El humor tiene límites. Y la sátira también. Llamar a los gitanos ladrones no forma parte de la libertad de expresión. Tampoco comparar la condición LGTBI con una patología ni banalizar la pederastia o el nazismo.

Si estas líneas rojas son válidas para todos los medios de comunicación, lo son aún más en el caso de los medios públicos que se financian con los impuestos de toda la ciudadanía y que tienen un objetivo muy claro: cumplir una misión de servicio público que pasa por defender y promover valores fundamentales como son la convivencia y el civismo.

Todos los ejemplos que he mencionado los hemos visto, sin embargo, en los últimos meses en el programa Bricoheroes que emite nuestra televisión pública, la de Cataluña. Uno de los más recientes son los agravios que han recibido las personas que forman parte del pueblo gitano, un colectivo que no sólo sufre de forma grave de racismo y discriminación sino que carga además con una historia de marginación y persecución que nuestros medios públicos deberían estar trabajando por erradicar. Porque uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad es combatir el antigitanismo y eso también es parte de la misión de nuestra televisión pública.

Hace unos días las entidades gitanas de Cataluña emitieron un comunicado conjunto pidiendo la cancelación de Bricoheroes. Denunciaban que después de haberles llamado ladrones en uno de los programas de enero, y de que los directivos de la CCMA se comprometieran a rectificar, las mofas volvieron dos semanas después en el programa que producen y conducen Jair Domínguez y Lluís Jutglar, Peyu. En este caso, se rieron también de las víctimas del Holocausto que, como sabemos, eran personas judías y gitanas. En su comunicado, las entidades recriminan a TV3 que apuesten por una forma de hacer reír que estigmatiza al pueblo gitano y recuerdan que TV3 es una televisión que pagamos entre todos y todas, también aquellos a los que se ofende y estigmatiza.

En un artículo titulado Ofensas y libertad de expresión y publicado en los cuadernos del CAC, Victoria Camps analizaba hace un tiempo los límites del humor y concluía que la defensa de la libertad de expresión no podía desvincularse de la exigencia de responsabilidad. No existen contenidos ofensivos, afirmaba, sino personas ofendidas, que generalmente pertenecen a los sectores más débiles y vulnerables de nuestra sociedad. Planteaba también una pregunta importante: ¿Es legítimo utilizar un derecho como el de la libertad de expresión para denigrar a quienes muchas veces son incapaces o no tienen los medios para defenderse? Habría que añadir otra pregunta en el caso que estamos tratando: ¿Puede hacerlo una televisión pública que tiene un deber especial de ejemplaridad?

El sentido común indica que no, que no podría permitirlo y que debería rectificar y pedir disculpas. También que si en este mismo programa sus presentadores han llegado a afirmar que desearían que una menor de quince años les hiciera una felación, deberían dejar de formar parte de nuestra televisión pública. Porque aunque el gag no fue emitido, lo filtraron y todos pudimos verlo. Y porque el sólo hecho de haberlo llegado a incluir en uno de sus programas les inhabilita para trabajar en una televisión pública.

Hace mucho tiempo que TV3 ha cruzado muchas líneas rojas pero Bricoheroes es uno de los ejemplos más flagrantes de por qué una parte importante de la ciudadanía ha dejado de verla. Una ciudadanía que no volverá a tenerla como referencia si sus máximos directivos justifican y defienden constantemente este tipo de humor calificándolo de “fresco, atrevido y transgresor”. Unos directivos que además lo justifican con el argumento de que se emite para atraer un público juvenil. ¿En serio creen que la juventud de Cataluña se merece esto?