Paradójicamente, el enorme escándalo sociopolítico provocado por las consecuencias retroactivas de la ley del solo sí es sí ha acabado actuando de cortafuego y quemado completamente la propuesta de ERC de reformar el delito de malversación. No habrá modificación para aquellos casos en los que no hay enriquecimiento personal o de allegados, tal como pretendían los republicanos con el fin de evitar nuevas condenas para algunos dirigentes de su formación acusados de organizar el 1-O, particularmente para los diputados Lluís Salvadó y Josep M. Jové, a los que ya se les ha notificado la apertura de juicio oral en el TSJC. Con esa modificación se quería facilitar también que Oriol Junqueras pudiera en breve volver a ocupar cargos públicos. Lo que pareció primero que sí, enseguida se vio que no.

Todo empezó el lunes de la semana pasada, cuando tanto Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de UP en el Congreso, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, abrieron la puerta a la propuesta de ERC. Sin embargo, fue significativo que el portavoz de UP, Pablo Echenique, dijera ese mismo martes que Asens hablaba solo como jurista o en nombre de los comunes, pero que el asunto tenía aristas y no se había debatido aún en Podemos. Y sobre todo que el miércoles el líder del PSC, Salvador Illa, quisiera enfatizar en una entrevista en el canal 24 horas que él “solo se sentía cómodo” con la propuesta gubernamental de eliminar la sedición, mientras que lo de reformar la malversación ya se vería, y que él “solo se reconocía en lo primero”. Illa no forma parte del Consejo de Ministros, claro está, pero sus declaraciones reflejaban ya un desmarque del PSOE para que el asunto muriera por inanición.

Los socialistas vieron el humo de un nuevo y grandioso incendio si, como consecuencia de modificar la malversación para favorecer los intereses de ERC, empezaban a revisarse multitud de condenas por corrupción, desde la Gürtel hasta los ERE de Andalucía. La operación quirúrgica que pedía Gabriel Rufián, que malversar dinero público por el procés dejara de ser delito, resultaba imposible sin que afectase retroactivamente a otros casos. Lo que ERC intentaba lograr, y el Gobierno parecía dispuesto a conceder, era lo más parecido a una amnistía vía reforma del Código Penal. Para la sedición sí es factible, y así se aprobará mañana en el Congreso, pues no hay nadie más en España condenado por ese delito. Pero para la malversación, es decir, para lo que popularmente llamamos corrupción, no es viable sin que se produzca una cascada de revisiones de otras condenas, lo que generaría un escándalo de tal magnitud que dejaría completamente frito al Gobierno de izquierdas. Si ahora la oposición acusa al Ejecutivo de sacar de la cárcel a violadores, no cuesta nada imaginar cuáles serían los titulares.

Digamos que la pifia de la ley de Irene Montero ha puesto en guardia al PSOE sobre lo delicado y hasta peligroso que resulta cualquier modificación del Código Penal. Ello ha evitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un disgusto mayúsculo, un susto mortal. Pero si los tiempos hubieran sido otros, si la ley del solo sí es sí no se hubiera cruzado entremedio, es muy posible que el delito de malversación se hubiera reformado como quería ERC, con la excusa de que el PP lo endureció con finalidades políticas tras la consulta soberanista de 2014, y de paso pensado también en el expresidente andaluz José Antonio Griñán, a punto de entrar de la cárcel sin que él ni su familia se hayan enriquecido por el escándalo de los ERE, y siendo como es la condena del Supremo contra él bastante discutible. Si la bomba que le ha estallado al Gobierno con la ley de Irene Montero es bastante considerable, con consecuencias electorales que todavía desconocemos, la reforma de la malversación hubiera creado un escándalo del que no hubiera salido vivo.