El 1 de junio de 2018, mediante una moción de censura a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez consiguió ser elegido por primera vez presidente del Gobierno. Después de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, un Ejecutivo monocolor del PSOE fue sustituido por uno de coalición con Unidas Podemos.

En el último lustro, la evolución de la economía española ha estado lastrada por dos acontecimientos mundiales: la pandemia del Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania. El primero provocó la mayor caída anual del PIB (11,3% en 2020) en tiempos de paz desde 1868, y el segundo contribuyó decisivamente a generar la inflación más elevada (10,8% en julio de 2022) desde septiembre de 1984.

Desde mi perspectiva, la gestión económica de los gobiernos de Pedro Sánchez es merecedora de un notable. Como cualquier otra, ha tenido luces y sombras. No obstante, las primeras superan claramente a las segundas. Sus principales éxitos han sido:

a) La consecución de un récord de ocupación. En junio, o como muy tarde en septiembre, la economía española alcanzará el máximo número de ocupados. La anterior marca corresponde al tercer trimestre de 2007 con 20.753.400 empleos. Para lograr el récord en el segundo de 2023, el país deberá crear más de 300.600 puestos de trabajo. Una cifra fácilmente alcanzable, si el mercado laboral va igual de bien que durante el mismo período del pasado año (383.300 empleos generados).

b) Un incremento de la calidad del empleo. La reforma laboral aumentó la calidad de la ocupación al incrementar el número de asalariados fijos en 1.684.800 y disminuir los temporales en 1.310.800. En 2021, según la Encuesta de Estructural Salarial, la remuneración de los primeros excedió en un 38,5% la de los segundos.

El acierto de la nueva legislación estuvo en la limitación de las causas de contratación eventual. Uno de sus resultados fue una gran caída de la tasa de temporalidad, pues entre diciembre de 2021 y marzo de 2023 descendió desde el 25,4% al 17,2%. No obstante, lo hizo mucho en el sector privado, donde pasó del 23,9% al 13,7%, pero nada en el público. En este, en la última fecha era superior a la inicial (31,3% versus 31%).

c) Un elevado aumento del poder adquisitivo del salario mínimo (SMI). En el último lustro, si la inflación media en 2023 se sitúa en un 3,5%, el incremento de la remuneración real de los perceptores del SMI habrá crecido un 26,5%. Un aumento sustentado esencialmente en la gran subida de 2019, un ejercicio donde dicho salario ascendió desde 735,9 a 900 € y su poder adquisitivo creció un 21,3%.

Dicho incremento contrasta con la pérdida de retribución real sufrida por los trabajadores protegidos por un convenio y con las decretadas por otros presidentes del Gobierno. En el primer caso, la clave estuvo en el ejercicio de 2022. Los sindicatos priorizaron el mantenimiento de los puestos de trabajo a la conservación del poder adquisitivo de los empleados y aceptaron una subida salarial (3,1%) muy por debajo de la inflación media (8,4%).

En el segundo, la explicación está en la mayor protección por parte del ejecutivo actual que de los precedentes de los trabajadores peor pagados. En este tema, la intervención de Unidas Podemos fue decisiva. En primer lugar, en el Congreso y, posteriormente, desde el Ministerio de Trabajo. La comparación con otras etapas no ofrece lugar a dudas. Con Rajoy y Zapatero, el SMI aumentó un 8% y 16,4%, respectivamente. En cambio, disminuyó un 5% y 7,7% con Aznar y González.

d) La instauración del tope al precio del gas natural.  El mecanismo vigente de fijación de precios de la electricidad conduce a que la tecnología de producción más cara determine la cuantía percibida por todas. Para reducir la factura de los hogares y las empresas, los líderes de España y Portugal pidieron desligar parcialmente el importe del gas (la materia prima más onerosa) del de la luz.

