El mes de enero se presenta cuesta arriba para ERC después de cerrar un 2022 exitoso con notables hitos. Recordemos que Pere Aragonès logró deshacerse de Junts sin que la salida de estos del Govern, por decisión propia y fruto de sus muchas contradicciones, le obligara a someterse a una moción de confianza ni comportara un adelanto electoral inmediato. Además, Aragonès supo rehacer su Ejecutivo con incorporaciones al frente de algunas consejerías de figuras provenientes de otros espacios políticos (PSC, CDC y Podem), como Joaquim Nadal, Carles Campuzo y Gemma Ubasart, lo que le permitió enfatizar un discurso de supuesta centralidad obviando su minoría absoluta parlamentaria. Y, finalmente, ERC logró en Madrid exprimir todo el jugo posible a la “desjudicialización” del procés con la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación. En términos prácticos, los republicanos se acercaron bastante a su objetivo de amnistía.

La operación debía completarse con la aprobación de unos presupuestos para 2023 expansivos antes de finales de año, lo que habría revalidado la débil presidencia de Aragonès. Sin embargo, no ha sido así, y hoy por hoy lo tiene difícil porque sus antiguos socios no le van a votar las cuentas si ERC no regresa a la confrontación y se rehace la unidad del independentismo bajo una estrategia compartida, aunque hoy todos saben que eso es una quimera. Tampoco el PSC está dispuesto a apoyarle los presupuestos si ERC no acepta todas sus condiciones en política de inversiones, mediante una negociación que evidencie el empate entre ambas fuerzas políticas. En su lugar, los republicanos buscaban, después de pactar el apoyo de los comunes, una adhesión a los mismos, llevando a cabo un movimiento envolvente sobre los socialistas con el concurso de los agentes sociales (sindicatos, empresarios y tercer sector) que, a principios de diciembre, exigieron que se aprobaran pronto los presupuestos.

En medio de este impasse, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para intentar justificar lo mucho que ha arriesgado electoralmente el PSOE con las concesiones a ERC, se descuelga con unas inoportunas declaraciones en las que enmarca la celebración de la cumbre franco-española en Barcelona con el fin del procés. Para Bolaños, esa cumbre en la capital catalana iba a ser el reflejo de la Cataluña pacificada, que ha dejado atrás la tensión secesionista del 2017, gracias al diálogo entre gobiernos, etcétera. Inmediatamente, Junts ha visto la oportunidad de chafarle la guitarra con una movilización callejera junto a la ANC y Òmnium. Pero lo más sorprendente es que ERC, en parte por miedo de que se le vuelva en contra, se apunta al pancartismo con el argumento de protestar contra el mensaje gubernamental de que el procés esté muerto y enterrado. Va a ser chocante ver a Aragonès asistiendo a la cumbre, saludando a Macron y Sánchez, mientras su partido se manifiesta contra un encuentro que principalmente se hace para rubricar el acuerdo francoespañol de construcción de un corredor de hidrógeno entre Barcelona y Marsella. Una nueva demostración de hasta qué punto el separatismo es dañino para Cataluña. Al igual que ya sucedió en la Diada, ERC saldrá muy probablemente escaldada de esa jornada de protestas, y encima sin presupuestos. La cuesta de enero se le hará muy larga.