La portada del diario de la derecha por antonomasia develaba ayer la hábil reconversión por parte de los suyos del caso Pegasus, que en realidad debería denominarse Pégasos para ser fieles al origen griego del mito del caballo alado. El 97% de los espiados fueron con Sánchez en la Moncloa y El Gobierno ordena a Batet que Bildu acceda a los secretos oficiales.

La operación, aprobada por el PP para combatir al independentismo, amenaza con desestabilizar a Sánchez. El PP y Vox intentan maniatar al Gobierno en su búsqueda de una salida satisfactoria a la crisis provocada por la revelación del espionaje sufrido por algunos independentistas. Ponen sal en la herida e insinúan un catálogo de desgracias patrias por la ambición de Sánchez de mantenerse en la Moncloa, que es lo que más preocupa a la derecha y muy poco que algunos separatistas fueron espiados.

Unos 60 dirigentes independentistas fueron espiados entre 2017 y 2019 y de este hecho no duda ni la ministra de Defensa, Margarita Robles. Con todo, no parece que vaya a convertirse en el mayor caso de espionaje del mundo como pretenden ERC y Junts, ni tampoco va a pasar a los anales como el mayor escándalo de la democracia española como mantienen desde Podemos. Siempre y cuando la ministra sea capaz de demostrar que las escuchas se practicaron con autorización judicial en la comisión de secretos oficiales, el único escenario posible para hablar de ello, de no estar dispuestos a saltarse la legislación vigente y abrir otro frente judicial.  

Ernesto Ekaizer decía el otro día: no puede haber vulneración de derechos si hay autorización judicial. Y si no hay vulneración de derechos, se puede concluir, la trascendencia de esta oleada de espionaje se circunscribe por una parte a las dudas jurídicas que plantea la mecánica de autorización al CNI (un secreto dependiente de un magistrado del Tribunal Supremo sin participación de la fiscalía) y, por la otra, a la valoración política de la necesidad real de espiar a un selecto grupo de dirigentes independentistas de probada incompetencia y discrepancia clamorosa entre lo que prometían hacer y lo que hicieron.

La ministra Robles planteó ayer en el Congreso una pregunta teóricamente muy pertinente. “¿Qué debe hacer el Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta vías públicas, organiza desórdenes públicos o está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”. Descontando el ventajismo que implica citar la actual agresión de Putin a Ucrania para explicar una decisión de 2017, una respuesta podría ser esta: evaluar ampliamente las posibilidades legales que ofrece el Estado de derecho y analizar serenamente las probabilidades de que triunfe el desafío secesionista en función de la auténtica fuerza de los protagonistas.

El Gobierno de Mariano Rajoy tomó las medidas más desacertadas posibles. Dejó pasar la oportunidad de aplicar el artículo 155 al día siguiente de que el Parlament transgrediera más allá de sus competencias y por mayoría simple el Estatut y la Constitución, lo que habría evitado muy probablemente lo más grave de lo que siguió; y fio en el CNI, según sabemos ahora, su batalla de campo contra el independentismo con resultados desastrosos tal como certificó el 1-O. Unas escuchas que a partir de la celebración del pleno en el que se declaró la independencia para negarla al minuto debían haber sido consideradas innecesarias (aun disponiendo de autorización judicial) puesto que sus planes de desorientación eran conocidos urbi et orbi.

Pedro Sánchez no estuvo muy fino con esta derivada de la vigilancia policial al independentismo a su llegada a la presidencia del gobierno en 2018. Y ahora, una maniobra estéril por los resultados puesta en marcha durante el gobierno del PP y una modalidad de autorización al CNI manifiestamente mejorable establecida también por el PP, lo han dejado a los pies de los caballos, los mitológicos y los parlamentarios. Y lo más simpático, los promotores de aquellos errores pretenden sacar rédito político de los mismos, agravando los unos la debilidad parlamentaria del Gobierno, y presentando los otros a dicho Gobierno como una máquina de concesiones sinfín a los independentistas. Lo que podría asemejarse a una contradicción en sus propios términos, pero ahí está la propaganda para disimularla.