Después de una larga negociación, en la reunión del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo de 2022 ambos consiguieron la aprobación de su plan. No obstante, su aplicación empezó el 14 de junio, pues la Comisión Europea tardó en dar su plácet. Inicialmente, su repercusión sobre el precio de la luz estuvo por debajo de lo previsto

A partir de septiembre, cuando aumentó notablemente la producción de energía eólica y fotovoltaica y disminuyó la demanda de electricidad debido al menor consumo de aire acondicionado, sus efectos fueron considerables. La elevada disminución del precio de la luz en España ha contribuido decisivamente a reducir la inflación y a situar ésta por debajo del nivel de la zona euro. En junio de 2023, la primera ascendió a un 1,6% y la segunda a un 5,5%.

e) La aplicación de los ERTE por fuerza mayor y la prohibición de realización de despidos objetivos durante la pandemia. Dichas medidas permitieron a los trabajadores disponer de un contrato laboral en vigor y obtener una remuneración mensual, aunque no pudieran trabajar para sus empresas. Entre enero y diciembre de 2020, sus efectos impidieron un elevado aumento de la tasa de paro, pues esta solo creció desde 13,8% al 16,1%. Sin ellas, la anterior tasa hubiera superado con holgura el 30%.



Entre los fracasos destacan:

a) La tardía recuperación del PIB previo a la pandemia. En marzo de 2023, España ha recuperado la producción lograda en diciembre de 2019. Por tanto, nuestro país ha tardado tres años y tres meses en alcanzarla y ha sido uno de los que lo ha hecho más tarde. Dentro de la Unión Europea (UE), ha sido la antepenúltima nación que lo ha conseguido, pues en el primer trimestre del actual año solo Alemania y Chequia no la habían obtenido.

Las principales claves de la tardía recuperación fueron la gran crisis del turismo en 2020 y 21, la escasez de ayudas directas a empresas y un confinamiento más largo de la población que en el resto de Europa. En el primer semestre de 2020, por los motivos anteriormente descritos, el PIB español disminuyó un 22,3%. Constituyó la caída más elevada de la producción de la UE, pues la media del área se situó en un 13,7%, y el mayor lastre para la completa recuperación de la actividad económica.

b) Una reforma ineficaz de las pensiones. Los cambios legislativos efectuados por el ministro José Luis Escrivá generan dudas adicionales sobre la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. El aumento de los ingresos logrado vía cotizaciones sociales será inferior al incremento de los gastos derivado de la masiva jubilación de la generación del baby boom (los nacidos entre 1958 y 77) y la revalorización de las pensiones en base a la inflación media anual.

Por tanto, el déficit de la Seguridad Social crecerá, ya sea el propio o el generado a la Administración Central, y un próximo Gobierno deberá legislar para reducirlo. Para lograr su propósito, puede incrementar sustancialmente las cotizaciones, alargar la edad de jubilación ordinaria o disminuir progresivamente el poder adquisitivo de las pensiones. Lo más probable es que combine dos o tres de las medidas indicadas.

c) El escaso impacto del Ingreso Mínimo Vital. El Ingreso Mínimo Vital constituye una buena idea, mal ejecutada. Deberían percibirlo 800.000 hogares, pero después de tres años solo lo reciben 284.000 familias (un 35,5%). Las principales razones de su escaso éxito son el desconocimiento de la prestación, la creencia de que no se la concederán, el rechazo de la solicitud por falta de documentación y la incapacidad para reunir la exigida

Una vez más, la Administración se pega un tiro en el pie y complica de forma extraordinaria las peticiones. Por un lado, por pedir excesivos documentos. Por el otro, por la obligatoriedad de tramitar electrónicamente las solicitudes, dada las escasas competencias digitales de numerosos beneficiados potenciales.

El ministro José Luis Escrivá y sus asesores pretenden facilitar el trabajo de sus funcionarios, en lugar de intentar que estos ayuden a los ciudadanos a obtener la prestación. En la actualidad, lo primero es lo que hay y lo segundo lo que debería existir. Una extensa reforma de la Administración Pública ni está prevista ni ningún partido la propone.

En definitiva, las repercusiones del Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania han dificultado notablemente la gestión económica del Gobierno. No obstante, éste ha hecho frente a los problemas con bastante éxito. Dentro del área económica, la ministra más destacada ha sido Yolanda Díaz y el más flojo José Luis Escrivá. Sin la primera, mi calificación habría disminuido desde el notable al aprobado raspado.