La multirreincidencia será un elemento central de debate en las próximas elecciones al Parlament de Cataluña. No se trata de un elemento exclusivamente electoralista pero las circunstancias lo colocan en ese punto por el que los políticos aceleran cuando han tenido años y lustros para poder hacerlo sin que se hayan percibido grandes logros al respecto. El efecto de la ultra independentista Silvia Orriols, que amenaza con sacudir el extinto oasis catalán, ha acelerado la posición del partido que puede resultar más perjudicado, Junts, en su anuncio de enemigo imparable de la inseguridad en Cataluña. ERC trata de contemporizar, Comuns exhibe su proverbial buenismo con la situación y el resto de partidos, incluido el PSC, apuestan también por medidas de mayor orden para hacer frente a la lacra que aumenta la sensación de inseguridad en las calles.
Orriols vincula siempre los males al origen de sus ejecutores y ese discurso, siempre peligroso, debe ser matizado. Pero no por ello, no por el barniz vacío de lo políticamente correcto, debe dejar de abordarse el cerco a los ladrones multirreincidentes. Una gran mayoría de ellos son inmigrantes. Hay que decirlo. Pero el endurecimiento tanto del Código Penal como de las posibilidades reales de actuación tiene que funcionar al margen de cuál sea el origen del ladrón.
A la señora mayor que apenas puede mantener su equilibrio o al joven que va en el metro tanto les da de dónde son los sujetos que les han levantado el móvil o el bolso. Tanto da que sean de Marruecos o de Vic, de Fuenlabrada o de Bilbao. El caso es que les han fastidiado una parte de su vida y el castigo es casi inexistente.
Hay que iniciar el contador de la multirreincidencia a los pocos robos y eliminar el concepto del valor de lo robado. Da igual que el móvil sustraído sea un iPhone o uno de esos aparatos que sólo sirven para hablar y que no son smartphone. El caso es que hay que apartar de la calle a ese pequeño ejército de maestros del hurto con normas que permitan amenazarles con la cárcel y además que éstas se puedan llevar a cabo con un funcionamiento más eficiente de la administración de justicia.
La sociedad está ya muy concienciada, pero sería ideal que determinados colectivos y partidos adscritos al papanatismo del buenismo abandonaran dichas creencias. Dejen de luchar contra el sentido común y dejen de colocar en el furgón del fascismo a todos aquellos que simplemente quieren vivir en paz.
Orden no es sinónimo de pérdida de libertades. Todo lo contrario. Sólo con el orden podemos ser libres de la mejor manera, cuyo secreto es simple: quien debe pagar el pato es el que roba y no la víctima. Y eso es lo que piensan los miles de afectados diariamente por un robo que, por cierto, el 12 de mayo también votarán.