El alcalde de Barcelona se desmelenó el pasado viernes y anunció con todo lujo de fanfarrias que la capital catalana eliminará todos los apartamentos turísticos de la ciudad. Los legales, los que pagan impuestos y permiten que un importante volumen de turistas que recalan en Barcelona -de los de presupuesto moderado y de los de alto copete- puedan tener un alojamiento en condiciones. A Collboni le han atacado injustamente algunos sectores anti crecimiento por las últimas apuestas internacionales que ha albergado la ciudad: el cónclave mundial de la firma Louis Vuitton y la exhibición de la F1 en el Paseo de Gràcia. Quizás por ello el edil ha querido reequilibrar la cuestión dando de comer a los seguidores del populismo más marcado. Un error.

Es indudable que el problema del acceso a la vivienda es una de las grandes preocupaciones que tiene la sociedad actual. Cada vez hay menos pisos en alquiler de larga duración, los precios son muy caros en Barcelona -acaso la ciudad más cara de España-, y los jóvenes no tienen manera de alcanzar una vivienda digna si no es con la ayuda de los padres, si éstos no se hallan en una situación similar. La pregunta es: ¿eliminar las licencias de los apartamentos turísticos legales arreglará el problema? La respuesta ya la conocen. No. En primer lugar, porque las licencias operativas de dichos apartamentos no llegan a 7.000, lo que representa un porcentaje ínfimo respecto al parque de vivienda global de la ciudad. Puestos a empezar a actuar sobre el mercado de la vivienda, ¿por qué no se pone el foco en la oferta ilegal? Barcelona está colmada de apartamentos y de pensiones ilegales, donde las mafias alquilan pisos o habitaciones de inmuebles que previamente han alquilado a propietarios que en muchas ocasiones no tienen ni idea de lo que ocurre en su casa.

Otro posible flanco de actuación. Según datos de la prestigiosa consultora InAtlas, Barcelona cuenta con 75.000 viviendas vacías o con un uso por parte de sus propietarios de 15 días al año como máximo. ¿Por qué no se incentiva a esos propietarios para que alquilen sus viviendas ofreciendo garantías reales de que si no cobran el alquiler o se les destroza el piso no perderán ni un euro? Ese si sería un pulmón inmobiliario al que agarrarse en una ciudad en la que la construcción de vivienda social ha sido un fiasco.

Collboni debería reflexionar. Su objetivo último lo comparte todo el mundo, mejorar el acceso a la vivienda, pero no se pueden alcanzar los deseos atropellando derechos. ¿Qué valor tiene una licencia obtenida legalmente si una administración puede hacerla añicos porque ya no le gusta? ¿Se imaginan que ahora se eliminen las licencias de taxi porque se considera cambiar el servicio? Las soluciones no pueden pasar por medidas que son ilegales e ineficaces.

El sector turístico hay que regularlo. Pero con cabeza. Evitando que pierda fuerza la primera industria de la ciudad pero compensando las molestias que suscita. Hacerlo de una manera que sólo arranca el aplauso de los más populistas o de los más interesados es generar un problema sin la recompensa de lograr las soluciones que efectivamente necesitan los barceloneses.