El Gobierno aprobó en los últimos días el rescate de otras ocho compañías privadas. El número de las que se acogen a su paraguas salvífico abarca ya el medio centenar.

Entre las agraciadas en la última tanda figuran dos catalanas, la cadena hotelera Guitart, de Lloret de Mar, y el grupo Autocares Julià, de Hospitalet de Llobregat.

A la primera, se le han inyectado 4,5 millones en concepto de préstamo participativo. Ello significa que tal importe pasa a computar en sus estados contables como fondos propios y, por tanto, la capitalización de la casa se robustece en la misma medida.

Guitart acumula a sus espaldas casi 70 años de historia. Posee seis establecimientos, todos ellos sitos en Cataluña. La Costa Brava alberga Apartamentos Guitart, Guitart Rosa, Guitart Central Park Aqua Resort y The B&B by Guitart. En Barcelona reside Guitart Grand Passage. Y en La Molina, Guitart La Molina Aparthotel.

Empuña la batuta de mando Cristina Cabañas, en calidad de administradora y dueña única. En 2021, llegó a un acuerdo con la banca para refinanciar sus deudas, o sea, para alargar los vencimientos. Acto seguido acudió a los juzgados a fin de homologar el acuerdo. En román paladino, eso equivale a hacerlo extensivo de forma obligatoria a los demás prestamistas de la corporación, por más reacios que sean a dispensarle facilidad alguna.

Cristina Cabañas, boticaria de profesión, es viuda de Clemente Guitart Pascual, quien falleció en 2014, a los 62 años de edad. Las peripecias de Cabañas son dignas de nota. Tras la pérdida de su esposo, y con tres hijos de corta edad, hubo de dejar la farmacia que regentaba en Lloret y se entregó a la ardua tarea de sacar adelante Guitart Hotels.

La segunda firma catalana receptora de fondos oficiales, Autocares Julià, está encabezada por José Adell Antonio y José Francisco Adell Duacastella. A esa transportista se le han transferido nada menos que 38 millones.

El grupo Julià comprende ocho filiales, entre ellas Julià Travel y Julià Tours. Antes de la pandemia controlaba un parque de 450 vehículos, movía 12 millones de clientes anuales y manejaba un volumen de negocio de 340 millones. La plantilla sumaba 1.600 colaboradores.

Tanto Guitart como Julià sufrieron en 2020-2021 unas pérdidas devastadoras debido a la parálisis forzosa durante muchos meses por el confinamiento y la estampida del turismo. El quebranto fue de tal magnitud que ambas entidades no tuvieron otro remedio que echarse en manos del Gobierno e implorar su ayuda.

Es de destacar que esos fondos de apoyo están concebidos como de último recurso. En consecuencia, los peticionarios han de acudir previamente a la banca. Sólo si ésta les deniega la concesión de socorros crediticios adicionales, podrán recurrir al auxilio del poder ejecutivo.

Al margen de los dos consorcios catalanes citados, se prevé que en breve plazo el Estado insufle asimismo recursos crematísticos al gigante siderúrgico Celsa. Esta contribución va a batir todos los récords, pues la suma prevista supera los 500 millones de una tacada.

Celsa, con sede en Castellbisbal, pertenece a la familia Rubiralta Rubió. Es una de las mayores industrias del ramo. Su actividad consiste en manufacturar vigas y otros productos de acero mediante la fundición de chatarra. Cuenta con 9.000 empleados, la mitad de ellos en sus plantas españolas.

Celsa atravesó pertinaces dificultades financieras. Sin embargo, el año pasado, en plena pandemia, experimentó una fulgurante recuperación y rebasó todas las marcas históricas de facturación, por un importe superior a los 5.000 millones.

Es discutible que el régimen sanchista destine fondos públicos a apuntalar empresas de capital particular. Pero el Covid ha ocasionado quebrantos descomunales a multitud de entidades. Por tanto, esta situación extraordinaria requiere de medidas también excepcionales.

Cosa muy distinta es que el dinero de las subvenciones estatales se vaya a recuperar. Me temo que en no pocos casos el recobro costará Dios y ayuda. Y el dinero se habrá ido por la alcantarilla.