Estos días hemos sabido que la Plataforma per la Llengua recibió en 2022 subvenciones de la Generalitat, sin mediar concurrencia pública, por valor de 512.000 euros, además de los 135.000 previstos en los presupuestos autonómicos. Un dinero que sirve para impulsar campañas tan surrealistas como la titulada “Aturem la castellanització de TV3”.

TV3, esa televisión pública (de todos los catalanes) en cuyo libro de estilo (manual de uso, punto 2.1.1.6.4) se dice que “en igualdad de méritos y cualidades, preferimos tertualianos que se expresen en catalán”, lo que constituye una coartada sutil para no invitar nunca a los castellanohablantes. TV3, esa televisión pública (de todos los catalanes) donde un periodista es capaz de retirar el micrófono a una ciudadana a la que se ha dirigido en directo porque esta le pide que le formule la pregunta en español. TV3, esa televisión pública (de todos los catalanes) donde una entrevistadora preguntó a Inés Arrimadas, tras ganar las elecciones de 2017, cuántas palabras había pronunciado en catalán en su discurso de celebración del éxito en aquellos comicios…

Los ejemplos serían infinitos, pero recientemente se produjo un hecho realmente ilustrativo, que fue denunciado en redes sociales por Escuela de Todos. El programa Tot es mou del 23 de febrero se hizo eco de un problema de falta de profesores en un instituto de Canet de Mar. Entrevistaron al jefe de estudios y este respondió en español. Tras despedir la conexión, todos los tertulianos censuraron esta “osadía”. En concreto, la periodista Gemma Aguilera, la más incisiva, afirmaba: “Perdonad. Querría matizar una cuestión… que un jefe de estudios de un instituto de Cataluña… no sea capaz de mantener una conversación básica en catalán, no sé si es una decisión propia de militancia política o es una cuestión de incapacidad lingüística. Pero me ha llamado mucho la atención que el jefe de estudios del centro sea incapaz de mantener una conversación de conceptos básicos en catalán. Y eso me preocupa porque luego estamos sufriendo por el 25% del castellano en las escuelas y tenemos personas que están al frente y que han. de alguna manera, entre comillas, dar ejemplo porque que yo sepa aún rige la inmersión lingüística en las escuelas. Solo quería decir que me preocupa bastante. No sé si es una decisión personal de no querer hablar en catalán o es que no sabe, pero en todo caso quería hacer este pequeño matiz”.

El comentario es inaudito. Y lo es por varios motivos. En primer lugar, porque Aguilera da a entender que alguien que es jefe de estudios en un centro de enseñanza secundaria de Cataluña quizás no sabe hablar catalán. En segundo lugar, porque acusa a una persona que ya no puede defenderse (se ha cortado la conexión), y ante una audiencia considerable, de actuar desde su cargo con una intencionalidad política de la que, obviamente, no tiene ninguna evidencia (piensa el ladrón…). Y, en tercer lugar, porque (a no ser que desconozca el tema) manipula a la audiencia al afirmar que todavía rige la inmersión lingüística, cuando la jurisprudencia es nítida al apuntar que todas las lenguas oficiales de España han de ser vehiculares en los centros de enseñanza de los territorios donde están reconocidas como tales. Todo esto sin que nadie replique.

¿Por qué suceden estas cosas? Porque se ha normalizado el desprecio institucional de la que para colmo es la lengua mayoritaria de los catalanes y que, en todo caso, es una de las lenguas de uso habitual en nuestra comunidad. Basta ver que las autoridades de la Generalitat (incluido José Montilla) jamás se dirigen a la ciudadanía en español.

Lo señalaba hace unos meses al hilo de despropósitos similares al que acabo de comentar e insisto ahora: no solo no debemos acomplejarnos por ser castellanohablantes, sino que hemos de ser nosotros los que reaccionemos con contundencia ante este tipo de comportamientos absolutamente incompatibles con una democracia sana. Nosotros y los muchos catalanohablantes que apuestan con firmeza por la convivencia lingüística.

La labor de Ciudadanos en este sentido ha sido y es especialmente meritoria (a ellos se debe la normalización del uso del español en el Parlament), como también lo es la del movimiento cívico constitucionalista al que, como demuestran los informes del propio CAC, apenas se le da voz en TV3… Es evidente que todo buen proceso de uniformización busca demonizar (caso de Ciudadanos) o invisibilizar (caso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe) a quienes no acatan el discurso oficial. De quienes concebimos las lenguas como instrumentos para el entendimiento, que somos muchos más de los que parece, depende el éxito o el fracaso del nacionalismo lingüístico. Exijamos sin complejos que la vida institucional sea reflejo de nuestra realidad social. Es un argumento imbatible.