En 1997, Aznar empezó a utilizar el “España va bien”, la frase que más veces repitió durante su etapa como presidente del Gobierno. Una expresión afortunada, al decir mucho con muy pocas letras. Sus principales objetivos eran mostrar al político del PP como un magnífico gestor económico, insuflar optimismo a la población, concienciarla de que somos una gran nación y presentar a esta en el extranjero como la tierra de las oportunidades.
Unos buenos datos macroeconómicos y una magnífica campaña de comunicación, que divulgó las anteriores cifras hasta la saciedad, contribuyeron decisivamente a su victoria electoral por mayoría absoluta en marzo del 2000. Más de dos décadas después, Pablo Casado pretende repetir la estrategia. No obstante, como está en la oposición, su lema de campaña es “España va mal”.
Un argumento basado en una recuperación más lenta, una tasa de inflación más elevada, una mayor tasa de paro y un superior déficit público que la zona euro. Según el barómetro de enero del CIS, la anterior opinión ha calado entre los ciudadanos. En dicho análisis, el 67,6% de los encuestados considera la situación económica del país como mala o muy mala. En cambio, de forma sorprendente, el 64,8% califica la suya como buena o muy buena.
Una paradoja fácil de descifrar, cuya principal explicación no está en la política, sino en la comunicación. En materia económica, el Partido Popular ha conseguido hasta el momento imponer su relato y el Gobierno y las formaciones que lo integran no han sabido contrarrestarlo. Ni han sido capaces de rebatir los supuestos males del país ni de explicar lo que han hecho bien. No es la primera que le sucede al PSOE y presiento que no será la última.
Una lectura superficial de las cifras macroeconómicas conduce a una peor percepción del país que la resultante de un análisis profundo. La primera es realizada por Pablo Casado, la segunda constituye los deberes pendientes del ejecutivo. La última desmiente que España vaya mal. Los motivos son los siguientes:
1) Una recuperación más lenta debido a una caída más profunda. En diciembre de 2021, la zona euro había recuperado el PIB de 2019; en cambio, el de España era un 4,2% inferior. El diferencial no suponía la constatación de una peor gestión económica, sino la necesidad de un confinamiento más largo y estricto de la población en nuestro país entre marzo y mayo de 2020 y la escasa recuperación del turismo internacional en 2021.
El primer argumento quedó demostrado por los datos del PIB del cuatro trimestre del pasado ejercicio. En dicho período, el Covid-19 afectó mucho más al conjunto de la eurozona que a España, siendo el resultado un aumento de la producción en nuestro país del 2% y tan solo del 0,3% en el área común. El segundo lo reflejó claramente una caída en 2021 del 62,1% de los ingresos generados por los turistas extranjeros respecto dos años atrás.
2) Una tasa de inflación oficial sobrevalorada. En diciembre de 2021, la inflación anual en España fue del 6,5%, siendo ésta 1,5 puntos más elevada que la de la zona euro. No obstante, si el INE la hubiera medida medido correctamente, la segunda tasa hubiera sido superior a la primera. La culpa la tuvo una incorrecta medición de las repercusiones sobre el coste de la cesta de la compra de los hogares de un gran aumento del precio de la electricidad en el mercado mayorista.
A finales de 2020, el 39,9% de las familias (10,7 millones) tenían contratada una tarifa regulada. En 2021, ellas pagaron bastante más por la luz que en el ejercicio precedente, pues el importe de su recibo dependía parcialmente de la evolución del precio en el mercado eléctrico mayorista. No obstante, lo hicieron algo menos los que habían llegado a un acuerdo con una compañía (sufragaban una tarifa libre), pues no les afectó lo que sucedió en el anterior mercado y se beneficiaron de la rebaja de impuestos realizada por el gobierno.
A pesar de lo indicado, en el cálculo del IPC, el INE considera que todos los hogares tienen la tarifa regulada. Una equivocación que sobrevalora la inflación en 1,8 puntos, según Caixabank Research. Si no la cometiera, a finales de 2021 el aumento del nivel de precios en España hubiera sido del 4,7% y tres décimas inferior al observado en la zona euro.
