Cataluña ha iniciado el año sin presupuestos, con la prórroga obligada de los de 2022, mientras se mantienen intensas negociaciones, sobre todo entre ERC y el PSC, para alcanzar un acuerdo que rompería los bloques independentismo-no independentismo y significaría un vuelco importante en la política catalana, estancada entre los prejuicios y las consignas irreales.

Ambos partidos, igualados a 33 escaños en el Parlament, han mantenido ya una quincena de reuniones cuyo resultado oscila –unos días el acuerdo está cerca y otros se aleja—, nada nuevo por otra parte en cualquier negociación, que también depende de quién haga el balance: mientras el Govern proclama que el acuerdo está casi hecho, los socialistas aseguran que “no habrá pacto hasta que esté todo acordado”. Aunque ya ha habido acuerdo en 147 partidas por valor de más de 5.000 millones de euros, el PSC resume su posición en “o todo o nada”. 

La situación es complicada porque paralelamente ERC negocia, aunque con menos intensidad, con su exsocio Junts per Catalunya (JxCat), algunas de cuyas propuestas son incompatibles con las del PSC. Además, ERC ha reconocido que fue un error pactar primero con En Comú Podem, lo que condiciona el acuerdo con el PSC porque los comuns rechazan categóricamente las grandes exigencias socialistas para apoyar las cuentas.

Estas exigencias son la ampliación del aeropuerto de El Prat –el PSC quiere que se aborde en el primer semestre del año—; el proyecto de ocio Hard Rock Café, junto a Port Aventura, que los comuns califican de “sangría y ludopatía”, y que los socialistas reclaman que se inicie este año, y el cuarto cinturón en el Vallès, proyecto que el PSC pide que se firme en dos meses. A los tres grandes proyectos se opone ERC, además de los comuns.

Entre ERC y el PSC se mantienen también discrepancias en otros dos temas: los socialistas exigen control parlamentario de las subvenciones a los medios de comunicación en catalán y del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Los republicanos no están dispuestos a renunciar a la concesión de las subvenciones desde el Govern porque no en vano son un medio de fomentar el clientelismo y de influir en la línea ideológica de los medios de comunicación, ni a dejar de supervisar las encuestas del centro oficial de la Generalitat. El segundo tema es la demanda del PSC de que se congele la apertura de delegaciones en el extranjero, las llamadas embajadas, y se revisen las que están en marcha (siete de 20), que ERC quiere consolidar sin abrir de momento otras nuevas.

A todas estas peticiones, los republicanos contestan que son de carácter extrapresupuestario y no deben incluirse en la negociación de las cuentas, un argumento frágil si tenemos en cuenta que ERC condicionó su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a los indultos, primero, y después a la derogación del delito de sedición y a la reforma del de malversación, cuestiones estrictamente políticas que no tenían un reflejo en los presupuestos. El PSC le devuelve ahora la pelota a ERC para que pruebe su propia medicina.

Una alternativa a la negociación con el PSC es un acuerdo entre ERC y JxCat, que chocaría con el pacto con En Comú Podem, por ejemplo en la política fiscal. ERC y comuns ya han acordado la creación de nuevos impuestos y la subida de otros, mientras que JxCat lo que pide es lo contrario: bajar el IRPF y el impuesto de sucesiones.

Superada por la aritmética parlamentaria la oposición inicial de Oriol Junqueras a pactar con los socialistas, la solución más segura sigue siendo un pacto entre el Govern de ERC y el PSC que, con los comuns, daría una suma de 73 escaños en el Parlament, cuando la mayoría absoluta es de 68. Porque el refugio en la prórroga presupuestaria sería una pésima salida, que rebajaría las cuentas en unos 3.000 millones de euros e impediría a ERC gobernar en solitario con solo 33 diputados. No habría más remedio que convocar elecciones anticipadas, que nadie quiere ahora. Por el contrario, el pacto rompería el bibloquismo y aportaría madurez y realismo a la política catalana.