La derecha española es incorregible. El martes, en el debate de admisión de la reforma del reglamento del Congreso que facilita el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara, el portavoz del PP, Borja Sémper, utilizó el euskera y el castellano en su intervención. Era una paradoja porque Sémper utilizó el euskera para negar la necesidad del uso del idioma vasco en el Congreso, pero ni aun así fue entendida su ironía entre la mayoría de la bancada popular, que expresó en los pasillos su malestar. No digamos ya la reacción de Vox a las palabras de Sémper y de otros portavoces que se expresaron en catalán, euskera y gallego. La respuesta fue abandonar el hemiciclo y depositar los pinganillos en el escaño de Pedro Sánchez.

Sémper habló en los dos idiomas con permiso de la dirección del PP, y pese a que el día antes había asegurado que utilizar las lenguas cooficiales era “hacer el canelo”. Ayer, sin embargo, renunció al euskera –solo saludó— y dedicó su intervención a criticar con dureza la iniciativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que fue aprobada definitivamente por 180 votos a favor y 170 en contra. El cambio de actitud sirvió para que los diputados del PP ovacionaran a su díscolo portavoz.     

Lo que ocurrió el martes y ayer en el Congreso es un reconocimiento simbólico de las lenguas cooficiales como lenguas españolas, unas lenguas que, como diría Elías Canetti, quedan absueltas de sus supuestos peligros para la unidad de España o para la lengua común, el castellano. En este sentido, cuando los nacionalistas o independentistas utilizan el término español para referirse al castellano están diciendo que sus lenguas cooficiales no son españolas y son mucho más coherentes que los españolistas cuando llaman español al castellano porque están induciendo a creer que las otras lenguas no son españolas.

Pero sí lo son y por eso es un avance que se admita su uso en el Congreso, lo que significa que el principal órgano de representación de la voluntad popular se parece mucho más a España ahora que cuando el plurilingüismo no se permitía. La reforma llega tarde porque en el Senado se permite el uso de las lenguas cooficiales desde el 2005 en la Comisión General de las Comunidades Autónomas y desde el 2011 en el pleno, sin ningún escándalo y con tal discreción que mucha gente lo desconocía. ¿Por qué en el Senado sí y en el Congreso no? ¿A qué viene tanta escandalera? Se han llegado a decir y escribir barbaridades como las referencias a Yugoslavia, al golpe de Tejero, a la España del pinganillo o a la Torre de Babel “artificial”.

España, sin embargo, ni se rompe ni se vende porque la realidad lingüística plural del país se refleje en el Congreso. Ni atenta contra la igualdad ni es un elemento de división y de discordia, sino, al contrario, puede contribuir a que los representantes políticos y los ciudadanos de las comunidades bilingües se sientan más satisfechos e integrados al ver reconocidos sus derechos lingüísticos. Eso, evidentemente, no va a ocurrir con todos porque los independentistas irreductibles no van a ceder en sus exclusiones. Los primeros, Junts, cuya portavoz, Míriam Nogueras, ya ha dicho que solo va a hablar en catalán en la Cámara, sin utilizar nunca el castellano, sin tener en cuenta –como sí lo hacen ERC, el PNV o Bildu- que no todos sus electores son monolingües en catalán o en euskera, respectivamente.

El único reproche que se le puede hacer a la reforma, además de su tardanza en llegar, es que sólo se ha aprobado cuando Sánchez y el PSOE han necesitado los votos de los nacionalistas e independentistas para nombrar presidenta de la Cámara a la socialista Francina Armengol y para la posterior investidura del presidente del Gobierno en funciones.

Pero el cambio ha llegado para quedarse, como pasó en el Senado, porque es muy dudoso que el PP, cuando gobierne, se atreva a dar marcha atrás en una cuestión que dentro de poco se vivirá con la normalidad con que transcurre en la Cámara alta. De hecho, el PP votó en contra cuando se aprobó la medida en el Senado, pero la mantuvo mientras tuvo mayoría absoluta en la Cámara alta entre 2011 y 2019.