La energía es muy cuca y la creación de una empresa pública en Cataluña es lo que nos faltaba. El Govern quiere crear un nuevo operador en el mapa catalán, que se encuentra monopolizado por Endesa, de titularidad italiana. Al rompecabezas energético actual, la Generalitat le añade ahora una empresa basada en el fomento de la generación y el almacenaje de energía por parte de las Administraciones públicas, los hogares, las pymes o las entidades del tercer sector, que podrán optar a las ayudas procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Pere Aragonès –el president ha vuelto de la Cumbre del Clima en Glasgow hecho un chaval— y su consejero de Economía, Jaume Giró, cuentan con el apoyo de la CUP, entusiasta del proyecto, a cambio de apoyar los Presupuestos del 2022, con un aumento del gasto social en salud, educación y servicios públicos. Es el compromiso histórico entre el capitalismo renano de Giró y la extrema izquierda. Pero lo más chocante es que sea Giró, el consejero propuesto por Junts, electrón libre y mano experta de Aragonès, quien se alíe ahora con la CUP a la espera de que ERC avance en acuerdos con el PSC. Aunque sea a  volantazos, se prefigura ya un nuevo tripartito catalán, que dejaría a Junts en la cuneta.

El proyecto suena a justicia redistributiva, pero será inoperante si nos fijamos en el fracaso de la avanzadilla de Ada Colau en el ayuntamiento, que tres años después de haber creado la empresa Barcelona Energía (la térmica Tersa más la placa solar del Forum) no vende energía ni verde ni barata. Cataluña pagó muy caros los experimentos que enriquecieron al financiero mallorquín Juan March, cuando salvó a la Barcelona Traction (la antigua Fecsa) después de una suspensión de pagos fraudulenta en la que acabó llenándose los bolsillos. En sentido positivo, conviene recordar la fundación de Gas Natural y del conglomerado Repsol-Caixa, dos realidades a las que Giró rindió con excelencia sus servicios profesionales. Sin embargo, cada vez que se trata de favorecer a los desfavorecidos se acaba mal. Francesc Cambó anheló hacerse con Fecsa, acompañado del capitalismo popular de millones de pequeños accionistas, pero el Régimen se lo impidió y el político regionalista acabó creando la Chade en Argentina, hasta que Juan Domingo Perón la nacionalizó. Retrocediendo solo un poco, podríamos citar el INH catalán que trataron de montar sin resultado la Conselleria de Industria de Joan Hortalà y Josep Piqué, en etapa esplendorosa de Pujol. 

Si se crea un grupo público de energía, el problema seguiría siendo el cómputo de la tarifa de la luz que depende del mercado mayorista de la UE. Hasta ahora, el Gobierno de izquierdas, PSOE-Podemos, no ha bajado los precios de la luz por decreto, como lo hace Macron, un señor de centro. Macron puede modificar los precios a través de EDF, el gran monopolio público francés que infringe todas las normas de la UE. Pero aquí no gozamos de este privilegio, que ahora nos proponen de forma incipiente Aragonès y Giró.

La energía en España está bajo la bota de Endesa, Iberdrola y Naturgy, el triopolio. La nacionalización catalana encubierta no acabará con los precios europeos, que rigen en España. Los grandes monopolios quieren orientar la descarbonización a su manera. No aceptan la hegemonía verde y menos ahora que dependen de un gas a precios auríferos.