Estos días hemos leído que la Comisión Europea ha aprobado la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia solicitada por el Estado español, con la incorporación de 93.500 millones de euros de fondos adicionales. Así, se espera que la Unión Europea transfiera 163.000 millones de euros a España entre subvenciones y préstamos, con una ampliación de los plazos de ejecución más allá del 2026 de los fondos gestionados por entes públicos. A esta cifra hay que añadir 36.700 millones de euros provenientes de los fondos estructurales, en el marco europeo financiero plurianual 2021-27.
Mucho dinero para gestionar. Estos fondos han generado, generan y generarán un debate silencioso, pero intenso: en qué se invierten y cómo se invierten.
España ha planteado 120 reformas legislativas y 135 líneas de inversión en el Plan de Recuperación. Todos estos montantes los gestiona la Administración, ya sea estatal, autonómica o local. Esta es la foto rápida del “qué”. El “cómo” plantea otro debate: el modelo de gestión de los recursos económicos de las Administraciones públicas.
Estamos en una Administración pública que gira, en todos los niveles de gobernanza, alrededor de la trazabilidad y el control de la asignación de recursos. Una realidad que se puede mejorar con la utilización efectiva de recursos tecnológicos en la verificación y validación de procesos.
Debemos ampliar el foco del “qué” y el “cómo” y añadir el “para qué”. No olvidemos que el objetivo es poner a disposición de empresas, pymes, autónomos estos recursos con la máxima eficiencia posible. Dando por sentado que una visión transversal es perentoria, ¿podemos incorporar una visión “cliente” a la gestión pública? En esta visión “cliente/destinatario final” deberemos tener en consideración que disponer de tantas líneas de inversión puede generar dispersión, además de que reclama un conocimiento muy específico y especializado para acceder a aquellos fondos más adecuados y favorables, y del que normalmente no se dispone.
Europa puede vivir, salvando las distancias, un segundo Plan Marshall (las inversiones americanas después de la segunda guerra mundial). La gran diferencia es que ahora nos lo pagamos nosotros, y tarde o temprano deberemos devolverlo. El retorno está fijado a 30 años vista. Por consiguiente, seamos eficaces, seamos prácticos y apliquemos el sentido común. El corto, el medio y largo plazo hay que tenerlos en mente. Sepamos acompasar los objetivos de los llamados fondos Next Generation, con todos sus epígrafes: la transición ecológica, digital, social y territorial y las igualdades de género con las realidades administrativas y empresariales. Avanzar sin prisas, pero sin pausa.
Sepamos implicar en las decisiones a todos los niveles de la Administración. Las autonómicas y locales son esenciales por su capilaridad hacía la ciudadanía. Las capacidades técnicas y humanas en determinados niveles son las que son. No olvidemos que se está produciendo una descapitalización de talento en la Administración pública, por plantillas desajustadas por las necesidades actuales, que no facilita la gestión de fondos complejos como son los fondos europeos.
Tampoco olvidemos que, al otorgar una ayuda, le debe suceder una justificación y un posterior devengo. No perdamos cantidades económicas por justificaciones incompletas. No olvidemos tampoco que la mayoría de nuestras empresas son pequeñas y medianas. Hagamos fácil su acceso a las ayudas. Estas deberían ser pensadas con base en la realidad socioeconómica que tenemos. Las grandes empresas son las tractoras de inversión innovadora, pero el “cliente” final es el tejido productivo de nuestro país, las pymes.
Estamos ante el mayor reto de modernización de la Administración de nuestro país.