La semana pasada escribí que lo más sensato que podía hacer ERC era ganar tiempo e investir a Salvador Illa. Evitaría así el abismo de unas nuevas elecciones y se sacaría de encima al "gran perturbador", a Carles Puigdemont, que dejó muy claro que no iba a ejercer de jefe de la oposición en el Parlament. Lo conocido hasta hoy va en esa línea. Este lunes, la portavoz del partido republicano, Raquel Sans, confirmaba que "las negociaciones con el PSC avanzan a buen ritmo" y que ve "posible" alcanzar un acuerdo de investidura, que en cualquier caso tendría que ser ratificado por la militancia.

Marta Rovira, mandamás interina de ERC, se mostró ayer mismo optimista y afirmó que en las conversaciones con el PSC no hay "ningún escollo". Tras unas semanas de desconcierto y duelo por unos resultados electorales desastrosos, todos los sectores republicanos, pese a su fuerte división interna y a pocos meses de un congreso donde se va a dirimir el liderazgo de Oriol Junqueras, parecen haberse conjurado para evitar la repetición electoral al precio de investir a Illa, sin entrar en el Govern y condicionando la legislatura desde la oposición. De todos los escenarios posibles, este es el menos malo para que la formación republicana se recomponga, también en Barcelona, donde en septiembre se materializaría la tan aplazada entrada de ERC en el gobierno municipal del socialista Jaume Collboni.

Ahora bien, en política, la línea recta no existe, y desde Junts juegan a poner piedras en el camino para que el acuerdo con los socialistas descarrile, y haya una repetición electoral que dé una última oportunidad a Puigdemont. En primer lugar, confían en los afiliados de ERC, que tendrán en sus manos ratificar o no el acuerdo para la investidura de Illa. Es una esperanza pequeña, porque si el resultado de las negociaciones no se utiliza como arma interna arrojadiza, la militancia, tan gregaria como en todos los partidos, lo avalará.

Por eso, en Junts ya piensan en disparar la última bala, en el impacto de organizar un sainete para abortar la investidura. Crónica Global informaba ayer que el retorno de Puigdemont está encima de la mesa. Al no poder beneficiarse de la amnistía por la lectura que ha hecho el Tribunal Supremo del delito de malversación, el expresident fugado sería inmediatamente detenido e iría a la cárcel, aunque igual no por mucho tiempo.

¿Se atrevería ERC en esas circunstancias, con Junts y la ANC manifestándose en las calles, a investir a Illa? Mi impresión es que los republicanos ya han descontado esa hipótesis, que sí, pero que además están convencidos de que Puigdemont no piensa en absoluto regresar para pasarse el ferragosto, que no es hábil judicialmente, en una cárcel española. No obstante, llama la atención que el presidente del Parlament, Josep Rull, haya pedido informes jurídicos sobre si es posible detener en la Cámara catalana a un diputado y esté dispuesto a inmolarse (“antes tendrán que detenerme a mí”, soltó). También que se mostrase tan seguro sobre el inminente regreso de Puigdemont.

Lo cierto es que el líder de Junts prometió solemnemente desde Bruselas que asistiría a la sesión de investidura, la suya o de cualquier otro. Algunos pensamos que iba a volver días antes de que finalizase la campaña electoral catalana, buscando el efecto catalizador de su detención. No lo hizo, y hay que agradecérselo, pero si ahora no regresa estará faltando de nuevo a su palabra.

Si espera a que los interrogantes sobre la aplicación de la ley de amnistía se aclaren, su regreso puede demorarse mucho, y el día que lo haga estará carente de cualquier épica. Muy pronto nos volveremos a olvidar de Puigdemont, que ya no es eurodiputado y se mueve por Europa sin inmunidad, lo que todavía puede darle algún susto en forma de extradición. Por eso, no descarten que en las próximas semanas vayamos a asistir a una investidura con sainete final.