La reunión del Consejo Europeo informal de Granada ha sido un semifracaso positivo. Explico la aparente contradicción. Un Consejo informal, el que organiza la presidencia de turno, es más libre en el temario del orden del día y los debates que los cuatro Consejos Europeos anuales ordinarios y, por supuesto, más que una cumbre extraordinaria que vendrá marcada por una emergencia.

Celebrar una reunión presencial de todos los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros siempre es positivo, puesto que los contactos personales de los mandatarios resultan fundamentales en la diplomacia comunitaria, “los apartes de pasillo” han permitido desbloquear muchos asuntos.

En el Consejo Europeo de Granada –espléndidamente organizado–, además de tratar el tema obligado de la ayuda a la Ucrania agredida y abordar los preparativos de la Agenda Estratégica para la Seguridad y la Defensa (2024-29), figuraban dos cuestiones (centrales): la inmigración irregular y la ampliación pendiente, en las que no se ha avanzado, sin retroceder, que ya es mucho. Ambas cuestiones han topado con el mal que aqueja a la Unión: la unanimidad en la toma de decisiones sea en el procedimiento legislativo del Consejo (de ministros) o en las decisiones políticas orientativas del Consejo Europeo.

Encontrarse enseguida con el humo paralizante de la unanimidad ha sido positivo, ya se sabe dónde está el fuego.

Unanimidad que los últimos tratados (2007) redujeron al ampliar la aplicación de la mayoría cualificada, ordinaria o reforzada, y que por un sistema de “pasarelas” –de la unanimidad prevista a una mayoría cualificada consensuada– puede ser eludida, pero que sigue en vigor en cuestiones de calado (como la inmigración y la ampliación) y que condiciona el desarrollo federal de la Unión.

Polonia y Hungría se han opuesto a la consideración de la inmigración irregular como una cuestión europea, este punto (crucial) ha tenido que ser retirado de la declaración final.

Tampoco ha habido avance significativo en la cuestión (también crucial) de la ampliación. Hay consenso en ampliar, pero no con qué horizonte temporal, qué candidaturas serían prioritarias, qué recursos se destinarán, qué adhesión, si plena o gradual, etcétera.

Sí que se ha convenido que habrá que hacer reformas para poder garantizar “la capacidad de absorción” de nueve candidatos: Albania, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía (dudosa) y Ucrania. Hacer reformas comportará tocar los Tratados y, además de la dura negociación del nuevo tratado –determinados Estados querrán aprovechar la reforma para reconsiderar ciertos progresos “federativos”–, abrir el melón de las ratificaciones.

La fórmula de ampliar con el marco institucional, decisional y presupuestario vigente que algunos Estados sugieren, la mayoría la descarta. Si con 27 miembros las costuras funcionales sufren, con 36 reventarían. Sin olvidar los problemas derivados de las características de los candidatos: pobres –la media de sus PIB per cápita (diciembre 2022) alcanza poco más del 15% de la media de los 27 (34.440 euros)–; resquemores cruzados –las guerras balcánicas quedan cerca (1991-95)–; democracias muy perfectibles –la corrupción corroe las instituciones, Albania y Montenegro se llevan la palma–; Bosnia-Herzegovina, un Estado inviable; Ucrania, un país en guerra y devastado, etcétera.

La reforma, aunque estuviera muy acotada, debería contemplar como mínimo el sistema de toma de decisiones –dejando la unanimidad como gran excepción–, la dotación de recursos, las reglas fiscales, la política agrícola común –Ucrania, potencia cerealista, desequilibraría la agricultura de la Unión– y la política de seguridad y defensa.

Para prevenir imitaciones de Polonia y Hungría habría que ratificar la lealtad al proyecto europeo: “Una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa”, artículo 1 del Tratado de la Unión, así como los principios del artículo 3, que distinguen moral y políticamente la Unión de cualquier otro proyecto supranacional.

La tarea que espera a los candidatos, que deben cumplir con los exigentes requisitos de adhesión, y a las instituciones, que deben acogerlos, es ingente.

Será la penúltima o última ampliación de la Unión. Que será problemática está asegurado –los Balcanes son un avispero étnico, religioso y cultural–, que significará un cambio geopolítico, también –el eje comunitario se desplazará al sur–, que sea letal para el proyecto de unión política quedando en simple mercado económico –ni este estaría garantizado– es un riesgo para tener muy en cuenta.

Esa letalidad posible de la ampliación es lo que esperan, e intervendrán todo lo que puedan para que se produzca, los muchos enemigos de la Unión, empezando por los internos –las ultraderechas al frente– y, principalmente, el exterior que tiene sus ejércitos a las puertas de Europa, ensayando en Ucrania.

Confiemos en la resiliencia de la Unión, virtud invocada tres veces en la Declaración de Granada.