Noticia bomba: las mujeres sangran cada mes y, en ocasiones, con dolor. En mi caso, recuerdo una juventud a base de saldevas y bolsas de agua caliente. La poco consensuada nueva ley del aborto, promovida por la ministra de Igualdad Irene Montero (Podemos), donde se inserta la baja por menstruación, llega tras décadas de mejora en la salud. Afortunadamente, hoy los antiinflamatorios y medicamentos hormonales son mucho más eficaces; la endometriosis se diagnostica rápido y se trata en la sanidad pública. Ninguna joven deja de bañarse cuando menstrúa, también puede ligar la mayonesa sin el prejuicio de que se le corte. La regla no es tabú.
El actual Ministerio de Igualdad, el que dividió el feminismo en el último Día de la Mujer, ha decidido convertir los dolores de la regla en otro de sus estandartes, aunque el borrador de esa ley se presenta al margen de las opiniones de Sanidad y de Economía. Podemos --que dirige Igualdad-- sigue cayendo en intención de voto y las elecciones se acercan. Hay que ganar titulares.
Las mujeres no necesitamos más cuidados y prebendas en los productos de higiene que los hombres. Tampoco somos más frágiles que ellos. ¿No hay enfermedades masculinas? Claro que sí. Esa próstata que se engrandece cuando se hacen mayores, los problemas urinarios que arrastran, el colesterol que aumenta, la tensión alta... Pero ellos no quieren que las empresas donde trabajan sepan las enfermedades que padecen. La nueva ley del aborto marcará las bajas de las mujeres con dolor menstrual. El resto de dolencias seguirán siendo anónimas.
Exagerar la necesidad de proteger a las trabajadoras no ayudará a su salud ni mejorará sus derechos. Solo alentará y dará alas a la misoginia empresarial: “Lo que faltaba, ahora se tomarán de 3 a 5 días de baja cada mes”. Tendremos que volver a demostrar que no somos seres delicados, que podemos combinar el embarazo, las reglas y los hijos con el trabajo.
En una cena del Círculo Financiero de la Caixa de hace tres décadas, el entonces secretario general de esa entidad financiera, Ricardo Fornesa, que ni siquiera había reparado en mi presencia, la única femenina de la mesa, opinó: “Las mujeres tienen hijos, se cogen muchas bajas y producen menos. Contratarlas sale caro”. Josep Vilarasau, entonces director general, me miró con cara de déjalo correr. Pero hablé: “Durante años nos hemos visto en el comité de dirección una vez por semana, ¿sabes cuántos hijos tengo?”. Fornesa respondió: “Uno o ninguno”. En los últimos tres años, yo había tenido dos hijos.
Pensaba entonces, pienso ahora, que estigmatizar a las mujeres por ser madres --ya no digo por la menstruación-- puede complicar su vida laboral (no todas trabajan en el Ministerio de Igualdad) y les hurta la confianza en sus propias capacidades. Tengo muchas dudas sobre esta nueva ley del aborto que, además de permitir a niñas de 16 años interrumpir su embarazo sin conocimiento de los padres, contempla la baja del período con nombre y apellidos.
La pobreza menstrual se ha convertido en otro mantra del nuevo feminismo. A mí me llegó la regla a principios de los setenta y en casa no se compraban compresas. Mi madre, mi abuela y yo misma lavábamos los paños sucios de sangre y los colgábamos en el lavadero. Como el resto de vecinas. Recuerdo esos paños de colores, secándose al sol, sin ocultarse. Con mi primer sueldo me compré una caja de tampones.
España va a ser el primer país europeo que apruebe la baja fija para el período doloroso. Meteremos al Estado en nuestras vidas, en las de las mujeres españolas, las convertiremos en empleadas expuestas y, quizás, desvalorizadas. Ningún país europeo --y Europa es el continente más igualitario del planeta-- ha aprobado una baja para la regla. Será por algo.
"Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla", ha publicado la ministra Montero. ¿De qué silencio habla? ¿En qué país, en qué continente, en qué siglo vive la ministra de Igualdad?
El Estado abonará el 100% de la baja. Supongo que para no asustar a las empresas. Los supuestos 45 millones de euros que costarán anualmente las bajas por períodos dolorosos podrían tener otras utilidades: mejorar la sanidad pública, invertir en investigación farmacéutica, reducir la brecha salarial, fomentar la contratación femenina o pagar bien al personal sanitario. Podríamos destinar nuestros esfuerzos a ser un país europeo avanzado, sin postureos políticos y, sobre todo, sin estigmatizar a la mujer.