Las administraciones públicas son las encargadas de hacer cumplir la ley, pero con frecuencia encuentran resquicios para burlarla. Casi nunca a favor del ciudadano. Un ejemplo: durante años los gobiernos autonómicos han estado contratando miles de interinos para educación. Se les daba de baja el 1 de julio para recontratarlos el 1 de septiembre. De ese modo, las arcas locales se ahorraban un dinero que cargaban al paro. Pero no era esa la única consecuencia: los profesores tenían también menos derechos a la hora de calcular las pensiones o un hipotético desempleo. Ahora el Gobierno dice que quiere terminar con la precariedad laboral y, de hecho, ha conseguido aflorar 600.000 contratos en falso precario. Bien está, pero convendría empezar por la propia casa.

Predicar sin dar ejemplo es una práctica extendida. El Ministerio de Consumo prepara una serie de normas para que los usuarios de determinados servicios sean atendidos telefónicamente por una persona y no por una máquina con respuestas programadas y limitadas. Es una excelente medida. Primero porque generará, es de suponer, algún puesto de trabajo; segundo porque permitirá eliminar en muchos ciudadanos la sensación de que los estúpidos son ellos y no el programador de la maquinita en cuestión.

Entre las entidades que deberán atender personalmente están los bancos y, probablemente, las suministradoras de energías diversas y telefonías varias. Compañías que ganan millones gracias a dudosos procesos de privatización y pueden permitirse contratar a expolíticos, para que sirva de señuelo a los políticos en ejercicio: el futuro puede responder al trato recibido en el presente. O sea que hay consejos de administración esperando premiar los buenos comportamientos.

Pero, también aquí y al margen de la buena voluntad de la medida, convendría empezar por la propia casa haciendo que en los teléfonos de las entidades y concesiones públicas hubiera personas y no máquinas. Pedir, además, que las webs de esas compañías fueran claras y sencillas (la de Renfe es un ejemplo de todo lo contrario), parece ya una carta a los reyes magos, que bastante trabajo tienen sabiendo que ellos cruzan siempre el medio oriente en camello, que no en AVE, y por eso no han cobrado nunca (que se sepa) comisiones por sus trabajos. Tampoco importa porque, como no se les conocen novias, no tienen a quién donar esas dádivas.

Un par de ejemplos de servicios de atención públicos en los que la respuesta es lamentable. En primer lugar, el Departamento de Salud de la Generalitat. El llamémosle señor K. (inicial de Keuner, personaje de Brecht que iba de perplejidad en perplejidad) tenía que recibir la tercera dosis de la vacuna antiCovid y también la de la gripe. Ambas en días y lugares diferentes. No consiguió hablar telefónicamente con nadie que le dijera si cabía la posibilidad de unificar el día y la hora de los pinchazos. Una vez inyectado, en momentos y edificios diferentes, trató de bajarse el certificado QR de la tercera dosis. No pudo. Escribió al contacto del Departamento. La respuesta le llegó seis días después y en ella le dicen que se ha abierto un “trámite de gestión”. Vamos, que sigue sin respuesta. Los intentos de hablar con el 061 consiguieron siempre la misma respuesta, tiempo de espera hasta que se corta la comunicación.

Otro servicio poco eficaz es el del aparcamiento de AENA. Tras hacer una reserva, el señor K. utilizó el servicio pero, al finalizarlo, no pudo pagar en la máquina porque el ticket estaba impreso con una tinta tan difusa que el escáner no lo reconocía. Hay un teléfono de contacto, pero ninguna de las opciones programadas se ajustaba a sus necesidades y no se le ofreció “hablar con un operador”. Tuvo que ir a la caja, perdiendo un tiempo precioso para alguien que ha realizado un vuelo y más bien está cansado y deseando llegar a casa. Un empleado, probablemente harto de quejas por causas de las que el responsable es otro que con toda seguridad cobra mucho más que él, le solventó el problema. El aparcamiento del aeropuerto de El Prat, que se llama “Parking Aena” lo explota una entidad privada, en régimen de concesión. Uno de tantos momios. A ver si Alberto Garzón acelera las medidas. Claro que pudiera ser que hubiera pedido ayuda a alguna de estas máquinas y aún esté esperando llegar a hablar con el operador para hacerle la consulta adecuada. Por si no lo sabe: las más de las veces no hay ninguno.