En numerosas ocasiones, las políticas de vivienda tienen como objetivo primordial la consecución de votos. Para lograrlos, el Gobierno utiliza estrategias de marketing para convertir medidas sencillas en aparentemente milagrosas. A la mayoría de los ciudadanos le suenan muy bien, pues les parecen lógicas. No obstante, en realidad constituyen una equivocación, pues a medio plazo el resultado obtenido es muy distinto del esperado.

Una de las disposiciones engañosas son las subvenciones otorgadas a una parte de los arrendatarios actuales y futuros. En el actual siglo, las concedieron Zapatero (renta básica de emancipación) a partir de enero de 2008 y Sánchez (bono vivienda) desde el mismo mes de 2022. Los destinatarios eran los jóvenes, siendo los de la primera los comprendidos entre 22 y 29 años y del segundo los que tienen entre 18 y 35. Ambas leyes buscaban reducir la elevada abstención del colectivo y dirigir su voto hacia el PSOE.

Las anteriores medidas son tramposas porque a medio plazo benefician en mayor medida a los propietarios que a los inquilinos. Debido a ello, la efectividad del dinero gastado es muy reducida, pues los segundos se benefician muy poco. Los políticos que las crean lo saben, pero les da igual. Solo piensan en el corto plazo, pues tienen como gran prioridad la victoria en las próximas elecciones. Todo lo demás les parece secundario.

El subsidio eleva el número de arrendatarios y su capacidad de pago. Por tanto, provoca un gran incremento de la demanda, hace que ésta supere con creces a la oferta y conduce a un aumento del precio del alquiler. Después de unos años, la magnitud de la subida es lo suficientemente importante para absorber una gran parte del importe concedido por la Administración.

Además del anterior, existen otros motivos por los que el bono no mejorará significativamente el acceso de los jóvenes a una vivienda de alquiler. No obstante, entre ellos no está la necesidad de demostrar un bajo nivel de ingresos y una gran estabilidad laboral. Lo pueden pedir todos aquellos cuyo salario se sitúe por debajo de los 24.319 euros, un importe casi equivalente a la ganancia media por empleado en 2019 (24.395,38 €), estén trabajando y lo hayan hecho durante tres de los últimos seis meses.

Las principales razones adicionales por las que fracasará son las siguientes:

1) Un diagnóstico erróneo. Entre 2015 y 2019, en las principales ciudades españolas, un exceso de demanda de viviendas de alquiler condujo a una subida de su precio significativamente por encima de la tasa de inflación del período. Probablemente, la anterior situación vuelva a repetirse en 2022, si la pandemia se convierte en endemia.

Para conseguir una reducción del importe del arrendamiento, la medida correcta no es incentivar un aumento de la demanda a través de un subsidio cuya cuantía máxima ascienda a 250 euros mensuales, sino estimular la oferta mediante incentivos fiscales y ayudas a la rehabilitación. La primera actuación provoca un aumento del precio, la segunda una disminución.

No obstante, para los partidos de izquierdas es inasumible favorecer inicialmente a los propietarios, a pesar de que a medio plazo los más beneficiados sean los inquilinos. En las próximas elecciones, la anterior medida les restaría votos, en lugar de dárselos. Por tanto, los políticos hacen lo más conveniente para sus intereses, aunque finalmente sea lo menos apropiado para los arrendatarios, siendo éste el colectivo a quién aparentemente pretenden favorecer.

2) Una política discriminatoria. A medio plazo, el subsidio beneficia bastante a los propietarios y un poco a los jóvenes arrendatarios. No obstante, perjudica a todos los demás inquilinos que tengan más de 35 años. Los últimos pagarán más de lo que hasta el momento han hecho, sin recibir ninguna compensación. Sin embargo, cuando así suceda y tomen conciencia del perjuicio que les ha causado la concesión de un bono vivienda a otra parte de la población, las elecciones generales más próximas ya se habrán celebrado.

3) Una duración limitada del subsidio. La subvención está únicamente garantizada durante dos años. No obstante, la ley faculta al inquilino a extender el contrato hasta un mínimo de cinco. Por tanto, si el joven necesita para pagar el alquiler los 250 euros proporcionados por el bono, al inicio del tercer período del arrendamiento no le quedará más remedio que abandonar el piso al no poder sufragar el importe acordado.

La duración del subsidio es escasa, pero permite su vigencia hasta las elecciones generales de finales de 2023. Una vez éstas se celebren, no sería de extrañar que la necesidad de disminuir el gasto público para reducir el déficit presupuestario conllevara su supresión. En dicha fecha, la disposición ya habrá cumplido el principal objetivo para el que fue diseñada.

4) Un presupuesto exiguo. En los bonos vivienda, el Gobierno prevé gastar anualmente 200 millones de euros. Si a todos los agraciados les concede 3.000 euros al año (250 euros mensuales), el número de beneficiados ascenderá a 66.666. Una cuantía insignificante que, según el Consejo General de la Juventud, supone el 1,7% de los jóvenes emancipados y un 0,7% de los que aún no lo están. Por tanto, como suele suceder con numerosas medidas sociales generadas por el Gobierno central, los autonómicos y los ayuntamientos, mucho ruido y pocas nueces.

5) La distribución territorial del dinero es una incógnita. El reparto de los fondos entre las autonomías probablemente se realizará según motivos políticos y no en base a la necesidad de la población. En Barcelona, Madrid, Palma o Valencia existe una gran dificultad para acceder a una vivienda de alquiler. En cambio, no la hay en Extremadura o Castilla-La Mancha.

Así, por ejemplo, según Idealista, en Badajoz y Albacete, las dos ciudades más grandes de las anteriores comunidades, el importe del alquiler medio de una vivienda de 60 m2 es de 384 y 408 euros, respectivamente. Unas cuantías asequibles y muy inferiores a los 924 y 876 euros sufragados en promedio en la capital catalana y la del país.

Una distribución de los fondos proporcional a la población podría calentar el mercado de alquiler en algunas pequeñas ciudades e, incluso a corto plazo, tener un efecto imperceptible sobre la mejora de la accesibilidad de los jóvenes en las urbes más pobladas.

En definitiva, Pedro Sánchez ha decidido contrarrestar el populismo inmobiliario de Unidas Podemos y batallar con su socio de coalición por el voto de los menores de 36 años. Si la última formación tiene como bandera el control de precios de alquiler, el PSOE iza la del subsidio al arrendamiento.

El bono vivienda es casi una réplica de la renta de emancipación implantada por Zapatero en enero de 2008. Una medida completamente inútil, pues fue adoptada en una coyuntura donde el precio de alquiler bajó por sí solo y en la que la principal dificultad para sufragar el arrendamiento estaba en la gran disminución de los ingresos de los jóvenes por la pérdida del empleo sufrida por muchos de ellos.

Entre 2022 y 2023, dicho bono supondrá el despilfarro de 400 millones de euros. Si su vigencia se prolonga, beneficiará en mayor medida a los propietarios que a los inquilinos, no solucionará ningún problema en las grandes metrópolis y puede originar alguno en determinadas pequeñas ciudades al provocar artificialmente una subida del precio del alquiler.

El coste para la Administración del estimulo al voto de los jóvenes es de 6.000 euros por persona, siendo 3.000 los que debe abonar cada año. Un importe que solo permitiría contentar a 66.666 menores de 36 años, si cada uno recibiera 250 euros mensuales. No obstante, si de forma directa o indirecta consiguiera generar un aumento equivalente de sufragios para el PSOE, aquel supondría un 0,98% de los votos recibidos por la formación en noviembre de 2019. Sin duda, un porcentaje nada despreciable.