Corren tiempos de hipérbole y dramatización. La decisión del pleno del Tribunal Constitucional, por una ajustada mayoría de 6 a 5, de ordenar la retirada de las enmiendas en el trámite del Senado que modificaban su propia renovación ha sido recibida con gran indignación y aspaviento por parte de la izquierda política y mediática. Se ha dicho y escrito que estamos asistiendo al fin de la separación de poderes, de la democracia en España y de no sé cuántas cosas más. Sinceramente, no comparto ese alarmismo, aunque la erosión institucional es grave y preocupante. No es que me guste el fallo del tribunal, pues no entiendo la imperiosa necesidad de las cautelarísimas. Ahora bien, es evidente que la manera como se quería reformar dos leyes orgánicas tan importantes, por mucho que el objetivo fuera romper el injustificado e irresponsable bloqueo al que la derecha tiene sometidos a los órganos constitucionales, era una chapuza que antes o después hubiera sido declarada inconstitucional. Espero que en adelante se abandone esa técnica torticera de modificar leyes aprovechando cualquier otra reforma, sin respetar las formas, también por parte del PP, que lo ha practicado en el pasado.

Que el Gobierno mezclase en un mismo acto la renovación del TC con la reforma del Código Penal para los delitos de sedición y malversación solo se podía entender como una manera de camuflar lo que a todas luces era una decisión que para Pedro Sánchez tenía un coste entre una parte de su electorado, desconcertado antes ciertas cesiones inexplicables a ERC. Como táctica era hábil: se polarizaba el debate y el foco mediático pasaba a ponerse en lo primero y no en la sedición/malversación. Exactamente así ha ocurrido. Pero la jugada le ha salido mal porque la mayoría conservadora del TC no estaba dispuesta a capitular sin dar una última batalla. La izquierda se ha equivocado cogiendo un atajo lleno de trampas, particularmente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que acumula muchos errores y parece estar muy mal informado en asuntos jurídicos, concretamente sobre el recurso previo de inconstitucionalidad, cuya supresión esgrime como argumento para afirmar que el TC se ha saltado la Constitución.

Ahora toca hacer las cosas bien, sin atropellar el derecho a la participación parlamentaria de la oposición. Es evidente que la calidad jurídica del actual TC tampoco es la mejor de todos los tiempos. Lo vimos cuando declaró nulo el estado de alarma para hacer frente a la pandemia, dejando como única alternativa el estado de excepción. Fue un auténtico disparate. Hace años que urge una reforma constitucional, pero como vemos es imposible, incluso para asuntos menores, terminológicos o cuestiones que técnicamente no suscitarían muchas discrepancias. Vamos cavando un pozo cada vez más hondo de inoperancia y bloqueo. La mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno no tiene otra que acatar, quejarse sin dramatizar, y entre todos bajar el tono bronco que no sirve para nada.