El incremento sostenido del precio de la electricidad en el mercado mayorista viene observándose desde febrero de 2021, momento en el que la electricidad marcó su mínimo anual en términos mensuales (el precio medio aritmético en dicho mes, según los datos del Operador del Mercado Ibérico Español --en adelante, OMIE-- se situó en 28,49 €/MWh), pero se ha visto claramente superado en los últimos meses, alcanzándose unos niveles nunca antes vistos: marzo, 45,45 €/MWh; abril, 65,02; mayo, 65,94; junio, 83,3; julio, 92,42; agosto, 105,94; septiembre, 156,15; octubre, 204,09, y noviembre, 193,43.

Dichos precios suponen un encarecimiento cercano al 600% en menos de 1 año, lo que está causando grandes dificultades a las empresas industriales y a las pequeñas comercializadoras eléctricas en beneficio de las multinacionales energéticas que actúan prácticamente como un oligopolio.

Cuando este oligopolio eléctrico sale perjudicado, sus lobis protestan y, como tienen peso suficiente y buenas conexiones (puertas giratorias), exigen y obtienen una buena compensación por ese perjuicio. Así, cuando se liberalizó el mercado eléctrico en 1997, las grandes eléctricas exigieron una indemnización por los Costes de Transición a la Competencia, porque habían realizado unas inversiones y proyecciones en un marco regulatorio cerrado cuya liberalización, al pasar a un mercado abierto y competitivo, supondría presumiblemente menos margen que afectaría a la amortización de sus inversiones. A pesar de no estar obligado, el Gobierno atendió entonces esa reclamación y dispuso una indemnización de unos 8.000 millones de euros.

En 2005, el mercado eléctrico volvió a modificarse por la transición a las energías renovables, lo que benefició a estas grandes eléctricas que durante estos últimos 16 años han obtenido unos beneficios caídos del cielo, al no tener que pagar por sus centrales hidroeléctricas y nucleares el impuesto de emisión de CO2 que si incorpora la tarifa eléctrica que ingresan. A este beneficio regulatorio completamente inmerecido, llamado el dividendo del CO2, hay que sumarle en el 2021 otro beneficio caído del cielo, procedente del precio del gas que las centrales de ciclo combinado transmiten a la tarifa eléctrica. Estas centrales, que pertenecen a las mismas grandes eléctricas, adquieren el combustible con contratos a largo plazo, que tienen un precio estable y mucho más bajo que el precio spot de los mercados internacionales, pero es este último el que se utiliza como referencia para fijar el precio del mercado mayorista; aunque hayan comprado el gas a un precio más bajo, entendiendo siempre que se comportan de manera competitiva, sin colusión y sin alteración del precio.

De esta forma, los propietarios de las centrales inframarginales, nucleares e hidroeléctricas, son las grandes beneficiarias del precio actual de la electricidad, y están enormemente interesadas en que el precio del gas determine lo que cobran esas plantas. Estos lobis actúan con una intensidad tremenda sobre el Gobierno y la Comisión Europea para que este modelo siga funcionando en Europa.

Es evidente, que este modelo marginalista del mercado eléctrico, que corresponde a la época más radical del neoliberalismo más sectario en la historia de la política económica europea, es un auténtico desastre para la competitividad europea y especialmente la española, pues está perjudicando y amenazando la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas que como única salida intentarán trasladar dichos aumentos al precio de sus productos, que finalmente acabarán padeciendo los consumidores que verán mermado su poder adquisitivo.