Cuando se hace un discurso de derecha extrema, la que se beneficia es la extrema derecha. Es lo que ha ocurrido en Castilla y León, tras una campaña en la que el presidente del PP, Pablo Casado, traspasó todos los límites de un partido que dice querer representar el centroderecha. Ese discurso extremo contribuyó a que Vox obtuviera más del 17% de los votos, pasara de un procurador a 13 y se convirtiera en el verdadero vencedor de las elecciones, en las que el PP quedó muy lejos de sus expectativas de mayoría absoluta, solo ganó dos escaños y superó al PSOE en apenas 15.000 sufragios.
La derrota de los socialistas, que habían ganado de forma inédita en una comunidad tan conservadora las elecciones de 2019, se debió en gran parte al voto que se desplazó hacia los partidos localistas de la España Vaciada, que alcanzaron siete escaños, los mismos que perdió el PSOE. Curiosamente, las fuerzas locales, a las que el PP había acusado de estar al servicio del PSOE, han sido las que han impedido una nueva victoria socialista en Castilla y León.
El hecho de que el PP haya quedado prisionero de Vox ha reabierto el debate sobre si los partidos democráticos deben establecer un cordón sanitario para aislar a la extrema derecha. La cuestión se planteó ya en el Parlament de Cataluña tras las elecciones de febrero de 2021. Algunos partidos llegaron a abandonar el hemiciclo cuando intervenían los portavoces de Vox llevando al extremo la aplicación del cordón sanitario. Pero esa opción es un error porque a la extrema derecha hay que combatirla rebatiendo su discurso y no con la indiferencia. El aislamiento parlamentario total resulta contraproducente porque fomenta el victimismo ultra y que sus consignas tóxicas se expandan por otros medios.
Otra cosa son los pactos con la extrema derecha, que sí que deben estar excluidos mediante el cordón sanitario. En este sentido, el ejemplo europeo más genuino es el de Alemania. Solo hay que recordar lo ocurrido en el land de Turingia en febrero de 2020, cuando la CDU pactó con la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) el apoyo a un candidato liberal. El presidente regional democristiano tuvo que dimitir y la transgresión de los límites, que no había ocurrido nunca, costó el cargo a Annegret Kramp-Karrenbauer, sucesora entonces en la CDU de Angela Merkel, que reaccionó con firmeza para deshacer el pacto.
En Francia, el cordón sanitario, contra lo que muchas veces se dice, no es tan drástico. El llamado pacto republicano alcanza para impedir que el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen pueda acceder al Elíseo o gobierne en ayuntamientos y regiones, pero, desde la etapa de Nicolas Sarkozy, el desistimiento de los candidatos para cortar el paso a la extrema derecha ha sido puesto en cuestión y las ideas de la extrema derecha han impregnado a los partidos de la derecha tradicional, que alberga en su seno un sector partidario de los pactos con el RN o ahora con Éric Zemmour. La candidata de Los Republicanos a la presidencia, Valérie Pécresse, sin ir más lejos, está acercándose ahora a posiciones de la extrema derecha.
En Castilla y León, después de los titubeos iniciales, parece que el PP se niega a que Vox entre en el Gobierno regional. Así lo expuso el martes Casado ante el comité ejecutivo nacional por una cuestión estratégica y de “principios”, entre los que fijó como innegociables la igualdad, la cohesión territorial, la integridad del Estado de las autonomías y la integración europea, frente a un partido como Vox, que ese mismo día vinculaba en el Congreso inmigración y delincuencia, quería elevar de 10 a 15 años el periodo de residencia en España para obtener la nacionalidad, proponía denegar los visados a los ciudadanos de todos los países del Magreb y retirar la nacionalidad a quienes hayan cometido determinados delitos, y proclamaba que “tener el DNI no significa ser español”.
Casado veta, pues, gobernar juntos con Vox, con el apoyo de José María Aznar, pero no cierra la puerta a acuerdos de investidura o de legislatura como los que el PP mantiene en Madrid, Andalucía o Murcia. Es un cordón sanitario limitado, por lo que la propuesta de Pedro Sánchez de que el PSOE se abstendría en Castilla y León si el PP rompiera todos sus acuerdos con Vox “para siempre” tiene pocos visos de prosperar.
Pese a las afirmaciones del PP, las elecciones de Castilla y León no han consolidado el cambio de ciclo en el camino de Casado hacia la Moncloa, sino que han puesto al presidente del PP en un brete. Si rompe totalmente con Vox, su llegada al Gobierno se convierte, por ahora, en imposible. Por eso veta los gobiernos PP-Vox, pero no aprieta del todo el cordón sanitario y mantiene abiertos los pactos parlamentarios.