Que como sociedad tenemos un problema con la falta de vivienda es una cuestión innegable e incuestionable. De entrada, cabe decir que no estamos cumpliendo de manera correcta el artículo 47 de nuestra Constitución que afirma que: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Estamos hablando, pues, de un derecho de carácter colectivo, no de carácter subjetivo. Establecer el origen del problema y la solución al mismo en la esfera colectiva, y en una correcta actuación de las Administraciones Públicas no es una cuestión menor como veremos más adelante.

El problema de falta de vivienda es, pues, un problema de conjunto, de todos y cada uno de aquellos que formamos parte de nuestra sociedad, tal como impone el mandato constitucional. Definir el marco de afectación de una problemática es fundamental para entender de manera correcta la cuestión. Ante un problema colectivo, soluciones colectivas.

Nada más insolidario y antisocial, pues, que la respuesta a esta falta de vivienda se ejecute de manera individual y a espaldas a la sociedad. Por este motivo que queremos expresar nuestro rechazo a la ocupación de viviendas como vía de solución al problema de la falta de las mismas. El fenómeno como tal, al margen de la propia especifidad de los casos concretos, se enmarca dentro del paradigma político neoliberal, de la exacerbación de la individualidad y la satisfacción de las necesidades y voliciones particulares frente a la defensa y el trabajo por las mejoras colectivas.

Si el problema es colectivo como sociedad en su conjunto, han de ser las Administraciones Públicas las que con sus acciones garanticen de manera regulada este derecho para todos y todas. En Cataluña las competencias en materia de vivienda recaen sobre el Gobierno de la Generalitat. Cabe preguntarse, pues, si el Govern trabaja de manera firme en poder hacer efectivo este derecho tal como manda nuestra Constitución. La propia realidad de las cosas nos contesta que no.

Ni el actual Gobierno ni los anteriores del mismo signo político han garantizado este derecho, es más, su concepción ideológica ha transitado por posiciones diametralmente opuestas durante estos años.

La construcción de nueva vivienda pública durante los mandatos de Junts y ERC al frente del Gobierno de la Generalitat, resulta insuficiente para la realidad y al crecimiento demográfico de Cataluña. Su falta de previsión, su inacción y su falta de proyección a futuro en una política estructural como es la vivienda, nos parece más que preocupante.

Hechos empíricos que demuestran la actitud de los actuales partidos de Gobierno, la paralización de las áreas residenciales estratégicas (las llamadas ARE) como en el caso del barrio de Vallbona en Barcelona en el 2010, o el poco impulso a la rehabilitación a nuestro parque de viviendas en Cataluña denotan el tiempo perdido durante estos años.

Tampoco me parece correcta la decisión de este gobierno actual de enmarcar las políticas de vivienda dentro del departamento de derechos sociales quitándolo del paraguas de nuevo desarrollo urbanístico. Esto significa, de facto, moverse en el marco de las necesidades de presente, pero ser incapaz de proyectar las soluciones de futuro.

Y, es aquí, en esta situación de inacción y de mala praxis continuada de la Generalitat, en donde se observa un crecimiento gradual de las ocupaciones. Queremos condenar el hecho de entrar en una propiedad privada, que pertenece a otra persona para satisfacer la necesidad individual. Necesidad entendible, y hasta comprensible en casos concretos como son las familias vulnerables, pero que nada resuelve el problema real del que venimos hablando. Aquellos que justifican las ocupaciones como un acto de derecho se equivocan en dos cosas, ni es un derecho de la persona individual que ocupa, ni es una solución efectiva del problema, puesto que, en el mejor de los casos, lo único que soluciona es el problema de aquel que ocupa y no el problema en sí mismo.

Me preocupa y mucho el creciente número de grupúsculos organizados que se dedican a entrar en propiedades ajenas lucrándose con este ejercicio y generando miedo e intranquilidad entre los vecinos. Las consecuencias reales de estas ocupaciones conllevan consigo fracturas en las comunidades de vecinos, servicios colectivos “pinchados” en las escaleras, ruidos y faltas de respeto a la convivencia. Pero, además, obstruye el camino a mejoras de futuro de las comunidades, como pueden ser la rehabilitación de los elementos colectivos o la decisión de mejora de los edificios como pueden ser la instalación de ascensores.

Ante este fenómeno creciente en nuestros barrios reclamamos, a corto plazo una mayor actividad de los cuerpos policiales, tanto como vía preventiva como en la celeridad de sus actuaciones. Reclamamos un censo de pisos ocupados, especialmente, en los casos de familias vulnerables con menores a cargo a las que se tiene que ajustar a derecho su situación mediante una acción pública.

Reclamamos, a medio plazo, un acuerdo con aquellos pisos de la banca que están vacíos para ponerlos en disposición, de manera regulada y ajustada a derecho, de las familias vulnerables que así lo necesiten. Reclamamos también un liderazgo firme de las oficinas de vivienda como espacios de demanda y de distribución de ayudas para colectivos vulnerables, para los jóvenes con bajos ingresos anuales como ayuda a su emancipación, y para todos y todas aquellas vecinas que así lo necesiten. Y reclamamos de futuro, la generación de un gran parque público de vivienda que permita hacer efectiva a la esfera pública la competencia que, como hemos visto antes, le otorga de manera directa nuestra Constitución.

A modo de conclusión, cabe decir que, si analizamos el fenómeno de la ocupación como tal, acceder a un espacio ajeno sea mediante el uso propio de la fuerza o bien sea mediante el pago a mafias que se lucran de necesidades ajenas, para acto seguido cambiar la cerradura y privatizarlo con un uso exclusivamente propio, continuado e indefinido, tiene un nombre, se llama robar.