El Gobierno de Pedro Sánchez salvó ayer el decreto sobre las medidas para paliar las repercusiones de la guerra de Ucrania por cuatro votos, después de que el suspense planeara sobre la sesión hasta que EH Bildu anunció que apoyaría el texto. La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, lo justificó con la frase: “Actuaremos con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía y hoy aprobaremos este decreto, porque la gente no puede ni debe ser quien pague las consecuencias de los graves errores de este Gobierno”.

El voto favorable de Bildu no solo salva el decreto, sino que deja en evidencia a ERC, que se inclinó por el no porque el Gobierno no ha asumido “responsabilidades por el espionaje del caso Pegasus” y por la “defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía”. Pero, entre los más de 60 independentistas espiados, también figuran al menos dos de Bildu y, sin embargo, la formación de la izquierda abertzale ha sabido distinguir entre lo que se votaba y las cuestiones ajenas a lo que se votaba. Otros que también fueron espiados, como el PDECat, apoyaron asimismo el decreto por las mismas razones que Bildu de tener en cuenta los beneficios para los ciudadanos, un argumento que se repitió entre los grupos críticos con el Gobierno pero que al final votaron a favor.

Si el decreto no hubiera salido adelante, se anulaba la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante y otras ayudas a los transportistas, por valor de 6.000 millones de euros, así como los créditos ICO por un total de 10.000 millones. Ahora, el decreto se tramitará como proyecto de ley, con posibilidad de introducir enmiendas, una concesión al PP, que, sin embargo, no fue suficiente para que votara a favor o se abstuviera.

ERC dice que su votación negativa es un “primer aviso”, pero olvida que el partido republicano ya votó en contra de la reforma laboral, o sea, que, en todo caso, sería un segundo aviso. La realidad es que en dos votaciones tan cruciales, Esquerra le ha dado la espalda al Gobierno por lo que, de hecho, queda fuera de la mayoría que aprobó la investidura de Sánchez. ¿Puede el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos seguir gobernando con un socio como ERC? Más bien parece que no.

Desde que se conoció el espionaje, ERC se ha ido radicalizando progresivamente, empujada, como siempre, por el miedo a ser desbordada por Junts per Catalunya, que desde el primer momento fue más duro y empezó a pedir dimisiones. Para calmar a ERC, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se entrevistó en Barcelona con la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, y ofreció cuatro propuestas: una investigación interna del CNI, otra del Defensor del Pueblo, la activación de la comisión de secretos oficiales del Congreso --ya desbloqueada por la presidenta Meritxell Batet-- y la desclasificación de documentos. Nada fue suficiente porque ERC, que congeló las relaciones con el Gobierno, incluida la mesa de diálogo, pedía una comisión de investigación en el Congreso y, finalmente, la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Robles siempre ha dicho que el CNI actuó de acuerdo con la ley, que le obliga a pedir autorización judicial para el espionaje en el interior de España, y ha admitido implícitamente la intervención de los servicios secretos al preguntarse el miércoles en el Congreso: “¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”. Entre las misiones del CNI está la de “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España”.

Los independentistas aprovechan de nuevo este caso para denostar la calidad de la democracia española y el “Estado autoritario”, pero la pregunta de la ministra es oportuna no solo para España. ¿Alguien duda de lo que responderían a esa pregunta si se planteara, por ejemplo, en Francia o Alemania? En este escándalo conviven iniciativas censurables si se han puesto en marcha incumpliendo la ley con toneladas de hipocresía. Estos días se ha recordado que la Generalitat también intentó contar con el sistema Pegasus y que los Mossos d’Esquadra espiaron a políticos y periodistas contrarios a la independencia, pero JxCat, ERC y la CUP impidieron la creación de una comisión de investigación en el Parlament, y la Cámara no inició acciones legales, como ha hecho ahora.

Robles ha advertido en varias ocasiones que espera que cuando se reúna la comisión de secretos oficiales y acuda a ella la directora del CNI “salga todo [...] y a lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido”. Es lo mínimo que cabe esperar porque el caso ha alcanzado tal repercusión que es necesario que se sepa la verdad. Aunque el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que nunca en esa comisión se han revelado secretos, esta vez debería llegarse al fondo del asunto.