El miedo a Vox, habitualmente exprimido como argumento electoral por parte de sus rivales, se está demostrando una falsa bicoca de campaña, comicios tras comicios. La ultraderecha ha ido creciendo paulatinamente hasta convertirse para el PP en Castilla y León como la suma más previsible, aunque no la única. Ahora el terror, compartido teóricamente por todos con la excepción de unos pocos capitaneados por Isabel Díaz Ayuso, es que el partido de Abascal se convierta en partido de gobierno y, de aquí, a la catastrófica nueva normalidad institucional.

Desde que en 2019 Vox consiguió entrar en el Congreso de los Diputados, el resto de fuerzas políticas han perdido el tiempo, en el mejor de los casos, gesticulando contra los horribles postulados defendidos por este partido; en otros supuestos se han quedado en el cálculo del beneficio electoral que podrían obtener de este lobo antidemocrático; y en el peor de los casos han tonteando con la fiera para poder gobernar con su apoyo vergonzante. Pero el pasado domingo los electores leoneses y castellanos han situado el problema en el centro de la política y la gobernabilidad.     

El PP y el PSOE tienen un problema mayúsculo. Los demás grupos parlamentarios también, pero pueden permitirse quedarse a la expectativa. Socialistas y populares, enfrentados sin cuartel en todos los escenarios institucionales posibles, desde Valladolid a Bruselas, dejaron pasar hace años la oportunidad de empujar un pacto global para aislar a la ultraderecha como se aplica en Francia sin ir más lejos. Se jugó con fuego y hoy estamos más cerca de Estonia y Bulgaria y, a poco que empeoren las cosas, camino de Polonia y Hungría.

Pedro Sánchez ha recuperado de forma indirecta la idea del cordón parlamentario a Vox al sugerir a Pablo Casado que para enfrentar la solución de Castilla y León el PP debería revisar antes sus relaciones autonómicas con los ultraderechistas. Tan lógico como improbable. Con el reloj en marcha en las Cortes castellanoleonesas se presume complicado abordar un pacto de este calibre y conseguir que el resto de partidos se sumen al mismo. Se trataría más bien de aplicar en esta comunidad una solución que posteriormente favoreciera retomar el proyecto del pacto global, a menos que realmente lo que barrunten en la sede del PP es explorar definitivamente la experiencia de gobierno formal con Vox.

La fórmula más fácil sería la abstención del PSOE para permitir un gobierno en minoría del PP. Fácil pero altamente compleja. Con otros sistemas electorales, la regla de dejar gobernar al partido más votado no presenta mayores contratiempos al concederle al ganador de las elecciones mayorías reforzadas, pero este no es el caso. Al día siguiente de la investidura facilitada por los socialistas, el gobierno del PP volvería estar ante el abismo de construir mayorías con Vox para cualquier ley y presupuestos o no poder gobernar. Los socialistas se verían permanentemente enfrentados a repetir abstenciones para salvar la legislatura para evitar que los populares cayeran en la tentación populista.

El gesto de la abstención para evitar males mayores ya lo ensayó el PSOE en la investidura de Mariano Rajoy en 2016, todavía sin diputados de Vox al acecho y con Unidas Podemos pisando los talones a los socialistas. Pedro Sánchez prefirió devolver el acta de diputado en señal de protesta por esta decisión de la que también se desmarcaron otros 15 diputados del grupo socialista. No parece un buen precedente.

El PSOE podría albergar el propósito oculto de forzar un gobierno PP-Vox en Valladolid para seguir explotando el miedo a las derechas extremas. Un cálculo arriesgado, porque, de resultar que el ensayo castellanoleonés no tiene costes electorales para Casado, se estaría abriendo las puertas de la Moncloa a un presidente de PP-Vox. De no ser así, el PSOE acabará ante la hipótesis de la gran coalición.

La gran coalición PSOE-PP o PP-PSOE es un tabú, ciertamente. Vox y Unidas Podemos se rasgarían las vestiduras de conformarse, a la vez que harían cálculos del beneficio electoral que pudiera reportarles. Pero la suma de socialistas y populares es imprescindible para grandes urgencias o proyectos de Estado, como la reforma constitucional. Algún día se dará, salvo que se opte por cambiar el sistema electoral. Castilla-León podría ser un laboratorio muy apreciado por Mefistófeles.