La ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, seguirá intacta después del fracaso de la reforma que se debatía en el Congreso de los Diputados. La ley fue aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP y su derogación fue una de las promesas del Gobierno de coalición, pero ni siquiera ha salido adelante la reforma, abandonada ya hace tiempo la ilusión de la revocación total.

El fracaso es tal que la reforma no ha logrado pasar de la comisión correspondiente del Congreso ni llegar al pleno. Y el fracaso es más lamentable porque los partidos se habían puesto de acuerdo en la reforma de al menos 36 artículos de los 54 de que consta el texto. Sin embargo, el desacuerdo en cuatro preceptos ha arruinado todos los esfuerzos con el resultado de que la ley del PP, criticada por los partidos de izquierda y por numerosas asociaciones cívicas, seguirá vigente.

En este caso se puede aplicar perfectamente el refrán de que lo mejor es enemigo de lo bueno o que el todo o nada ha acabado con la reforma. Al no conseguirse lo mejor –derogar o reformar casi toda la ley—, se ha impedido lograr lo bueno: la reforma de lo sustancial de la norma, que es un recorte de las libertades de manifestación y de expresión y cierta impunidad de las fuerzas de seguridad en la imposición de sanciones por conductas que no merecen el castigo.

La reforma ha fracasado porque dos de los socios del Gobierno, ERC y EH Bildu, no han cedido en cuatro exigencias: la prohibición de las pelotas de goma, la rebaja de sanciones por desobediencia a la policía o por la falta de respeto a los agentes y el veto a las devoluciones en caliente de migrantes (por ejemplo, en las vallas de Ceuta y Melilla). Al no haber acuerdo en estos puntos, la reforma de la ley fue rechazada por 19 votos (PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, ERC, Bildu y Grupo Mixto) frente a 18 (PSOE, Unidas Podemos y PNV).

La prohibición del uso de pelotas de goma o el veto a las devoluciones en caliente son objetivos legítimos, pero que no debieran haber impedido la reforma. Y más cuando, según Enrique Santiago, ponente de UP en la comisión, en la nueva ley no se mencionaban en ningún momento las pelotas de goma porque su regulación corresponde a otros textos legales, y las devoluciones en caliente fueron aceptadas por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2020 y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en febrero de ese mismo año.

Es seguro que las diversas protestas de la policía y de la Guardia Civil contra la reforma han influido en la prudencia de los partidos del Gobierno para acotar los cambios, así como las acusaciones de desprotección del Estado suscitadas a raíz de la supresión del delito de sedición.

Para no desentonar con lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, el ala más dura de UP –Ione Belarra, Pablo Echenique y Pablo Iglesias— ha culpado al PSOE del fracaso, pese a que han votado lo mismo, y han salvado a ERC y Bildu, a los que, sin embargo, sí que han responsabilizado de la ruptura de Izquierda Unida y los comunes. Es decir, que también han aflorado las discrepancias en el seno de UP.

Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya acusado a ERC y Bildu de romper la mayoría de la investidura por razones electoralistas, no está nada claro que el todo o nada vaya a ser rentable en términos electorales. Sobre todo porque el resultado del empecinamiento en lograr la perfección es el mantenimiento de los defectos que se querían subsanar. Quizá por eso, al día siguiente del fiasco, ERC anunció que intentará presentar una nueva iniciativa para reformar la ley, que, a falta de acuerdo con el PSOE, está destinada al fracaso.

Entre los puntos de la reforma ya acordados y que ahora decaerán destacan la rebaja de las sanciones de acuerdo con la renta del denunciado; la reducción de las cuantías máximas en las infracciones leves y graves; el paso de grave a leve de la tenencia de cannabis y otros estupefacientes; la posibilidad de manifestarse sin comunicación previa, siempre que no haya violencia ni alteración del orden público; la obligación de que la policía advierta a los manifestantes antes de actuar con material antidisturbios; la inclusión en la formación de las policías de la “mediación” en los conflictos; la supresión de infracción grave para las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados; la eliminación de sanciones por la toma o difusión de imágenes de las actuaciones policiales; la reducción de seis horas a dos en las identificaciones en comisaría y la identificación por “simples cuestiones físicas” para evitar los motivos étnicos; la rebaja en la presunción de veracidad de los agentes, y la supresión de sanciones para okupaciones y el top manta. La versión más dura de todo esto seguirá vigente por una oportunidad perdida que quizá no se vuelva a presentar.