnífica para la ciudad, de un nivel parecido al de otros eventos del pasado que sirvieron para establecer una relación endiabladamente poderosa entre Barcelona y el mundo.

De todos modos, los grandes acontecimientos a veces van acompañados de peligrosos nubarrones. Las desavenencias laborales en el seno de la Guardia Urbana han disparado la señal de alarma ante la posibilidad anunciada por una organización sindical de entorpecer el desarrollo de la competición, tal y como se publicaba ayer en Crónica Global.

Desconozco el calado de las diferencias internas en el cuerpo policial barcelonés, pero sería lo último que le faltaría a esta ciudad: un boicot por parte de sus policías. Quizá las demandas de los agentes sean de peso, pero está claro que a un cuerpo policial no se le debería permitir llevar adelante una protesta que pusiera en peligro los intereses de toda la ciudad.

No es la primera vez que a Barcelona se le complican los planes cuando tiene por delante un certamen extraordinario. Lo vivimos en varias de las ediciones del Mobile World Congress cuando los sindicatos de TMB en algunas ocasiones y en otras el ala más radical del sector del taxi amenazaron con la interrupción del servicio, aunque eso hubiese supuesto una publicidad nefasta para la ciudad que había logrado captar a una feria de trascendencia mundial que no podía dejar escapar.

O por ejemplo, cuando en 1988, en plena efervescencia de las obras olímpicas que preparaban a Barcelona para la gran cita de 1992, un conflicto laboral descomunal amenazó con que no se llegara a tiempo para el certamen más importante de la historia que ha vivido la capital catalana. En esa ocasión se produjo una medida valiente, de esas que las administraciones no se atreven a tomar: el director general de relacionales laborales de la Generalitat del momento, el reconocido abogado Rafael Ortiz, ordenó un laudo de obligatorio cumplimiento que zanjó de un plumazo el conflicto laboral por el bien superior de los Juegos Olímpicos.

Veremos cómo se resuelve el actual conflicto. Quizá sería ideal que la mano izquierda se impusiera, pero cualquier modalidad de resolución vale con el fin de que Barcelona luzca en un acontecimiento internacional que tanto le va a reportar, aunque muchos ciudadanos y diversos políticos no sean conscientes de ello. Todavía.