3) Una tasa de paro estructuralmente elevada. El pasado mes de diciembre, la tasa de desempleo se situó en un 13%, casi duplicando la del área común (7%). No obstante, su elevado nivel no constituye un problema únicamente en la actualidad, sino que lo ha sido desde la llegada de la democracia. Así, por ejemplo, en la década de los 90 y en la pasada, su promedio se situó en un 19,5% y 20,1%, respectivamente.
Una comparación entre las tasas de paro en el primer año de recuperación económica nos permite concluir que la actual coyuntura laboral es mucho mejor que la observada después de la crisis de 1993 y 2008-13. En 2021, su media anual se sitió en un 14,8%, una cifra notablemente inferior al 24,1% y 24,4% de 1994 y 2014, respectivamente. Una diferencia esencialmente basada en la reciente masiva aplicación de los ERTE.
4) Un considerable e ineludible déficit público. En la crisis del Covid-19, el ejecutivo tenía dos opciones: incurrir en un elevado gasto público para crear un escudo social o restringir aquél con la finalidad de evitar un gran desfase presupuestario. Afortunadamente, optó por la primera alternativa y evitó un aumento de la pobreza similar al advertido entre 2008 y 13.
La contrapartida fue un déficit del 11% del PIB en 2020, siendo éste el mayor desequilibrio fiscal del área euro. Sin embargo, su elevado nivel durará escasamente, pues, según la Airef, en 2022 se situara en un 4,8%. Una gran diferencia con respecto a la última crisis en la que el desfase presupuestario superó el 5% entre 2009 y 15.
Los principales éxitos del Gobierno de los que no saca partido son:
1) El mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Si se hubiera aplicado la reforma de Rajoy de 2013, los pensionistas en 2021 hubieran perdido un 2,76% de poder adquisitivo, pues el aumento medio del nivel de precios fue del 3,1% y el incremento previsto de las pensiones se hubiera quedado en un 0,25%. Una pérdida que incluso aumentaría en 2022.
La derogación del índice de revalorización establecido por el PP y el aumento de la pensión en el siguiente año, por un importe equivalente a la inflación media en el período comprendido en el penúltimo diciembre y el último noviembre, asegura la conservación del poder adquisitivo de los pensionistas.
2) La gran subida del salario mínimo. Entre el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de enero de 2022, el salario mínimo ha pasado de 735,8 a 1.000 euros y generado un aumento del poder adquisitivo del 27,3% de los trabajadores a tiempo completo que menos cobran. El último importe permitirá que la anterior retribución se aproxime al 60% del salario medio, siendo ésta la recomendación que a todos los países realiza la Carta Social Europea.
Dicha gran subida erradicará un nuevo tipo de pobre creado por Mariano Rajoy durante su presidencia: un empleado, que trabaja durante ocho o más horas, cuyo sueldo no le permite vivir dignamente.
3) Un incremento de las empleabilidad y las condiciones laborales de los jóvenes. En 2021, el empleo aumentó en un 4,35%. No obstante, entre los jóvenes lo hizo mucho más. En concreto, en las franjas 16-19, 20-24 y 25-29 años, el incremento alcanzó un 41,4%, un 17,2% y un 5,2%, respectivamente. Una alza ni tan solo vista en 2005, el ejercicio con el récord de creación de ocupación en España (1.018.400 puestos de trabajo).
Además, también se verán beneficiados por la obligatoriedad generada por la reforma laboral de transformar contratos temporales en fijos y por la mejora de las condiciones retributivas de los de formación.
En definitiva, en materia económica, el Gobierno suspende en comunicación y permite que cale el reiterativo mensaje de Pablo Casado. Calviño habla, pero no dice nada, Escrivá mete la pata una y otra vez y a Montero se le nota que la Economía no es lo suyo. Por eso, aunque España va relativamente bien y las perspectivas son que pronto irá mucho mejor, los ciudadanos creen que va mal.