Según la Guía de Tratados bilaterales con Estados, desde 1856, cuando se determinó la frontera en la desembocadura del río Bidasoa, España ha suscrito con Francia 187 instrumentos internacionales de todo orden.

No es de extrañar tan elevado número –aunque con Portugal desde 1835 solo se han firmado 114—. La vecindad territorial obliga a resolver numerosas cuestiones, que van del jalonamiento de la línea fronteriza a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de los respectivos nacionales. Francia y España han ido mucho más allá: cooperación en el ámbito de la defensa (1983 y 1985), reconocimiento de la doble titulación de Bachiller y de Baccalaurèat (2008), confidencialidad de los Ministerios de Defensa en relación con el intercambio de determinada información (2018), doble nacionalidad (2021), entre otras muchas facilidades mutuas.  

Aun así, el Tratado más significativo será el que se firme en Barcelona este jueves sobre Amistad y Cooperación Reforzada. De este rango y contenido, Francia solo había suscrito los tratados con Alemania (1963) e Italia (2021). La cooperación reforzada es bilateral, no de las previstas en el Tratado de la Unión Europea (2008).

El logro del Tratado se debe a la habilidad negociadora de Pedro Sánchez y a la necesidad de Emmanuel Macron de reajustar la estrategia francesa después del Brexit y del actual bajo nivel de entendimiento con la Alemania del canciller Olaf Scholz, que quiere reducir la primacía política francesa en Europa.

Con frecuencia, las relaciones entre Francia y España han sido tensas, más en determinadas etapas y regímenes que en otros momentos y circunstancias. Basta recordar los  campos de internamiento de refugiados republicanos españoles en 1939, en particular el de Argelès-sur-Mer; las aspiraciones territoriales de Franco en el norte de África a costa de las posesiones francesas; el cierre francés de la frontera española de 1946 a 1948; el refugio español a miembros de la OAS y el refugio francés a terroristas etarras; el entorpecimiento francés de las negociaciones de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea; la política antifrancesa de José María Aznar, etcétera.

Todo eso es agua pasada. El encauzamiento hacia una relación bilateral, igualitaria y privilegiada con Francia se inició en 1983 con Felipe González y el ministro Fernando Moral, que fue acogida favorablemente por el presidente François Mitterrand.

Hoy, la realidad es muy distinta. Francia es el primer socio comercial español y España es su segundo cliente. Francia es el cuarto país inversor en España por delante de Alemania y tiene más de 2.000 filiales en España, que emplean a casi 300.000 personas. Las empresas españolas están presentes en Francia a través de 1.300 sucursales y dan trabajo a más de 55.000 personas. En Francia residen oficialmente 275.000 españoles y en España, 125.000 franceses.

La red escolar francesa en España, con 22 centros educativos, es la más importante en Europa. El francés es el segundo idioma extranjero que más se imparte en España, con 1,4 millones de alumnos, lo que representa el 16% de la opción lingüística extranjera en España, aunque de manera desigual, según las comunidades. En la Cataluña fronteriza, solo el 8,7% del alumnado opta por el francés, perjudicado por la ideología de los gobiernos independentistas de la Generalitat. En Francia, más de 3,25 millones de alumnos de secundaria aprenden español.

Francia y España forman un bloque continental de 1.057.685 kilómetros cuadrados. La distancia de Cádiz a Estrasburgo es de 2.200 kilómetros, la misma que de Estrasburgo a Sumy, ciudad de Ucrania en la frontera con Rusia. Francia y Alemania –el eje francoalemán, que ha sido fundamental en la construcción europea— suman 863.578 kilómetros cuadrados sin profundidad continental. La distancia de Estrasburgo a Berlín es de 760 kilómetros, menos que los 993 kilómetros de Barcelona a Sevilla.

En tiempos de misiles hipersónicos la geografía, factor de la geopolítica, continúa siendo determinante, dado que la mayor parte de la vida en todos los sentidos se desarrolla en y por tierra.

Un eje político franco-ibérico con la incorporación de Portugal, que ya participa con España y Francia en el proyecto del gaseoducto Barcelona-Marsella, será un motor europeo de primer orden, aportando a la UE una atención estratégica especial hacia el Mediterráneo “Sur”, cuya estabilidad es absolutamente imprescindible para Europa.

Frente a estas perspectivas, el llamamiento de Puigdemont y compañía, secundado por ERC, a reventar la cumbre del 19 de los “dos Estados represores” –el de aquí y el de Catalunya Nord— suena a un pasado procesista nihilista e irritante.  

Pere Aragonès, invitado a la reunión por cortesía del anfitrión, debería declinar la asistencia por lealtad institucional, dado que su partido se manifestará en la calle contra la cumbre. Lamentablemente, la lealtad institucional es una carencia crónica de las autoridades independentistas de la Generalitat, que ya tuvo que denunciar el jefe del Estado en su alocución de aquel 3 de octubre.