Recuerdo perfectamente el día que el parlamento español adoptó el Tratado de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonas. Recuerdo la unanimidad con la que la medida fue adoptada en el Congreso y en el Senado. Recuerdo también, en mi época de presidente de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo, cómo nos implicamos para impulsar la ayuda a las personas víctimas de las minas antipersona.
El testimonio más vivo que tuve de esta lacra fue conocer el proceso de detección y eliminación de las minas en Camboya, sembradas por el régimen del terror absoluto de Pol Pot que se refería a estas armas terroríficas como “soldados perfectos”. El proceso de búsqueda y destrucción de las minas antipersona es una realidad aún hoy en el país asiático. Emerge un nuevo escenario de post guerra sembrado de minas antipersona: el alto Karabaj (antigua Nagorno-Karabakh y zonas colindantes), la zona de Azerbaiyán ocupada por casi 30 años por la fuerza militar armenia.
El próximo 4 de abril se conmemora el Día internacional sobre las minas antipersona. Este año deberemos poner el foco de nuestra atención en una nueva zona del mundo lastrada por esta cruel arma de guerra que puede afectar mortalmente por décadas a civiles: me refiero al alto Karabaj azerí. En el año 2020 se terminó el conflicto a través de la firma de un acuerdo tripartito. En el año 2023 se terminó de disolver, como un azúcar en el café, una estructura autodeterminista que claramente tenía apoyos externos y Azerbaiyán recuperó el pleno control de su integridad territorial.
Este conflicto que explotó en los estertores del final de la Unión Soviética ha dominado la zona durante tres décadas. Era descrito como un conflicto congelado de difícil solución. Se ha descongelado en menos de tres años y ha tenido como resultado el restablecimiento de la integridad territorial de Azerbaiyán. Se han cumplido las resoluciones de Naciones Unidas que eran inequívocas en cuanto a considerar el alto Karabaj como parte de un país pluralista y multiétnico como es Azerbaiyán. Hay un gran desconocimiento en nuestro país sobre este conflicto y la realidad del Cáucaso del Sud y sobre ello se han dicho y escrito verdaderas absurdidades o hemos visto extraños compañeros de causa.
No me quiero desviar del objeto principal de estas líneas. Cayó el régimen autoproclamado de “Artsaj” (no reconocido por la comunidad internacional) y detrás del telón vimos un panorama desalentador de entre el cual cabe destacar una extensa contaminación por minas antipersona. Y como en Camboya, esta contaminación no sólo supone un grave riesgo para los civiles, sino que obstaculiza significativamente el desarrollo socioeconómico y la reconstrucción de los territorios. Es difícil física y psicológicamente reconstruir un país si no se puede pisar firme en el suelo por el miedo a la explosión de una mina antipersona.
Vayamos a los datos para objetivar el problema. Azerbaiyán se enfrenta a uno de los problemas de minas terrestres más grave del mundo. Se estima que 1,5 millones de minas terrestres y un número desconocido de restos explosivos de guerra (REG) contaminan aproximadamente el 12% de los territorios del país. Esta cifra coloca Azerbaiyán entre los países más contaminados por minas a nivel internacional y pone de relieve la magnitud del desafío al que se enfrenta.
Desde el cese de las hostilidades, en la guerra de 2020, hasta el 27 de febrero de 2024, el país ha sufrido 205 incidentes de explosión de minas terrestres que han causado 345 víctimas, entre ellas niños y mujeres. La estadística subraya la urgente necesidad de hacer una limpieza integral de minas y prestar asistencia a las víctimas. En Azerbaiyán, en los últimos 30 años, el número de víctimas de minas terrestres ha llegado a 3.424 personas.
El apoyo de la comunidad internacional que se ha volcado en otras zonas post conflicto plagadas de minas antipersona ahora se debe dedicar también a un conflicto que no puede pasar de congelado a invisible ante los ojos de la comunidad internacional. Una de las mayores medidas de presión que pueden ejercer los Estados que luchan por la erradicación de las minas antipersona es presionar a Armenia para que entregue los mapas de colocación de las minas. Armenia ha descuidado su obligación que forma parte de una de las normas básicas del derecho de guerra: una vez terminada la contienda, proporcionar la información para evitar el daño entre civiles.
Hasta que el Alto Karabaj no esté limpio de minas antipersona será difícil el retorno de los desplazados y el desarrollo económico y social en un marco de estabilidad y previsibilidad. Las autoridades de Bakú piden un nivel de implicación de la comunidad internacional similar al que se ha desplegado a otros escenarios de post conflicto con la amenaza de minas antipersona. Quedará para otros foros bilaterales el diálogo sobre acuerdos y desacuerdos. Estamos delante un asunto humanitario que no debe sufrir dobles raseros.
No se puede subestimar la importancia de esta cuestión, especialmente en el contexto de la paz y la reconciliación tan necesarias en la región. La persistente contaminación por minas terrestres no sólo representa una barrera física para el desarrollo sino un obstáculo simbólico para la curación y la unidad de las comunidades afectadas. Debemos celebrar que Naciones Unidas se haya implicado en el proceso de desminado, pero la cooperación también debe ser bilateral.
Hacía referencia al inicio de estas líneas a la unanimidad con la que el parlamento español adoptó una posición política y jurídica en contra de las minas antipersona. Es el momento de llamar a la cooperación del Gobierno español en el desminado de la zona y también es el momento de incrementar la visibilidad y consciencia de esta violación de la seguridad de los civiles de en nuestra sociedad.
El pueblo de Azerbaiyán merece caminar por sus tierras con libertad y seguridad. Nuestra responsabilidad colectiva es ayudarle a lograr este derecho humano fundamental.